El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha dictado nuevas sentencias contra siete individuos involucrados en la red internacional de narcotráfico y lavado de activos desarticulada por la Operación Búfalo NK. Con estas resoluciones, el número total de condenados asciende a catorce. Los imputados alcanzaron acuerdos con el Ministerio Público, declarándose culpables de los cargos imputados, lo que permitió la homologación de las penas por parte del tribunal.
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha emitido condenas para siete personas adicionales, relacionadas con la compleja red transnacional de tráfico de estupefacientes y blanqueo de capitales que fue desmantelada a raíz de la Operación Búfalo NK, en la cual se confiscaron 1,824 kilogramos de sustancias ilícitas. Con estas recientes decisiones judiciales, la cifra de individuos sentenciados por su participación en esta organización delictiva se eleva a catorce.
A través de un procedimiento penal abreviado presentado por la fiscalía, los acusados admitieron su culpabilidad en los delitos que se les imputaban y llegaron a pactos con el organismo acusador, los cuales fueron validados por el tribunal, presidido en esta ocasión por el magistrado Raymundo Mejía.
Isidoro Rotestán Clase recibió una pena de siete años de reclusión, de los cuales deberá cumplir tres años y seis meses bajo arresto domiciliario. Francisco Morrobel Pérez fue sentenciado a cinco años, con suspensión de la pena, además de la obligación de pagar una multa de RD$50,000. Por su parte, Cristino Rotestán Clase, Johnny Casimiro Tejada, Geyser C. Castillo Mordán, Luigui Aneudy Ureña Read y Jomaiky Ureña Rotestán fueron condenados individualmente a cuatro años de prisión en modalidad suspendida y a la cancelación de una multa equivalente a cien salarios mínimos.
Durante el período de suspensión, los condenados deberán acatar las normativas establecidas por la corte, incluyendo la permanencia en una dirección fija. En caso de incumplir con estas condiciones, deberán cumplir la totalidad de la pena en un centro penitenciario.
El tribunal también ordenó el cierre definitivo de las empresas Mariscos Del Caribe Clase S.R.L., Mojos S.R.L. y Elegant Records Productions E.I.R.L., además del pago de una multa de cien salarios mínimos para cada una. En el proceso, se aplicó un criterio de oportunidad a favor de Braulio Rotestán Clase, Glorisel De La Cruz Paulino, Leda Margarita Clase y Estefany De La Cruz Paulino.
Los fiscales Jonathan Elías Pérez Fulcar, Miguel Collado García y Enmanuel Ramírez representaron al Ministerio Público durante la audiencia en la que se confirmaron los acuerdos.
Decomiso de bienes, dinero, vehículos y armas
Como parte de las sanciones dictadas en el proceso, el órgano judicial dispuso la incautación de dieciocho propiedades inmobiliarias, que incluyen apartamentos, residencias, solares, terrenos y parcelas situadas en diversas localidades del país. Los bienes confiscados se encuentran en áreas como Punta Cana, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Padre Las Casas, en Azua, y La Romana.
Asimismo, se decomisaron dieciséis vehículos terrestres, seis autobuses de transporte público, siete embarcaciones, cinco motores fuera de borda, tres armas de fuego y ciento quince municiones. A esto se añade la confiscación de US$97,700 y RD$17,412,085.91, además de otras penalizaciones económicas estipuladas en los acuerdos validados por el tribunal.
Previo a estas nuevas sentencias, otras personas vinculadas al expediente ya habían sido condenadas. Rafael Ynoa Santana recibió la máxima pena de diez años de reclusión, mientras que Robert Nicolás Acosta fue sentenciado a siete años. También fueron condenados a cinco años de prisión Juan Bolívar Hernández, José Antonio Toribio, Severiano Núñez Pichardo y Cristian E. Alcántara Javier. Por su parte, Maritza Flete Santana recibió una condena de tres años. En el transcurso del proceso, también se aplicó un criterio de oportunidad a Juan Henríquez Tavárez.
Una investigación que comenzó en 2020
Según la información proporcionada por el Ministerio Público, la indagación contra esta organización criminal se inició en el año 2020, contando con el respaldo de la DEA y las autoridades colombianas. Posteriormente, en septiembre de 2024, las autoridades llevaron a cabo la Operación Búfalo NK, en un despliegue coordinado por el Ministerio Público junto con la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Ministerio de Defensa, organismos de inteligencia, la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos.
La estructura estaba compuesta por ciudadanos de Colombia, Venezuela y República Dominicana, con vínculos en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. De acuerdo con la investigación, la organización empleaba rutas marítimas y aéreas para trasladar grandes volúmenes de cocaína, operando de forma simultánea en múltiples jurisdicciones.
Con las recientes condenas, el proceso judicial avanza con catorce personas sentenciadas, además de los decomisos de bienes, dinero, vehículos, embarcaciones y armas ordenados por los tribunales.
