De mayoría opositora y no reconocida por el gobierno, la Asamblea Nacional de Venezuela acordó este martes declarar a Nicolás Maduro un "usurpador" de la presidencia.
En un debate de poco menos de dos horas, el parlamento anunció que asumirá como "jurídicamente ineficaz la situación de facto" del mandatario y considera como "nulos todos los supuestos actos emanados del poder ejecutivo".
De mayoría opositora y no reconocida por el gobierno, la Asamblea Nacional de Venezuela acordó este martes declarar a Nicolás Maduro un "usurpador" de la presidencia.
En un debate de poco menos de dos horas, el parlamento anunció que asumirá como "jurídicamente ineficaz la situación de facto" del mandatario y considera como "nulos todos los supuestos actos emanados del poder ejecutivo".
Los legisladores dijeron que se comprometían a convocar elecciones "libres y transparentes" cuando termine la "usurpación", en un proceso de transición.
El 10 de enero, Maduro inauguró ante el Tribunal Supremo su segundo mandato presidencial, pese a las denuncias de la oposición venezolana y las críticas de gran parte de la comunidad internacional.
Las autoridades de Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de países latinoamericanos lo acusan de haber subvertido el proceso democrático en Venezuela y aseguran que las elecciones de 2018 no fueron libres ni justas.
Maduro, por su parte, ha acusado reiteradamente a los países que lo critican de injerencia y de haberse sometido a los dictados "imperialistas" impuestos por Estados Unidos.
"Es el pueblo de Venezuela y no ninguna potencia extranjera quien decide quién gobierna en Venezuela", dijo en una entrevista reciente.
En la sesión del martes, el ente legislativo emitió un decreto para otorgar "amnistía y garantías constitucionales a militares y civiles que contribuyan con la defensa de la Constitución".
El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, comentó la medida en su cuenta de Twitter.
"Amnistía para reconciliar al pueblo de Venezuela", indicó.
En marzo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia en la que anunciaba que asumiría todas las competencias correspondientes a la AN, cuyas actuaciones consideraba nulas por encontrarse en una situación de "desacato" a sentencias anteriores del propio tribunal.
Y es que desde que en diciembre de 2015 la oposición recuperó por primera vez desde el año 2000 el control del ente legislativo, en Venezuela se desarrolló una disputa entre, por un lado, el Poder Legislativo y, por el otro, el Poder Judicial y Ejecutivo.
Desde que el TSJ la declarara en "desacato", Maduro y su gabinete no rinden cuentas a los diputados.
Y mucho menos después de la instalación, en 2017 y con impulso de Maduro, de una Asamblea Nacional Constituyente "con poderes plenipotenciarios".
En días recientes, la Asamblea Nacional ha estado en el foco de la atención internacional después de que este domingo, Guaidó fuese brevemente detenido por parte de un grupo de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin, que, según el gobierno, "actuaron de manera unilateral".
Guaidó llevaba poco más de una semana en el cargo. El 5 de enero se había juramentado en la sede del Congreso.
El vicepresidente de Comunicación del gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, dijo a medios locales, el mismo domingo, que la detención había sido realizada por "un grupo de funcionarios policiales de manera arbitraria".
