Entre 2023 y 2026, las entidades gubernamentales enfrentaron más de 8,000 sentencias, resultando en pagos que superan los RD$10,994 millones. Estos gastos, que desvían fondos de otras necesidades públicas, muestran una distribución desigual, con algunas instituciones asumiendo cargas financieras significativamente mayores. La Dirección General de Bienes Nacionales lidera la lista de desembolsos, principalmente por litigios de expropiación.
Desde enero de 2023 hasta junio de 2026, los tribunales registraron 8,045 decisiones judiciales condenatorias o favorables en procedimientos donde organizaciones estatales fueron llevadas a juicio y debieron responder, corregir acciones o afrontar consecuencias económicas. Detrás de estas resoluciones hay disputas de diversa índole, pero también un costo que se sufraga con el erario público: los registros del Ministerio de Hacienda contabilizan RD$10,994.8 millones destinados a satisfacer veredictos judiciales. Estos recursos, una vez asignados al pago de estas obligaciones, ya no están disponibles para otras necesidades sociales, como la construcción de colegios, centros de salud, vías o programas de asistencia. Sin embargo, el impacto económico no se distribuye equitativamente entre las entidades. Mientras algunas acumulan cientos o miles de procesos, otras, con apenas unos cuantos casos, han tenido que desembolsar cientos e incluso miles de millones de pesos.
Bienes Nacionales encabeza los desembolsos
La Dirección General de Bienes Nacionales se sitúa a la cabeza del listado de instituciones con los mayores desembolsos registrados para cumplir sentencias judiciales, con RD$3,848,238,680.54 pagados en 18 sentencias. La mayoría de estos procedimientos se relacionan con expropiaciones, un tipo de litigio que aparece de forma recurrente entre las condenas de mayor cuantía. Uno de los casos más onerosos corresponde a un proceso de expropiación en el que Bienes Nacionales terminó abonando RD$1,030,692,600 por la expropiación de un terreno. El expediente contemplaba una reclamación de RD$1,288,365,750, por lo que, aunque el Estado desembolsó más de mil millones de pesos, aún quedaron RD$257,673,150 pendientes en ese proceso. En otro procedimiento de expropiación, Bienes Nacionales enfrentó una reclamación por RD$302,985,735. Hasta la fecha de corte de la información se habían pagado RD$200 millones, por lo que permanecían pendientes RD$102,985,735. Un tercer expediente corresponde a una reclamación por RD$275,390,000, de la cual el Estado había cubierto la totalidad del monto. El caso ilustra la diferencia entre el número de procesos y su repercusión económica. Bienes Nacionales figura con solo 18 sentencias pagadas dentro de la base analizada, pero esas decisiones representan una de las mayores cargas financieras identificadas en la investigación.
Hacienda: cuatro sentencias y más de RD$2,600 millones
El Ministerio de Hacienda ocupa el segundo lugar entre las instituciones con mayores desembolsos registrados. La documentación identifica cuatro sentencias pagadas por RD$2,624,640,418. Entre los desembolsos históricos figura una condena de RD$1,500 millones, uno de los pagos individuales más elevados encontrados durante la revisión de los documentos. La documentación también registra varios pagos vinculados con procesos de expropiación. En 2020 aparecen dos desembolsos de RD$250 millones cada uno, y posteriormente, en enero de 2021, otro pago de RD$1,000 millones, todos registrados bajo la categoría de expropiación. Estos casos demuestran cómo un número reducido de procesos puede terminar representando una obligación económica considerable para el Estado.
Obras Públicas: más de RD$1,400 millones en un solo desembolso
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ocupa el tercer puesto, con RD$1,461,114,026.48 pagados en tres sentencias. Uno de los casos más relevantes aparece en los registros de 2026. El 26 de junio de ese año, Obras Públicas realizó un pago de RD$1,442,648,374.99 a una compañía constructora, correspondiente a un proceso relacionado con el sector de la construcción. Otro de los registros corresponde a un pago de RD$18,465,651.49, también relacionado con un fallo judicial vinculado al sector de la construcción. Las grandes facturas judiciales no se limitan a las expropiaciones. También pueden surgir de disputas relacionadas con obras, contratos y vínculos entre entidades públicas y empresas privadas.
Medio Ambiente: casi RD$700 millones
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales aparece en el cuarto lugar, con RD$695,799,651.06 pagados en cuatro sentencias. Entre los registros revisados aparecen procesos relacionados con expropiaciones. En años anteriores figuran pagos de RD$100 millones y RD$35.7 millones vinculados con la expropiación de terrenos. Un tercer pago registrado asciende a RD$158 millones y corresponde también a un proceso relacionado con propiedades. Estos expedientes forman parte de un patrón que se repite entre los grandes desembolsos: terrenos y propiedades que terminan generando reclamaciones económicas contra el Estado cuando los afectados consideran que no fueron compensados adecuadamente.
El CEA: cientos de millones por conflictos sobre terrenos
El Consejo Estatal del Azúcar ocupa el quinto lugar, con RD$339,720,628.21 pagados en siete sentencias. Entre los casos registrados aparece un pago de RD$240 millones dentro de un proceso de expropiación de terrenos. Otro desembolso registrado asciende a RD$35 millones y está relacionado con un proceso también vinculado a propiedades. Además, aparece un pago de RD$29,720,628.21 correspondiente a otro proceso de expropiación.
Cinco instituciones concentran la mayor parte del dinero
Los registros muestran una diferencia significativa entre el número de sentencias y la cantidad de dinero desembolsado. Bienes Nacionales aparece con 18 sentencias pagadas, pero supera los RD$3,848 millones; Hacienda registra cuatro y excede los RD$2,624 millones; Obras Públicas tiene tres y supera los RD$1,461 millones; Medio Ambiente, cuatro, con casi RD$696 millones, y el CEA, siete, con casi RD$340 millones. En conjunto, estas cinco instituciones concentran aproximadamente RD$8,969 millones, cerca del 81.6% de los RD$10,994.8 millones registrados en la base de pagos analizada. La concentración es notable: cinco entidades reúnen más de ocho de cada diez pesos registrados como desembolsados para cumplir sentencias judiciales.
La factura no siempre se paga completa
Otro aspecto encontrado en la documentación es que una condena millonaria no siempre se salda mediante un único desembolso. Existen expedientes en los que el Estado ha cubierto una parte de la obligación, pero aún mantiene montos pendientes. Uno de ellos corresponde a un proceso contra Bienes Nacionales. El monto reclamado era de RD$302,985,735, pero se habían pagado RD$200 millones, quedando RD$102,985,735 pendientes. Otro expediente, también contra Bienes Nacionales, contemplaba una reclamación de RD$1,288,365,750. El Estado había pagado RD$1,030,692,600, pero todavía quedaban RD$257,673,150 pendientes. En total, los expedientes de sentencias parcialmente pagadas identifican RD$555,603,234.21 pendientes dentro de esa base. El dato, sin embargo, debe interpretarse con cautela. El Ministerio de Hacienda advierte que sus registros no concentran todos los pagos ni todas las obligaciones judiciales del Estado, por lo que esos RD$555.6 millones no representan la totalidad de la deuda pendiente por sentencias judiciales.
