Mientras se debate la reforma laboral, un factor crucial emerge: la elevada vulnerabilidad de la juventud ante los accidentes. Este fenómeno no solo afecta la productividad y la sostenibilidad del mercado de trabajo, sino que también ejerce presión sobre la seguridad social. Es fundamental que la nueva legislación considere estos datos demográficos y epidemiológicos para asegurar el desarrollo del país en las próximas décadas.
Por Raúl Germán Bautista.- A medida que el diálogo sobre la actualización de la legislación laboral se centra, de forma lógica, en revisar los derechos y las obligaciones de empleados y empleadores, existe un dato que debería inquietar incluso a los legisladores: la fragilidad de la población joven debido al gran número de siniestros que padece. Este indicador, quizás poco considerado, no solo afecta las horas y años que una persona joven debería dedicarse a trabajar, sino que una proporción de este grupo pierde la vida y otra queda con secuelas permanentes, lo que también incide en el sistema de protección social. Por lo tanto, esta normativa debería proyectar la República Dominicana de las décadas venideras, basándose en la información demográfica, epidemiológica y estadística que ya ofrecen las entidades gubernamentales.
LOS JÓVENES CONCENTRAN LA MAYOR CANTIDAD DE LESIONADOS
Las cifras sobre incidentes viales demuestran que el segmento con mayor potencial para dinamizar la economía es también el que afronta el riesgo más elevado de quedar, de forma temporal o definitiva, fuera del ámbito laboral. Diversas investigaciones documentan que los hombres en edad juvenil concentran la mayor parte de heridos y fallecidos en siniestros de tránsito, una situación que va más allá de la seguridad vial y se convierte en un reto para la eficiencia, el empleo y la viabilidad del esquema de seguridad social.
Los datos consolidados del Ministerio de Salud Pública (MSP), divulgados por el Observatorio Permanente de Seguridad del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), revelan que durante 2026 se registraron 30,826 individuos heridos en accidentes de tránsito en el país. De este total, 21,692 corresponden a hombres y 9,134 a mujeres. Traducido a una perspectiva más sencilla de comprender, siete de cada diez personas lesionadas son varones. La disparidad es aún más notoria al comparar ambos conjuntos: por cada mujer herida, hay aproximadamente 2.4 hombres afectados en percances viales.
El grupo de 20 a 29 años acumula 9,981 lesionados, lo que equivale al 32.4 % del total nacional. En otras palabras, prácticamente una de cada tres personas heridas pertenece a ese rango de edad. Le siguen los individuos de 30 a 39 años, con 6,383 casos, mientras que el grupo de 10 a 19 años registra 5,047 lesionados. La distribución de la información dibuja un patrón evidente: las lesiones se concentran precisamente durante el periodo de mayor contribución económica.
UN PROBLEMA LABORAL, NO SOLO DE TRÁNSITO
Estas estadísticas amplían la discusión sobre la reforma del trabajo y deberían formar parte del debate que sostiene el Congreso Nacional, aunque todavía no existe una fecha definida para revisar el proyecto en el pleno. Cada empleado que sufre una lesión representa una pérdida para su familia, su empleador y la economía. Cuando una incapacidad se prolonga o se vuelve permanente, también aumenta la presión sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Los incidentes de tránsito generan un efecto en cadena. Incrementan los costos médicos, disminuyen la productividad, afectan la continuidad de las empresas y presionan las ayudas económicas destinadas a trabajadores que, debido a una enfermedad o una lesión permanente, pierden parcial o totalmente su capacidad para desempeñarse. En tales situaciones, la normativa contempla pensiones por invalidez de carácter vitalicio, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación vigente.
EL COSTO OCULTO PARA LA ECONOMÍA
Hasta junio de este año, el Seguro de Riesgos Laborales representó el 4.83 % de los beneficios del sistema. Aunque el porcentaje pueda parecer modesto, detrás de esa cifra hay miles de trabajadores que permanecen fuera de sus puestos durante semanas, meses o, en algunos casos, de manera definitiva. La consecuencia va más allá del ámbito sanitario. Cada trabajador que abandona el mercado laboral reduce la capacidad productiva del país y disminuye las contribuciones que financian el sistema de pensiones y la seguridad social. A esto se añaden mayores gastos de salud, subsidios por discapacidad, menores ingresos para las familias afectadas y una reducción del potencial de desarrollo económico.
LOS DATOS REDEFINEN EL DEBATE
Este panorama plantea una cuestión que, tarde o temprano, el Estado dominicano deberá abordar: ¿cuánto pierde la economía nacional cada año porque una proporción significativa de su población en la edad de mayor productividad resulta lesionada en accidentes de tránsito? La respuesta no debería medirse únicamente por la cantidad de heridos o fallecidos. También exige cuantificar el impacto sobre la productividad, el mercado laboral, la inversión en salud, las pensiones, la competitividad y el avance económico. En ese contexto comienza a configurarse un nuevo perfil del capital humano dominicano.
Si el país tendrá menos jóvenes, más adultos mayores y una parte de su fuerza laboral continuará viéndose afectada por lesiones que impiden trabajar, la discusión sobre la reforma laboral necesariamente debe incorporar estos indicadores. Más que modificar artículos del Código de Trabajo, el desafío consiste en preparar una legislación capaz de responder a una transformación estructural del mercado laboral dominicano, sustentada en evidencia y orientada al desarrollo económico y social.
