República Dominicana ha logrado notables avances en la integración de personas con discapacidad en sus sistemas de salud y gestión de emergencias, posicionándose favorablemente en Centroamérica. No obstante, un reciente informe subraya la persistencia de importantes retos en accesibilidad, recolección de datos y la continuidad de la atención sanitaria, exigiendo mayores esfuerzos para una inclusión plena y efectiva.
República Dominicana se encuentra entre las naciones centroamericanas que han conseguido progresos en la incorporación de individuos con discapacidad dentro de los sistemas de atención médica y en la administración de contingencias. A pesar de esto, aún enfrenta obstáculos importantes relacionados con la facilidad de acceso, la recopilación de información y la persistencia de los cuidados, según el reporte “Inclusión de la discapacidad en los sistemas de salud y gestión de emergencias de América Latina y el Caribe”.
El documento indica que el país, junto con Panamá, ha fortalecido los procedimientos de certificación y los mecanismos de interoperabilidad de los registros, lo que facilita una mejor identificación y una coordinación institucional más eficaz. Sin embargo, advierte que la información sobre discapacidad sigue estando fragmentada y con poca desagregación por tipo de discapacidad, edad, género y ubicación geográfica, lo que complica la elaboración de políticas públicas basadas en evidencia.
Entre los avances más importantes, el informe subraya que República Dominicana ha implementado iniciativas preventivas, directrices normativas en salud y estrategias de detección temprana, además de mejorar paulatinamente la accesibilidad física y comunicacional en los servicios sanitarios. También posee marcos técnicos y normativas sectoriales para integrar contenidos inclusivos en la capacitación del personal de salud y en los protocolos de atención.
En el ámbito de la gestión de riesgos, la nación ha incorporado lineamientos para reducir la vulnerabilidad de las personas con discapacidad durante situaciones de emergencia y desastres. Sin embargo, el informe señala que aún faltan definiciones operativas claras sobre los apoyos necesarios, la accesibilidad y la continuidad de los tratamientos en momentos de crisis.
Asimismo, el análisis destaca que las organizaciones de personas con discapacidad participan en la formulación de políticas, aunque su intervención sigue siendo principalmente consultiva y con escasa influencia en la toma de decisiones. También menciona que la información clínica y administrativa no siempre se presenta en formatos accesibles, lo que restringe el acceso de la población con discapacidad a los servicios y recursos disponibles.
