Una investigación periodística reciente ha puesto de manifiesto graves cuestionamientos sobre los procedimientos policiales en República Dominicana, especialmente en relación con las muertes ocurridas durante operativos y las dificultades que enfrentan algunas personas para entregarse a la justicia. Familiares, abogados y organizaciones de derechos humanos señalan posibles ejecuciones extrajudiciales y la falta de transparencia en la gestión de evidencias, planteando la urgencia de una revisión y esclarecimiento de estos incidentes.
N Investiga llevó a cabo un reportaje exhaustivo sobre los decesos ocurridos en operativos policiales en la República Dominicana, las acusaciones de posibles ejecuciones sin juicio previo y los obstáculos que, según juristas y grupos defensores de los derechos humanos, encuentran ciertas personas al intentar entregarse voluntariamente a la autoridad. Mediante relatos de parientes, entrevistas a profesionales del derecho, grabaciones de vigilancia y estadísticas históricas, la indagación examina los casos de Aneury Santiago Cabrera Estévez, conocido como Lucifer, y Axel Naviosky Ferreras, apodado Cutico, los cuales han suscitado dudas sobre las prácticas policiales y la protección de los derechos de los individuos requeridos por las fuerzas del orden. El estudio enfatiza la importancia de clarificar las circunstancias de cada fallecimiento y determinar posibles responsabilidades, adhiriéndose al principio de que la persecución del crimen debe efectuarse dentro del marco legal y con total respeto al derecho fundamental a la vida.
Yudith Estévez, hermana de Lucifer, compartió con N Investiga el profundo dolor que le causó la pérdida de su pariente, un suceso que se suma a las interrogantes sobre las acciones policiales y las condiciones en las que pierden la vida personas señaladas por cometer delitos. «Porque nadie desea que un hijo o un hermano termine de esa manera. Yo no lo querría, pero tampoco quería que él falleciera así», expresó.
Más allá de este incidente, las acusaciones abarcan las cifras históricas de decesos durante intervenciones policiales, las declaraciones de antiguos líderes de la institución y el manejo de las pruebas en las escenas del crimen.
Las cifras de muertes policiales a lo largo de los años
En la República Dominicana, la expresión «intercambio de disparos» ha sido empleada tradicionalmente en los informes de la policía para describir confrontaciones en las que fallecen individuos acusados de actos delictivos. Sin embargo, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado quejas sobre posibles ejecuciones extrajudiciales y han puesto en tela de juicio el uso de la fuerza letal en ciertas intervenciones.
Cándido Mercedes, vocero de Participación Ciudadana, cuestiona la frecuencia de estos eventos y la forma en que las autoridades justifican algunas de las muertes. «Las muertes extrajudiciales, muertes por intercambio de disparos y ahora que las denominan acciones legales. No entiendo qué tiene de legal eso, porque a lo largo de 30 años la Policía Nacional ha asesinado a cerca de 7,266 personas», afirmó.
Los datos históricos mencionados en el material de esta investigación atribuyen aproximadamente 1,200 fallecimientos a operaciones policiales durante el mando del mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, entre 2008 y 2010, periodo correspondiente al gobierno de Leonel Fernández. Otro de los exponentes de la política de mano dura contra la criminalidad fue el mayor general Pedro de Jesús Candelier, quien dirigió la Policía Nacional durante la administración de Hipólito Mejía y el último año del primer mandato de Fernández. En una entrevista, al ser consultado sobre si le pediría a un delincuente que escogiera la manera de entregarse, Candelier respondió: «No hay que pedirle favores ni hay que decirle nada. Tú, con inteligencia, lo buscas y lo sometes al orden, a cumplir la ley. Ahora, si te confronta, elimínalo». Los registros citados indican que aproximadamente 819 personas murieron durante su gestión, entre 1999 y 2001. Posteriormente, bajo la dirección de Jaime Marte Martínez, entre 2002 y 2004, se registraron alrededor de 760 muertes. Asimismo, durante el período de José Aníbal Sanz Jiminián, entre 1997 y 1998, se reportaron aproximadamente 604 fallecidos.
