Una mujer dominicana con residencia legal en Estados Unidos aceptó su participación en una trama delictiva que defraudó más de un millón de dólares a través de solicitudes fraudulentas de subsidios de desempleo. Karin L. Contreras, de 45 años, se declaró culpable del delito de conspiración para cometer fraude electrónico, y su sentencia está programada para noviembre de 2026.
Una ciudadana de República Dominicana, quien posee estatus de residente legal permanente en los Estados Unidos, ha reconocido su implicación en una red de engaño que logró apropiarse de más de un millón de dólares mediante peticiones falsas de apoyo por desempleo, según lo comunicado por la Fiscalía Federal para el Distrito de Columbia. Se trata de Karin L. Contreras, de 45 años, quien confirmó ante la jueza federal Beryl A. Howell su responsabilidad en el cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. La fecha para dictar su sentencia ha sido establecida para el 6 de noviembre de 2026.
De acuerdo con los documentos judiciales, entre junio de 2020 y marzo de 2021, Contreras colaboró con otras personas para tramitar solicitudes engañosas de subsidios de desempleo, utilizando nombres y datos personales de terceros sin la debida autorización. Las autoridades señalaron que, a través de esta operación, los implicados recibieron tarjetas de prepago con fondos que superaron el millón de dólares. La mayoría de estos instrumentos fueron enviados a una dirección situada en Washington, D.C., muy cerca del domicilio de Contreras.
El expediente indica que los participantes retiraban el dinero en cajeros automáticos, efectuando generalmente transacciones de mil dólares, que correspondía al límite permitido diariamente. En el lapso comprendido entre el 1 y el 14 de julio de 2020, Contreras utilizó personalmente doce tarjetas obtenidas de forma ilícita para extraer veintitrés mil dólares en efectivo.
Este caso forma parte de las acciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos destinadas a combatir el fraude contra los programas federales de asistencia económica, una línea de trabajo que se ha fortalecido con la creación de la División Nacional de Ejecución contra el Fraude, enfocada en investigar y procesar este tipo de delitos. La Fiscalía Federal para el Distrito de Columbia continúa con las indagaciones relacionadas con esquemas de fraude que afectan los programas públicos de beneficios, especialmente aquellos que implican el uso indebido de información personal y recursos destinados a ciudadanos elegibles.
