El proceso judicial contra el pastor Ángel Gabriel Capellán ha tomado un rumbo inesperado, con padres y allegados al centro donde residían los menores defendiendo al acusado. Alegan que los niños recibían un trato adecuado, contradiciendo la narrativa inicial del Ministerio Público. Esta nueva perspectiva añade complejidad al caso, intensificando el debate sobre los hechos.
El procedimiento legal contra el pastor Ángel Gabriel Capellán ha experimentado un giro significativo con la aparición de testimonios que contradicen una parte del relato presentado por la fiscalía. Padres y personas relacionadas con el lugar donde se encontraban los niños, brindan total apoyo al pastor, insistiendo en que los infantes "recibían buen cuidado" por parte del inculpado. Esta postura fue manifestada mediante pancartas, protestas y exclamaciones dentro y fuera de la sede judicial de San Cristóbal, después de que la sesión para revisar la petición de medidas cautelares contra Capellán fuese pospuesta hasta el próximo martes 15 de septiembre. No obstante, las declaraciones emitidas al finalizar la audiencia introdujeron un factor que adquiere cada vez mayor relevancia.
Una de las mujeres que asistió al tribunal en respaldo del pastor afirmó que decidió llevar a sus propios hijos al establecimiento vinculado a la Fundación Restaurando Vida “Un Muerto que Revive” porque consideraba que allí eran tratados correctamente y se hallaban en un ambiente propicio para su desarrollo. Explicó que reside en un único cuarto y por ello valoró las condiciones que encontró en el sitio.
La señora indicó además que lleva aproximadamente un año en el centro y denunció que, tras la intervención de las autoridades, los progenitores no han podido ver a sus descendientes. Según su narración, los parientes habrían solicitado tener contacto con los menores, aunque fuera por pocos minutos, sin obtener autorización. La defensa busca incorporar esta versión al litigio.
El abogado Manuel Soto Lara, argumenta que los padres no consideran al pastor como responsable de los sucesos denunciados y cuestiona que el Ministerio Público y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) actúen en representación de ellos. Soto Lara también declaró que durante las entrevistas efectuadas a los menores en Cámara Gesell, algunos habrían expresado su deseo de volver al centro y que veían a Capellán como una figura paterna. De acuerdo con la defensa, los infantes también habrían manifestado que recibían buen trato y negado haber sufrido maltrato. Estas aseveraciones constituyen parte de la versión de la defensa y se oponen a la postura del Ministerio Público, que imputa a Capellán de presunto maltrato físico y psicológico, privación de alimentos y trabajo o servicio forzado en perjuicio de niños que permanecían en una propiedad asociada a la fundación, en Bajos de Haina.
La situación se hizo pública después de que uno de los menores escapara del lugar el 28 de agosto pasado y se presentara ante las autoridades para denunciar las condiciones en las que, según su testimonio, se encontraban los niños. Posteriormente, las autoridades intervinieron el establecimiento y retiraron de allí a 14 menores.
La defensa también puso en tela de juicio los elementos empleados para fundamentar la acusación. Cassandra Ramírez, quien acudió al Palacio de Justicia en apoyo al pastor, sostuvo que no existe un denunciante y cuestionó que la investigación se base en el testimonio de un menor. También dudó del significado de las marcas que presentaba el niño y aseguró que, según la versión ofrecida por su madre, estas tenían una procedencia distinta a la señalada en la acusación. Ramírez describió el proceso como un "espectáculo mediático" y afirmó que el Ministerio Público no tendría pruebas suficientes para sustentar una condena contra Capellán.
Mientras tanto, la sesión de medidas cautelares no pudo avanzar este jueves. El tribunal decidió aplazarla para el martes 15 de septiembre, después de que uno de los juristas que representa a las madres de los menores solicitara su incorporación formal al procedimiento. El abogado Luis Karela, representante legal de las madres de los niños, explicó que la suspensión permitirá que dicho representante legal pueda constituirse conforme al Código Procesal Penal y participar en la próxima audiencia. Soto Lara, por su parte, mantuvo que los padres deberán ser escuchados por el tribunal.
De este modo, el proceso llegará a la siguiente audiencia con dos narrativas opuestas sobre la estancia de los menores en el centro: la del Ministerio Público, que sostiene que fueron víctimas de presuntos abusos y explotación, y la de la defensa y personas allegadas al sitio, que aseguran que algunos padres llevaron allí voluntariamente a sus hijos, que estos recibían cuidados y que ahora las familias exigen poder participar directamente en el proceso. La determinación sobre la medida de coerción quedará pendiente para el martes 15, cuando el tribunal deberá proseguir con el examen de la solicitud presentada contra Capellán.
