El exprocurador general Jean Alain Rodríguez, bajo acusación de corrupción, ha manifestado su preocupación por lo que considera "abusos" en el sistema judicial durante su proceso. Subraya la importancia de que la lucha contra la corrupción se desarrolle con estricto apego a las normas del Estado de Derecho, advirtiendo sobre prácticas que, según él, socavan la justicia y la imparcialidad en los procesos penales.
El antiguo procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien enfrenta cargos por malversación administrativa, señaló este viernes la existencia de "abusos" en el ámbito judicial relacionados con su caso. Argumentó que la persecución de la corrupción debe llevarse a cabo "acatando rigurosamente las disposiciones del Estado de derecho".
En un extenso comunicado enviado a los medios, el exfuncionario, a quien el expediente judicial atribuye la desviación de más de 6,000 millones de pesos a través de esquemas fraudulentos entre 2016 y 2020, periodo en el que ocupó el cargo de procurador general, afirmó que muchas de las "irregularidades" que expone en el documento se derivan de su "propia vivencia y todas ejemplifican conductas que jamás deberían tener cabida en un Estado de Derecho".
Alain Rodríguez enfatizó que "nunca debería manipularse un procedimiento penal para reemplazar el juicio en los tribunales por un proceso paralelo en la opinión pública, mediante filtraciones sesgadas, información fragmentada o conferencias de prensa que transformen una investigación en una condena social prematura", lo cual, además, "influye en las decisiones de los magistrados". "Ninguna conferencia de prensa debe sustituir una determinación judicial", agregó.
Asimismo, indicó que "no deberían percibirse presiones, ya sean directas o indirectas, sobre los jueces", ni "coaccionarse a los abogados de un acusado para que abandonen su defensa legal o sugerir a sus representantes que respondan a intereses diferentes a los de su cliente".
En la misma línea, criticó que "jamás deberían abogados, jueces, fiscales, profesionales de la medicina, periodistas, peritos o testigos sentir que el ejercicio independiente de sus funciones puede acarrear consecuencias personales".
También denunció el uso de un proceso penal para "afectar deliberadamente el patrimonio, la actividad profesional, las relaciones familiares o el entorno personal de un ciudadano antes de que exista una resolución definitiva".
Además, mencionó que se "intimida a clientes, a las instituciones financieras que les brindan servicios" o se amenaza "con encarcelamiento a quienes mantienen vínculos profesionales con él", se gestiona o "insinúa" la "suspensión de visados como mecanismo de presión", o se generan "circunstancias destinadas a provocar aislamiento familiar, como impedir o dificultar las visitas a los centros penitenciarios, despojar vergonzosamente a quienes realizan esas visitas y forzar separaciones matrimoniales o conyugales".
De igual manera, reprobó que se "oculten pruebas importantes", se demore injustificadamente su entrega o que se nieguen documentos ordenados por un juez, entre otras cuestiones, como emplear la prisión preventiva como "instrumento de castigo" o que se permita que "un proceso penal exceda ampliamente el plazo máximo de duración de cuatro años establecido por la legislación".
Igualmente, señaló que la democracia se debilita cuando la investigación "deja de tener como propósito descubrir la verdad y comienza a producir efectos que ninguna resolución ha impuesto", tales como: la pérdida del patrimonio, de la profesión, de la reputación, de las relaciones personales o de la "paz familiar", antes de que "un tribunal haya dictaminado".
"No hay inconsistencia entre combatir la corrupción y respetar los derechos fundamentales. Por el contrario: solo cuando ambas cosas ocurren simultáneamente puede afirmarse que existe verdadera justicia", concluyó en su declaración final.
El pasado martes de esta semana, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó la petición de anulación del juicio que se sigue al exprocurador general y a sus coacusados, solicitud presentada por las defensas. El tribunal ordenó la reanudación del proceso judicial para el 22 de julio de 2026, a partir de las 9:00 de la mañana.
La resolución indicó que, basándose en los elementos proporcionados por las partes, "no existe fundamento para establecer" que el empleo de un apodo en el proceso penal "haya causado un perjuicio al derecho de defensa", aunque ordenó a las partes abstenerse de usar motes para referirse al caso penal, tal como lo dictaminó el Tribunal Constitucional (TC) en una sentencia.
