El magistrado a cargo del proceso judicial contra Nicolás Maduro ha dictado una medida de protección que regula el manejo de las pruebas que la Fiscalía presentará a la defensa. Esta orden clasifica la información según su nivel de riesgo y establece restricciones claras sobre su divulgación, buscando salvaguardar la privacidad y la integridad del caso. La decisión busca evitar filtraciones y asegurar un proceso judicial justo.
En Nueva York, el juez estadounidense que preside la causa penal contra el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha emitido una orden de resguardo que rige la administración de los elementos probatorios que la Fiscalía proporcionará a la representación legal. El magistrado, Alvin K. Hellerstein, instruyó a la Fiscalía para que entregue a los defensores de Maduro los documentos, objetos e informaciones que componen el expediente, pero los categorizó en diversas clases de riesgo para el procedimiento y fijó limitaciones para cada uno.
El juez señala que la Fiscalía debe suministrar el “material exculpatorio y de impugnación”, pero reconoce que este podría afectar la confidencialidad personal, perjudicar indagaciones sobre individuos aún no imputados o generar publicidad que menoscabe el proceso, entre otras implicaciones. Hellerstein busca prevenir la difusión no autorizada de las pruebas.
En tal sentido, decreta que los imputados o sus letrados no deben revelar las pruebas generales que la Fiscalía entregue a la defensa, ni publicarlas en línea o filtrarlas a los medios de comunicación. El juez también especifica que la Fiscalía le comunicó que parte de la información está “guardada electrónicamente” y fue obtenida de Maduro y su esposa, Cilia Flores, mediante mandatos judiciales durante la pesquisa, “de varias computadoras, teléfonos móviles y otros dispositivos”.
“Con el acuerdo de todas las partes, la Fiscalía está autorizada a entregar a los abogados defensores la totalidad de ese material digital, el cual será considerado material APO (Solo para Posesión de los Abogados) a menos que se indique otra categorización”, estipula la orden. La clasificación APO implica que dicho material solo puede estar en poder de los abogados defensores y su equipo, y los acusados no pueden tenerlo físicamente, salvo mientras lo revisan en presencia de sus letrados.
La validez de la protección para la gestión de las pruebas permanecerá activa incluso después de que concluya la causa penal, y el tribunal mantendrá jurisdicción para hacerla cumplir, según establece el documento rubricado por Hellerstein, lo cual es habitual en este tipo de procedimientos. A Maduro y Flores los detuvieron el 3 de enero durante una operación de las fuerzas estadounidenses en Caracas y fueron trasladados a Nueva York, donde permanecen encarcelados.