Al analizar los datos por periodos presidenciales, los registros mencionados señalan 1,214 muertes durante el primer gobierno de Leonel Fernández, entre 1996 y 2000; 1,060 durante la administración de Hipólito Mejía, entre 2000 y 2004; y 2,810 durante los gobiernos de Fernández entre 2004 y 2012. Durante los ocho años de Danilo Medina, entre 2012 y 2020, se reportaron 1,092 decesos. En la gestión de Luis Abinader, el material recopila 77 muertes en 2021, 227 en 2024 y 190 en 2025. «En los periodos de Leonel Fernández aquí mataron alrededor de 4,034 personas. Entonces, es una política para, entre comillas, deshacerse de esos jóvenes supuestamente delincuentes», añadió Mercedes.
Las cifras citadas necesitan ser verificadas con sus fuentes originales, los lapsos precisos y las categorías empleadas para clasificar los fallecimientos. No obstante, las denuncias mantienen vigente el debate sobre los métodos utilizados para combatir la delincuencia y los mecanismos de supervisión de las acciones policiales.
Las afirmaciones del exdirector policial y las nuevas interrogantes
En agosto, el entonces director general de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz, emitió unas declaraciones sobre la integridad en el servicio público que provocaron diversas interpretaciones. «No dejen de luchar por lo correcto, aunque les cueste el puesto. La integridad requiere carácter. Hacer lo correcto cuando nadie está observando es precisamente lo que define a un verdadero servidor público», manifestó.
Aunque algunos sectores interpretaron sus palabras como una referencia a la lucha contra la corrupción, el abogado Carlos Balcácer considera que el mensaje podría estar vinculado a otras acciones que, a su juicio, merecen ser investigadas. «Parece que se le propuso al anterior director de la Policía, a Cruz, que eso era lo que se avecinaba. Y él dijo: “No, conmigo no pueden contar para eso”. Por eso, se despide de la Policía y les advierte: “Cuidado, ¿eh? No manchen sus uniformes, cuiden sus uniformes”. Porque él ya percibía lo que venía. Eso está ahí», sostuvo Balcácer.
Esta interpretación del abogado no confirma por sí misma la existencia de una propuesta para llevar a cabo actuaciones ilegales. Sin embargo, sus declaraciones surgen en medio de nuevas interrogantes sobre los decesos registrados durante intervenciones policiales. Según las cifras recopiladas para esta investigación, durante los primeros dos meses de la gestión del mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García se habrían registrado cerca de 100 muertes ligadas a acciones policiales: 55 durante septiembre y aproximadamente 45 en lo que va de octubre. Al 28 de septiembre, los homicidios registrados en el país alcanzaban los 817. De ese total, 196 fueron atribuidos en el material a actuaciones de la Policía Nacional, equivalentes al 23 %. Estas estadísticas deben ser contrastadas con los registros oficiales para precisar las circunstancias de cada fallecimiento y las categorías utilizadas para su clasificación.
Lucifer: un fallecimiento bajo escrutinio
Entre las familias que cuestionan las versiones ofrecidas por las autoridades se encuentra la de Aneury Santiago Cabrera Estévez, conocido como Lucifer, de 38 años, quien era buscado por su presunta conexión con asaltos a mano armada y robos con violencia. Murió tras recibir un disparo durante una operación de agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en el ensanche La Paz, del Distrito Nacional. La versión policial afirmó que el hombre se enfrentó a los agentes, pero su hermana, Yudith Estévez, pone en duda las circunstancias en las que perdió la vida.
Estévez reconoce que su familiar comenzó a delinquir durante la adolescencia y que fue arrestado en múltiples ocasiones. También relata que, a pesar de los intentos de la familia por aconsejarlo, su comportamiento empeoraba después de salir de prisión. «Él era un muchacho normal como todos, incluso él viajaba a España, no tenía adicción, pero esos viajes, un muchacho de 16 años maneja dinero, hubo parte de mala influencia, los amigos lo llevaron a consumir, a llevar esa mala vida», relató.
