La magistrada Esmirna Gisselle Méndez Álvarez, reconocida por su labor en casos de gran impacto como Coral y Coral 5G, ha sido designada para presidir el juicio por la tragedia del Jet Set. Este suceso, ocurrido en abril de 2025, resultó en 236 fallecimientos y ha generado gran conmoción nacional. La jueza, con casi dos décadas de experiencia judicial, enfrentará un nuevo desafío de alta relevancia.
La magistrada Esmirna Gisselle Méndez Álvarez, quien previamente encabezó el tribunal que impuso sentencias de hasta dos décadas de prisión en los casos Coral y Coral 5G, asumirá ahora la presidencia del proceso judicial por el desastre del Jet Set. Este lamentable evento, que tuvo lugar el 8 de abril de 2025, cobró la vida de 236 personas. Méndez es la presidenta judicial del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la entidad encargada de llevar el proceso legal contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, implicados en la gestión de la discoteca. Su nombramiento la sitúa nuevamente al frente de un caso judicial de gran trascendencia a nivel nacional, esta vez conectado con una de las catástrofes más mortales registradas en la historia reciente de República Dominicana.
Esmirna Gisselle Méndez cuenta con más de diecinueve años de trayectoria en el ejercicio de la judicatura y posee una maestría en Derecho Constitucional y Penal. Conforme a su perfil profesional, su experiencia conjuga el dominio del derecho penal y constitucional con la investigación jurídica, el trabajo colaborativo y la promoción de un sistema de justicia centrado en las personas. La magistrada subraya entre sus principios profesionales el compromiso con la toma de decisiones imparciales y debidamente justificadas, así como la aplicación de criterios legales orientados a asegurar la equidad. Además de sus funciones en los tribunales, ejerce como profesora en la Escuela Nacional de la Judicatura y en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde contribuye a la formación de futuros profesionales del derecho. Su labor académica se enfoca en enlazar la experiencia judicial con la enseñanza, la investigación y la preparación de nuevos especialistas para el sistema de justicia.
Uno de los expedientes más conocidos en los que ha participado es el caso Coral y Coral 5G, vinculado a una red de corrupción administrativa que, según la acusación del Ministerio Público, operaba en organismos de seguridad del Estado. En junio de 2026, el tribunal presidido por Méndez dictó penas de hasta veinte años de prisión contra varios de los principales acusados, entre ellos Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Rafael Núñez de Aza. La determinación fue tomada de forma colegiada, tras un extenso procedimiento judicial en el que se examinaron pruebas documentales, testimoniales y los argumentos de las partes. Otro de los expedientes en los que intervino fue el relacionado con el asesinato del abogado José Mercedes Ureña Reynoso, por el cual el tribunal dictaminó condenas de treinta años de cárcel contra tres imputados en 2014.
La designación del tribunal presidido por Méndez ocurre después de que el proceso por el colapso del techo de la discoteca Jet Set avanzara a la etapa de juicio. El establecimiento se derrumbó en la madrugada del 8 de abril de 2025, mientras el merenguero Rubby Pérez ofrecía una presentación artística. El cantante se encontraba entre las víctimas mortales. En el expediente están implicados los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, contra quienes el Ministerio Público presentó acusaciones por presuntas responsabilidades penales relacionadas con el derrumbe. Durante el proceso, el juez Franny González Castillo dispuso modificar la calificación jurídica de los hechos, pasando de homicidio involuntario a homicidio y lesiones voluntarias bajo la figura del dolo eventual. Con el expediente asignado al Primer Tribunal Colegiado, Esmirna Méndez deberá emitir en los próximos días el auto de fijación de audiencia, mediante el cual se establecerá la fecha para conocer los incidentes procesales y desarrollar el juicio. El tribunal tendrá la obligación de examinar las pruebas, escuchar los argumentos del Ministerio Público y las defensas, así como valorar los planteamientos de las víctimas y sus representantes legales, antes de emitir una decisión conforme a derecho.
