La República Dominicana implementará penas más severas, de hasta 30 años de cárcel, para quienes cometan delitos de abandono y maltrato contra menores y personas de la tercera edad, según el nuevo Código Penal. Esta medida surge ante el preocupante aumento de denuncias reportadas por el CONAPE y el CONANI, evidenciando la persistencia de esta problemática social. La legislación busca fortalecer la protección de estos grupos vulnerables, aunque surge la pregunta sobre la efectividad de estas sanciones para reducir tales incidentes.
En la República Dominicana, los niños y los adultos mayores en situaciones de fragilidad continúan experimentando casos de descuido y agresión, a pesar de la existencia de programas y entidades dedicadas a su resguardo. Frente a esta realidad, el recién aprobado Código Penal dictamina castigos más rigurosos para quienes incurran en estas faltas, que pueden oscilar entre dos y treinta años de reclusión, dependiendo de las circunstancias y las repercusiones del acto.
Según la información del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), entre los años 2020 y 2025 se recibieron 2,675 reportes de maltrato hacia personas de la tercera edad, abarcando disputas familiares, abuso psicológico, desamparo y transgresiones al derecho de propiedad. Por su parte, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) registró 1,114 quejas durante 2025, aproximadamente 200 más que las documentadas en 2024. Estas cifras demuestran la continuidad de este problema y plantean el reto de intensificar la salvaguarda de estos grupos en riesgo. Con la aplicación de sanciones más estrictas, surge la interrogante: ¿serán las nuevas penalidades suficientes para disminuir los incidentes de abandono y maltrato?
Estadísticas de las denuncias
El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) comunicó que, a través de su División de Quejas y Seguimiento de Expedientes, recibió un total de 2,675 denuncias entre septiembre de 2020 y junio de 2025, de las cuales 1,419 correspondían a mujeres y 1,256 a hombres. Conforme a lo expresado en el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud Pública, correspondiente a la semana 23, de manera preliminar, las quejas más frecuentes incluyen conflictos entre parientes (616), violencia emocional (282), desatención (399) y vulneración del derecho a la propiedad (317).
Por otro lado, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) mantiene en su portal un registro anual de las denuncias, abarcando desde 2022 hasta 2025, emitido por la dirección del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), el cual indica que el año anterior se acumuló un total de casi 3,000 casos.
Leyes y programas buscan reforzar la protección de envejecientes y menores
La protección de adultos mayores y niños cuenta con un marco jurídico que contempla derechos y sanciones frente a situaciones de abandono y vulnerabilidad. Con la inminente entrada en vigencia de la Ley 74-25 del Código Penal, los artículos 155, 156, 214 y 215, junto con sus respectivos párrafos, establecen un incremento en las penalidades para estos delitos, con condenas que van de dos hasta 30 años de prisión, dependiendo de los casos y sus factores agravantes.
En el caso de los adultos mayores, el artículo 57 de la Constitución establece su derecho a recibir atención médica oportuna, medicamentos, una pensión justa y a tiempo, una vivienda propia y actividades recreativas. También estipula que los ancianos desamparados tienen derecho a estancias gratuitas que aseguren los cuidados especiales que requieren. Entre los programas dirigidos a las personas más vulnerables se encuentran el Programa Protección a la Vejez en Pobreza Extrema y la Tarjeta Solidaridad.
Para los menores de edad, la Ley 136-03 establece el marco legal para su protección integral y regula los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, así como la responsabilidad del Estado, la sociedad, las familias y los individuos desde su nacimiento hasta cumplir los 18 años.
