Residentes del distrito municipal de La Guáyiga han expresado su preocupación por supuestas sepulturas directas en la tierra dentro del cementerio La Nueva Jerusalén, contraviniendo las normativas internas. Atribuyen la presunta autorización de estas inhumaciones a la alcaldía local, generando inquietud por un posible riesgo de contaminación ambiental en la zona. La comunidad solicita la intervención de las autoridades competentes para investigar la situación y asegurar el cumplimiento de las regulaciones sanitarias y de uso del suelo.
Residentes de la comunidad denunciaron la ejecución de presuntas inhumaciones directamente en el terreno en el camposanto La Nueva Jerusalén, ubicado en el batey Palamara, en el distrito municipal de La Guáyiga, a pesar de que las regulaciones internas del lugar prohíben esta práctica. Según la queja enviada a la redacción de N Digital, se habrían sepultado al menos tres personas en fosas de tierra. Los informantes imputan la supuesta aprobación de estas inhumaciones a la administración municipal del distrito de La Guáyiga.
El documento reglamentario proporcionado a este medio identifica a La Nueva Jerusalén como un cementerio municipal dependiente del ayuntamiento y sujeto a la gestión, el mantenimiento y la dirección de la Junta Municipal de La Guáyiga, sin menoscabo de las facultades de las instancias judiciales y sanitarias.
El documento establece además que la gestión municipal tiene entre sus responsabilidades la organización, preservación y acondicionamiento del cementerio, la autorización de edificaciones y el acatamiento de las medidas sanitarias e higiénicas pertinentes. Aunque los denunciantes aludieron a los artículos 19 y 23, el reglamento muestra que el artículo 19 se limita a clasificar las sepulturas en nichos comunes, nichos para restos, nichos para panteones y fosas comunes. Es el artículo 23 el que estipula que no se concederán derechos funerarios en fosas de tierra, excepto en situaciones de catástrofe natural o caso fortuito.
Los estatutos también señalan que el ayuntamiento debe edificar una cantidad suficiente de nichos de sepultura y osarios, conforme a las necesidades previstas. La comunidad expresó inquietud por un posible riesgo de afectación ambiental, debido a la presunta proximidad del cementerio con los ríos Hicaco, Lebrón e Isabela. No obstante, esa ubicación y el posible impacto sobre las fuentes de agua no están detallados en los estatutos revisados y requerirían una evaluación por parte de las autoridades ambientales y sanitarias.
Los denunciantes cuestionaron que las supuestas inhumaciones en tierra se realicen a pesar de que, según afirmaron, el Poder Ejecutivo habría entregado RD$21.5 millones a la alcaldía para la adecuación del recinto y la construcción de nichos comunes. El reglamento indica que las inhumaciones deben contar con la aprobación del director municipal, previa presentación del certificado de defunción, el abono de las tasas y una certificación emitida por la Junta Municipal. También exige que el recibo de enterramiento especifique el tipo de sepultura y el lugar preciso de la inhumación.
Los comunitarios solicitaron la intervención del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Medio Ambiente y las autoridades municipales para inspeccionar el cementerio, verificar las condiciones de las sepulturas y determinar si se incumplieron los estatutos o las disposiciones sanitarias.
