La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha revelado la existencia de redes de tráfico humano que coaccionaron o engañaron a ciudadanos extranjeros, incluyendo a dominicanos, para unirse a las fuerzas armadas rusas y combatir en Ucrania. Un informe detallado expone cómo estas personas eran enviadas bajo la apariencia de turistas a Rusia, solo para ser forzadas a firmar contratos militares en un idioma que no comprendían, enfrentando graves riesgos y amenazas si intentaban retirarse.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha verificado la operación de redes de tráfico de personas. Estas redes, mediante la manipulación o la presión, reclutaban a individuos de otras nacionalidades, incluyendo a ciudadanos de República Dominicana, para integrarlos en las Fuerzas Armadas de Rusia y enviarlos a luchar en el conflicto contra Ucrania. El informe, con la identificación A/81/440 y fecha del 19 de octubre de 2026, detalla que personas de República Dominicana, Colombia y Perú recibían indicaciones de agencias de contratación para viajar sin necesidad de visado. Utilizaban documentos que presentaban sus traslados como viajes de esparcimiento a Turquía o Rusia, aunque en realidad formaban parte de sistemas de captación para el servicio militar.
Estas prácticas ya habían sido documentadas y expuestas por el programa N Investiga, dirigido por la periodista Nuria Piera, a través de una serie de reportajes. Estos reportajes mostraron relatos de dominicanos atraídos por promesas de trabajo falsas, acuerdos militares escritos en ruso, intimidaciones contra quienes intentaban abandonar el servicio y quejas de familiares que no sabían dónde estaban sus seres queridos. Las investigaciones también revelaron las condiciones que podían mantener a los afectados atados al Ejército ruso por un año, con el riesgo de enfrentar sanciones legales o deudas financieras si intentaban desvincularse.
El documento de Naciones Unidas, presentado este lunes ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, analizó el reclutamiento de ciudadanos de 48 países. Encontró pruebas de captación por engaño o coacción en 29 naciones, entre ellas República Dominicana, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras y Perú. La comisión concluyó que las autoridades rusas, en colaboración con intermediarios que operaban en distintas partes del mundo, practicaron el tráfico de personas. Su objetivo era incorporar extranjeros a sus fuerzas militares, utilizando un esquema que combinaba falsas oportunidades laborales, traslados internacionales y contratos firmados bajo presión.
Dominicanos eran trasladados bajo la apariencia de viajes turísticos
Uno de los descubrimientos más importantes para República Dominicana se encuentra en el párrafo 49, página 11 del informe. Allí, los investigadores explican cómo las agencias organizaban los viajes de las personas captadas. Según el documento, los intermediarios gestionaban pasajes aéreos, permisos de entrada, hospedajes y otros trámites necesarios para llevar a los extranjeros a territorio ruso. En el caso de los dominicanos, junto con ciudadanos colombianos y peruanos, los investigadores hallaron que las agencias les instruían a viajar sin visado y a usar documentos que presentaban el desplazamiento como un viaje turístico a Turquía o Rusia. El informe también indica que los vuelos de los reclutados podían incluir paradas en países como Brasil, México, Panamá, España, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, entre otros destinos. Las agencias que participaban en estas operaciones a menudo se presentaban como empresas legítimas de viajes, turismo o contratación de personal. Algunas incluso aseguraban tener respaldo gubernamental. Los investigadores identificaron un alto grado de coordinación entre los intermediarios que operaban en los países de origen, los agentes encargados del traslado y las autoridades rusas que recibían a los extranjeros.
Contratos militares de un año firmados bajo amenazas
Una vez en Rusia, los extranjeros eran llevados a alojamientos provisionales y posteriormente entregados a estructuras militares. De acuerdo con la comisión, a muchos se les obligaba a firmar contratos con el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, los cuales establecían un compromiso de servicio militar por un período de un año. Los documentos estaban redactados exclusivamente en ruso, un idioma que la mayoría de los afectados no comprendía. Los investigadores verificaron que, en numerosos casos, a los reclutados se les quitaban sus teléfonos móviles, pasaportes y licencias de conducir, lo que dificultaba su comunicación con familiares y limitaba sus posibilidades de escape. La comisión obtuvo copias de contratos que presentaban un formato idéntico, sin importar el país de procedencia de los reclutados. Los testimonios también describen amenazas de muerte contra quienes se negaban a firmar. Uno de los afectados relató que fue llevado a un sitio donde presenció cómo disparaban a cuatro rusos y luego le advirtieron que él sería el siguiente si no aceptaba incorporarse al servicio militar. Otros denunciaron que permanecían bajo vigilancia en instalaciones militares y que intentar escapar podía costarles la vida.
