Cientos de personas se congregaron este jueves en la Plaza de la Bandera para protestar contra la Ley 74-25, el nuevo Código Penal, específicamente por artículos que perciben como restrictivos de la libertad de expresión. Además, los manifestantes expresaron su descontento por el incremento del costo de vida y denuncias de abuso policial, exigiendo la revisión de las nuevas normativas legales y mayores garantías para los derechos fundamentales.
Numerosos ciudadanos se reunieron la tarde de este jueves en la Plaza de la Bandera, ubicada frente al Tribunal Constitucional, con el propósito de expresar su desaprobación hacia varios fragmentos de la Ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal. Particularmente, señalaron su preocupación por aquellos segmentos relacionados con la difamación y la libertad de expresión, a los cuales diferentes grupos han denominado la “Ley Mordaza”.
A lo largo de la jornada de manifestación, los participantes también manifestaron su insatisfacción por el elevado costo de la vida, los incidentes de presunto abuso por parte de la policía y lo que calificaron como una administración gubernamental deficiente. Portando pancartas, entonando consignas y ondeando banderas dominicanas, los asistentes demandaron mayores garantías para el ejercicio de los derechos esenciales y exigieron una revisión de las estipulaciones del nuevo marco jurídico.
Como parte de la movilización, representantes de los manifestantes presentaron ante el Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra varios apartados del Código Penal que establecen penas de prisión por delitos de difamación e injuria. Los recurrentes argumentan que estas disposiciones podrían limitar el derecho a la libertad de expresión y de prensa, derechos consagrados en la Constitución.
La protesta se llevó a cabo pocos días después de que la Cámara de Diputados anunciara la apertura de un plazo para recibir propuestas de modificación a artículos específicos del Código Penal, recientemente aprobado por el Congreso Nacional, con la finalidad de evaluar posibles cambios antes de su promulgación. Diversos segmentos de la sociedad civil, asociaciones de periodistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han solicitado la revisión de los artículos que consideran perjudiciales para las libertades públicas.
