El presidente Luis Abinader cumple seis años en el poder, con su gestión definida por la promesa de combatir la corrupción y fomentar un Ministerio Público autónomo. Aunque se han logrado sentencias en casos significativos como Antipulpo y Coral, otros, como los desfalcos en SeNaSa e ITLA, continúan bajo investigación, poniendo a prueba el compromiso del gobierno con la transparencia. Expertos sugieren un avance institucional, aunque las grandes condenas no siempre sean el resultado final.
El próximo domingo, el presidente Luis Abinader alcanzará su sexto año de mandato, un periodo que desde su inicio ha estado marcado por el compromiso de luchar contra la corrupción administrativa y de impulsar un Ministerio Público autónomo, implementando una política de cero tolerancia frente a este flagelo. No obstante, situaciones como el desfalco en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), la exigencia de cuotas para sostener un movimiento político en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) y en el Fondo Especial Para El Desarrollo Agropecuario (FEDA), la presencia de narcotráfico dentro del PRM, la red de fraude que operaba en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) y el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, además de la presunta estafa al Estado y el sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo, han puesto a prueba la dedicación de la actual administración a la transparencia.
Frente a este panorama, el abogado Robinson Reyes opinó que en la República Dominicana se percibe un progreso en la batalla contra la corrupción, a pesar de que no todos los casos han culminado con sentencias de gran magnitud. “Considero que estamos progresando o consolidando un poco más las instituciones, pero no es indispensable que haya grandes condenas; el solo hecho de que se estén procesando de una forma u otra está frenando la voracidad de quienes están en el Gobierno buscando enriquecerse, con el temor de que más adelante les toque a ellos”, señaló el jurista.
Abinader defiende la autonomía del Ministerio Público.
Hace un mes, el presidente Luis Abinader afirmó que durante su gobierno se han registrado importantes avances en el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial, resaltando el papel autónomo del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción, asegurando que en sus seis años de gestión jamás ha intervenido ni sugerido acciones a las autoridades que dirigen el órgano. “Existe un Ministerio Público completamente independiente donde no recibe ninguna clase de intromisión, ni yo tampoco les hago ninguna propuesta”, declaró el mandatario.
Camacho reafirma el progreso en la lucha contra la corrupción: “Se han obtenido 95 fallos condenatorios”.
En el mes de junio, el procurador adjunto Wilson Camacho destacó el avance en la lucha contra el crimen promovida por la actual gestión del Ministerio Público, asegurando que, de los casos de corrupción administrativa y crimen organizado, en cuatro se han conseguido 95 sentencias condenatorias.
Casos con resultados obtenidos:
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó el 14 de agosto de 2025, la sentencia del caso Antipulpo con condenas para personas físicas y jurídicas y absoluciones para otros imputados. En la decisión, ocho personas fueron condenadas y trece absueltas. Entre los condenados se encontraba el hermano del expresidente Danilo Medina, quien recibió una condena de siete años de prisión.
Al aceptar la solicitud del Ministerio Público, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional sentenció a veinte años de reclusión mayor y al pago de cuatrocientos salarios mínimos a los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, así como al coronel Rafael Núñez de Aza, procesados por corrupción administrativa a raíz de las operaciones Coral y Coral 5G. También fueron condenados a quince años de prisión el general Julio Camilo De los Santos Viola y Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la pastora), quienes además deberán abonar multas de cuatrocientos y trescientos salarios mínimos a favor del Estado dominicano.
En noviembre de 2025, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) suspendió de su membresía al regidor del Distrito Nacional Edickson Herrera Silvestre, detenido en Estados Unidos por narcotráfico. Herrera Silvestre, conocido como “Yeyea”, llegó a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos y se declaró culpable de traficar cocaína desde República Dominicana hacia ese país; el mismo admitió haber conspirado para traficar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia Norteamérica.
Casos aún bajo investigación:
Mientras tanto, en la operación Cobra, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó nuevamente la prisión preventiva impuesta a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y a otros individuos relacionados con la red criminal de corrupción administrativa que desfalco miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
En enero, el equipo de N Investiga accedió a documentos, testimonios y comprobantes bancarios que confirmaban que un grupo de empleados del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) realiza aportaciones periódicas equivalentes a un porcentaje de su salario para sustentar el movimiento político Jóvenes Unidos por el Cambio, organización fundada y coordinada por el actual rector de la institución, Rafael Féliz García. Esta situación motivó la apertura de una investigación por parte de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DGEI) para verificar lo denunciado; sin embargo, cinco días después de la publicación del reportaje, Abinader destituyó a Rafael Féliz García.
Además, el equipo N Investiga presentó un reportaje que demostraba que documentos internos, conversaciones de WhatsApp y testimonios de empleados revelan que en el FEDA estaría operando un esquema de clientelismo político que incluye aportaciones económicas obligatorias, amenazas laborales, suspensiones sin salario y el uso de la estructura institucional para financiar un movimiento político denominado “La Maquinaria del Cambio”. Tres días después, el presidente de la República, Luis Abinader, aseguró que se están investigando las denuncias expuestas en el reportaje.
Mientras que en diciembre del mismo año, se impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción contra los imputados de la red criminal de narcotráfico del caso Kraken, integrada por ciudadanos serbios, belgas, colombianos y dominicanos, quienes presuntamente introducían cargamentos de drogas procedentes de Suramérica para enviarlos a Estados Unidos a través de Canadá.