La hermana explicó que en ocasiones ella misma lo entregaba a las autoridades para que respondiera por sus acciones. Horas antes de morir, Lucifer había visitado a su hermana y le advirtió que la Policía lo estaba buscando. Ella le recomendó entregarse, pero él se negó. «Él dice que tenía dos órdenes de arresto, con dos órdenes de arresto, no era para matarlo, era para apresarlo», expresó Estévez.
La muerte fue reportada como resultado de un intercambio de disparos. Sin embargo, la posterior difusión de imágenes de cámaras de seguridad generó interrogantes sobre lo ocurrido durante el operativo.
Axel Ferreras: la defensa denuncia impedimentos para entregarlo
El caso de Lucifer no es el único que ha generado cuestionamientos sobre las garantías de las personas buscadas por las autoridades. En Barahona, Axel Naviosky Ferreras, conocido como Cutico, fue relacionado con un incidente en el que resultaron heridos un civil y un agente policial. El hecho ocurrió en la avenida Luperón, donde también resultó herido el agente Erasmy Moreta y Wilmer Lara Féliz, señalado por las autoridades como un presunto delincuente. Según la versión policial difundida por los medios, ambos se desplazaban en una motocicleta cuando una patrulla intervino. Las autoridades sostuvieron que presuntamente se disponían a cometer un atraco y que, al advertir la presencia de los agentes, se produjo un enfrentamiento a tiros.
Axel, quien viajaba como acompañante de Wilmer Lara, relató que se asustó al percatarse de que este portaba un arma de fuego. «Ahí, ahí es que yo me asusto cuando veo que él tiene un arma. Me asusté e iba a frenar y él me dijo que acelere, acelera, acelera. Me está, me está dando para atrás para que acelere. Y yo aceleré. Y de ahí ya me escuché los fuetazos y ya», contó.
Durante la entrevista, reconoció que su acompañante habría disparado contra la Policía y afirmó que este llegó a apuntar con el arma a otra persona. «Él no lo encañonó, ¿cómo te digo? Él le iba a tirar, sí, lo apuntó», declaró al ser cuestionado sobre lo ocurrido.
El aspecto que centra la denuncia de sus abogados es lo ocurrido después. Según la defensa, a primera hora del día siguiente del incidente, la familia contactó al bufete para coordinar la entrega voluntaria del joven en Barahona. Sin embargo, aseguran que acudieron a distintas dependencias policiales y al Ministerio Público, pero no lograron que lo recibieran.
Gilbert Ronaldo Matos Cuevas, uno de sus abogados, relató que primero acudieron a la Policía, donde conversaron con el coronel del DICRIM, el vocero de la institución y el subdirector. «Estos nos dijeron que no nos podían recibir y que para recibirlo teníamos que llevar el arma de fuego. Luego fuimos donde el fiscal de Barahona y él nos expresó que él no podía recibir a ese joven», afirmó.
La defensa cuestiona que, a pesar de existir un aviso de búsqueda policial y una orden de arresto identificada con el número 2026-AJ009156, no se facilitara la entrega del joven. El documento señala que era buscado por su presunta participación en un ataque a una patrulla policial. La frase «estar en 29» se ha popularizado en las últimas semanas en las redes sociales, en medio de las denuncias por muertes durante operativos policiales. Según la explicación recogida para esta investigación, su origen se relaciona con la clave radial «1 en 29», utilizada en las comunicaciones policiales para reportar a una persona fallecida.
Los abogados sostienen que la entrega tuvo que gestionarse fuera de Barahona después de que, según su versión, las autoridades locales se negaran a recibirlo. La Policía y el Ministerio Público de esa provincia deben ofrecer su posición sobre estos señalamientos para esclarecer las circunstancias del procedimiento.
Derechos Humanos denuncia otros casos
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, asegura que la organización ha recibido denuncias de otras personas buscadas por las autoridades que intentaron entregarse y tampoco fueron recibidas. Según Mercedes, entre los casos reportados figuran dos jóvenes de San Luis y otras personas en Barahona, San Juan y la provincia Santo Domingo. «Mire cómo pasó en San Luis, que dos jóvenes que supuestamente eran buscados, fueron a entregarse, no los recibieron. Nosotros tenemos más de diez casos de jóvenes que en diferentes partes del país, incluyendo Barahona, incluyendo San Juan, aquí en la capital, la provincia de Santo Domingo, San Juan y otras provincias», manifestó.
