El Gobierno argentino, bajo la administración de Javier Milei, ha anunciado que los extranjeros no residentes deberán abonar los servicios médicos no urgentes en hospitales públicos federales. Esta política busca controlar el 'turismo de salud' y fue oficializada a través de una resolución que modifica la Ley de Migraciones. La medida exceptúa explícitamente las situaciones de emergencia o riesgo vital, garantizando atención inmediata y gratuita en esos casos.
El Gobierno de Argentina ha comunicado que los individuos foráneos sin residencia permanente deberán costear la atención sanitaria que no sea de emergencia en los centros hospitalarios públicos nacionales. Esta determinación forma parte de una estrategia impulsada por el mandato del presidente Javier Milei, con el propósito de mitigar lo que se ha denominado como “turismo de salud”. La disposición fue formalizada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, poniendo en práctica un decreto aprobado en 2025 que previamente alteró la Ley de Migraciones. La regulación establece una excepción clara para situaciones de urgencia o peligro de vida.
“La asistencia en casos de emergencia no será facturada ni se demorará por trámites burocráticos o administrativos”, explicó el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una rueda de prensa este martes.
El Ministerio de Salud detalló que se brindará atención inmediata y sin costo a personas que presenten infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos severos, quemaduras extensas y urgencias obstétricas, pediátricas o neonatales, entre otras circunstancias que pongan en riesgo la vida o la salud del paciente. En contraste, los extranjeros que no puedan demostrar residencia permanente en Argentina y requieran consultas, estudios o tratamientos que no se consideren urgentes, necesitarán contar con un seguro médico o cubrir el costo total de los servicios antes de recibirlos.
El Gobierno justificó esta decisión como una manera de restringir los denominados “tours sanitarios”, una práctica que, según las autoridades, consiste en ingresar al país específicamente para utilizar de forma gratuita el sistema de salud público y luego regresar al lugar de origen. Ravier afirmó que existen personas que “vienen al país, se atienden en un hospital público y regresan a su lugar de origen”, aunque durante su intervención no presentó datos estadísticos sobre el número de casos registrados.
Esta medida solo aplica a los hospitales que dependen directamente del ámbito nacional. Debido a la organización federal de Argentina, el Poder Ejecutivo nacional únicamente puede establecer estas condiciones en los establecimientos bajo su jurisdicción. Las provincias mantienen la potestad de decidir cómo administran sus respectivos sistemas de salud. Algunas provincias fronterizas, como Jujuy, Salta, Santa Cruz y Mendoza, ya cobran por ciertos servicios médicos a extranjeros que no poseen residencia en el país.
La reforma migratoria también implementó requisitos más rigurosos para obtener la residencia y la ciudadanía, aceleró ciertos procesos de expulsión para extranjeros que cometan delitos y autorizó a las universidades nacionales a cobrar por sus servicios educativos a estudiantes no residentes. Tradicionalmente, tanto la salud como la educación pública han sido gratuitas en Argentina, por lo que estas modificaciones han generado críticas desde diversos sectores de la oposición.
El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, cuestionó la disposición y aseguró que los extranjeros no residentes representan un porcentaje mínimo de la demanda sanitaria. Según Kreplak, “el 0,4 % de las guardias y el 0,5 % de las internaciones” en la provincia corresponden a extranjeros sin residencia. “El sistema de salud está sobrecargado por falta de recursos, no por extranjeros”, declaró el funcionario al portal Infobae.
