La propuesta de reforma del Código de Trabajo en República Dominicana debe ir de la mano con una actualización de la Ley 87-01, que estableció el Sistema Dominicano de Seguridad Social hace más de dos décadas. Los cambios demográficos significativos, como el aumento de la esperanza de vida y la disminución de los nacimientos, impactan directamente la viabilidad de los seguros de salud, pensiones y riesgos laborales. Es crucial adaptar el marco legal para asegurar la sostenibilidad del sistema frente a estos nuevos desafíos poblacionales.
La revisión del Código de Trabajo, actualmente en discusión en el Congreso Nacional, debe considerar la modificación y puesta al día de la Ley 87-01, implementada el 9 de mayo de 2001, la cual creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) en la República Dominicana. Han pasado más de veinte años desde su promulgación y, durante este lapso, la sociedad dominicana ha experimentado transformaciones importantes. Actualmente, la expectativa de vida al nacer alcanza los 79.1 años para las mujeres y 72.4 años para los hombres. Las proyecciones indican que para el año 2100 este valor podría llegar a 91.5 años. Indudablemente, esta evolución afectará la forma en que se administran los tres seguros fundamentales del sistema: el Seguro Familiar de Salud (SFS), diseñado para cubrir enfermedades, maternidad y prestaciones; el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, encargado de gestionar el sistema de jubilaciones y beneficios por retiro o invalidez; y el Seguro de Riesgos Laborales (SRL), que ampara a los trabajadores ante accidentes en el ámbito laboral y enfermedades profesionales. El cambio en la estructura demográfica obliga a redefinir la seguridad social, ya que fue concebida en un momento en que el país presentaba una composición poblacional diferente. Hoy en día, se observa una disminución en los nacimientos, un incremento en la población de adultos mayores, una mayor esperanza de vida y las estimaciones sugieren que habrá un menor número de trabajadores activos para sustentar a una cantidad creciente de jubilados.
LAS ADVERTENCIAS SOBRE EL FUTURO DE LAS PENSIONES
El Banco Interamericano de Desarrollo anticipa que, en ciertas naciones, las jubilaciones podrían reducirse hasta en un 50 % respecto a sus niveles actuales, y que en otras, las tasas de contribución tendrían que elevarse a niveles que dificultarían la generación de empleo formal. La institución considera que el aumento de la longevidad alterará el equilibrio entre la capacidad de los países para ofrecer pensiones adecuadas y la posibilidad de mantenerlas económicamente a largo plazo. Sus especialistas añaden que, de aquí a 2050, el gasto público en jubilaciones casi se duplicará, pasando de aproximadamente un 4.5 % a un 9 %. “El envejecimiento de la población provocará que el gasto público destinado a pensiones ocupe una proporción cada vez mayor dentro del presupuesto estatal, desplazando otras áreas que son igualmente prioritarias: salud, educación, infraestructura, entre otras”. Asimismo, señalan que, además de este reto, otras tendencias amenazan los sistemas de pensiones a nivel global. Entre ellas se encuentra la modificación del mercado laboral, caracterizada por el auge de las plataformas digitales, lo que resulta en que una parte significativa de la población permanezca fuera de los sistemas de jubilación. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pronostica que la cantidad de personas mayores de 65 años por cada cien habitantes en edad productiva, entre 20 y 64 años, pasará de 33 en 2025 a 52 en 2050. En el año 2000, esta cifra era de apenas 22. La transformación no es solamente demográfica. También altera la relación entre empleados activos y jubilados. Para 2050, numerosos países podrían tener solo dos trabajadores por cada persona retirada, una proporción muy inferior a la observada en décadas pasadas, que era de siete a dos.
LA JUVENTUD SOSTIENE LA ECONOMÍA, PERO TAMBIÉN ENFRENTA MAYORES RIESGOS
Otro aspecto que demanda consideración es que la juventud representa el capital humano que impulsa la economía. Produce, contribuye, fomenta una parte importante del consumo, financia las futuras pensiones y sostiene el crecimiento económico. Sin embargo, también es uno de los grupos más vulnerables. Esta fragilidad se manifiesta de diversas maneras. La primera es la disminución de los nacimientos. Mientras en 1950 cada mujer tenía, en promedio, 7.57 hijos durante su período reproductivo, para 2026 esa cifra se sitúa en 1.97 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo generacional. Las proyecciones estiman que este indicador se mantendrá alrededor de 1.70 hijos por mujer hacia 2050 y 2100, reflejando los cambios sociales, económicos y culturales que ha experimentado el país en las últimas décadas.
LOS ACCIDENTES TAMBIÉN COMPROMETEN LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA
Otro factor crucial son los accidentes de tránsito. En lo que va de 2026 se han registrado 30,826 personas heridas en accidentes viales en el país. Del total, 21,692 corresponden a hombres y 9,134 a mujeres. Traducido a una dimensión más sencilla de comprender, siete de cada diez personas lesionadas son hombres. La diferencia también es evidente al comparar ambos grupos: por cada mujer herida hay aproximadamente 2.4 hombres lesionados en accidentes de tránsito. El grupo de 20 a 29 años concentra 9,981 personas lesionadas, lo que equivale al 32.4 % del total nacional. En otras palabras, prácticamente una de cada tres personas heridas pertenece a ese rango de edad. Le siguen las personas de 30 a 39 años, con 6,383 casos, mientras que el grupo de 10 a 19 años registra 5,047 lesionados. La distribución de los datos muestra un patrón claro: las lesiones se concentran precisamente durante la etapa de mayor actividad económica. Si la fuerza laboral de un país sufre accidentes, resulta con lesiones parciales, incapacidades permanentes o, en el peor de los casos, fallece, el impacto recae directamente en el sistema de seguridad social y de pensiones. Esto permite comprender que, de las más de tres mil personas que mueren cada año en la República Dominicana únicamente por accidentes de tránsito, la inmensa mayoría también corresponde a jóvenes que no alcanzan los 30 años. El costo para el Estado va más allá del impacto económico inmediato, ya que también pone en riesgo las futuras pensiones. Los accidentes destruyen el capital humano del país, especialmente el de los jóvenes, al causar muertes, lesiones e incapacidades permanentes. Sin lugar a dudas, cada joven lesionado representa menor productividad, menos contribuciones, mayor gasto en salud, más presión sobre la seguridad social y un menor crecimiento económico.
UNA REFORMA INTEGRAL PARA RESPONDER A LOS NUEVOS DESAFÍOS
De ahí la estrecha conexión entre la reforma del Código de Trabajo y la modificación de la Ley 87-01, ya que esta protege la vejez, la discapacidad, la sobrevivencia, la enfermedad, la maternidad y los riesgos laborales, entre otras eventualidades. Sin embargo, hoy emergen retos que en 2001 tenían una importancia mucho menor: el envejecimiento acelerado de la población, las enfermedades crónicas, la alta siniestralidad vial, el trabajo a través de plataformas digitales, la persistente informalidad, la automatización, la inteligencia artificial y las nuevas formas de empleo, entre otros. En resumen, la República Dominicana ya no afronta los mismos desafíos demográficos, laborales y sanitarios que existían cuando se promulgó la Ley 87-01. La reducción de los nacimientos, el envejecimiento de la población y la pérdida de miles de jóvenes por accidentes de tránsito obligan a reconsiderar si el sistema de seguridad social está preparado para proteger el capital humano y garantizar su sostenibilidad durante las próximas décadas.