El representante de derechos humanos sostiene que algunos de los jóvenes denunciados por la organización terminaron muertos posteriormente en hechos presentados como intercambios de disparos. Estas declaraciones constituyen denuncias que requieren ser examinadas caso por caso, mediante la revisión de las órdenes de arresto, los registros de las instituciones y las evidencias disponibles sobre cada intervención.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que, al 19 de octubre, 314 personas se habían entregado voluntariamente a las autoridades. No obstante, la cifra no permite establecer cuántas personas intentaron entregarse y no fueron recibidas ni cuántas desistieron por temor a las consecuencias. De acuerdo con los datos citados en el material de esta investigación, la Policía Nacional mantiene la búsqueda de 53,877 personas por distintos delitos. En ese contexto, las denuncias sobre supuestos obstáculos para la entrega voluntaria plantean interrogantes sobre los procedimientos que deben seguir quienes desean ponerse a disposición de la justicia.
Abogados cuestionan el manejo de las evidencias
Otro de los aspectos señalados por abogados y representantes de derechos humanos es el manejo de las evidencias en los escenarios donde se producen muertes durante operativos policiales. Carlos Balcácer cuestiona la forma en que, según sus denuncias, se realizan algunos levantamientos de cadáveres y reclama mayor transparencia en la presentación de las pruebas. «Hay un intercambio de disparos, entonces muéstrele el arma a la población», expresó.
El abogado también cuestionó la rapidez con la que, según afirma, algunos agentes retiran los cuerpos de las escenas antes de completar los procedimientos correspondientes. «El médico-legista que levanta el cadáver. ¿Cuál es la prisa de estos policías en lanzar cadáveres a camionetas, sin esperar el protocolo del médico-legista?», manifestó.
Balcácer se refirió además al caso de Lucifer y señaló que las imágenes de una cámara de seguridad muestran la llegada de dos motocicletas cuyos ocupantes, según su interpretación, serían agentes del DICRIM. Estas acusaciones deben contrastarse con las imágenes originales, los informes periciales y las explicaciones de las autoridades para determinar quiénes aparecen en la grabación, qué actuaciones realizaron y si se cumplieron los protocolos de preservación de la escena.
Policía remite las denuncias al Ministerio Público
Ante los cuestionamientos, el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, ha señalado que las personas que consideren haber sido afectadas por una actuación policial pueden presentar sus denuncias ante el Ministerio Público. «Todo aquel que se sienta afectado por la Policía Nacional ante un mal procedimiento, pues expone una querella en el Ministerio Público y, obviamente, el Ministerio Público va a investigar», declaró.
Mientras tanto, Carlos Balcácer y otros siete abogados han emprendido una acción judicial contra la institución y su director por las muertes ocurridas en los llamados intercambios de disparos. La iniciativa busca que se investiguen los casos y se establezcan responsabilidades si se comprueba que hubo actuaciones ilegales o ejecuciones extrajudiciales.
Las denuncias de las familias, los testimonios de los abogados y las imágenes de los operativos mantienen abierto el debate sobre la actuación policial y la necesidad de esclarecer las circunstancias de cada muerte. La delincuencia debe enfrentarse y quienes cometen delitos deben responder ante la justicia. Sin embargo, la persecución del crimen debe desarrollarse dentro de los límites establecidos por la ley. Una orden de arresto no es una sentencia de muerte. Detrás de cada supuesto intercambio de disparos hay familias que reclaman respuestas y una obligación del Estado de investigar, esclarecer los hechos y establecer responsabilidades. En un país donde no existe la pena de muerte, ninguna persona debería tener que recurrir a cámaras de seguridad, abogados y testigos para exigir que se respete su derecho a la vida y se le permita responder ante la justicia.