N Investiga había expuesto las condiciones de los contratos rusos
En la tercera parte de su indagación sobre dominicanos reclutados para la guerra, N Investiga obtuvo acceso a un contrato militar redactado en ruso. Este documento permitió examinar las responsabilidades y las consecuencias que enfrentaban los ciudadanos que se unían a las Fuerzas Armadas de ese país. El documento analizado por el programa estaba ligado a la Orden número 625 del Ministerio de Defensa ruso, del 18 de septiembre de 2023, y establecía un compromiso de servicio por un año. Entre las obligaciones se incluían acatar las normas militares, prestar juramento y servir a la Federación de Rusia. El contrato también preveía el reembolso de fondos destinados a la capacitación militar en ciertas circunstancias de retiro anticipado, aunque el espacio correspondiente al monto de esa deuda aparecía en blanco. Durante el reportaje, el abogado Juan José Eusebio, experto en Seguridad y Defensa Nacional, explicó que abandonar el servicio podría acarrear repercusiones penales según la legislación rusa, con posibles condenas de entre cinco y 20 años de cárcel por deserción, dependiendo de cada situación. La investigación periodística también tuvo acceso a una grabación atribuida a un miembro de la estructura de reclutamiento, así como a relatos de familiares que informaban de dificultades para comunicarse con los dominicanos que seguían en Rusia. Entre los casos expuestos figuró el de Jesús Campusano, un obrero de 52 años de Bajos de Haina que viajó a Rusia tras responder a una oferta de empleo civil difundida por Facebook. Sus familiares denunciaron que posteriormente quedó ligado a un contrato militar, a pesar de que su viaje había sido motivado por una oportunidad de trabajo.
Cuatro dominicanos denunciaron amenazas de muerte tras escapar
En otra investigación, cuatro jóvenes dominicanos contactaron directamente al equipo de N Investiga para denunciar que habían logrado huir de sus supuestos reclutadores. Acudieron a la Embajada de República Dominicana en Rusia buscando protección. Los afectados afirmaron que nunca habían firmado contratos para incorporarse formalmente a las Fuerzas Armadas rusas y que temían ser enviados al frente de combate. Según sus declaraciones, incluso después de recibir ayuda diplomática, seguían recibiendo amenazas de muerte a través de mensajes de WhatsApp. Las personas que supuestamente los reclutaron aseguraban conocer su ubicación y los números de las habitaciones del hotel donde se hospedaban. También denunciaron que les exigían 10,000 dólares por persona, a pesar de que afirmaban no haber suscrito compromisos militares. Los jóvenes explicaron que inicialmente eran cinco los dominicanos implicados, pero solo cuatro consiguieron ponerse bajo la protección de las autoridades diplomáticas. Del quinto aseguraron desconocer su paradero. Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) informó que había gestionado los pasajes aéreos para facilitar el regreso de los cuatro ciudadanos, quienes emprendieron su viaje de retorno a República Dominicana. No obstante, la versión oficial de la Cancillería difirió de las denuncias de los jóvenes respecto a las amenazas, al sostener que permanecieron protegidos durante la asistencia diplomática. Aunque la comisión de Naciones Unidas no identifica públicamente a estos cuatro dominicanos entre los casos individuales examinados, los mecanismos de presión, las amenazas y las prácticas de reclutamiento descritas en el informe guardan semejanzas con las denuncias difundidas por N Investiga.
ONU documenta entrenamientos de apenas 20 minutos y misiones de alto riesgo
El informe internacional también revela que muchos extranjeros reclutados carecían de experiencia militar y recibían una preparación sumamente limitada antes de ser enviados a las zonas de conflicto. Según los investigadores, los entrenamientos podían durar desde solo 20 minutos hasta un mes. Posteriormente, los reclutados eran enviados al frente de guerra en Ucrania, donde debían cavar zanjas, asegurar territorios, transportar alimentos y agua, recuperar cuerpos y participar en operaciones de asalto. La comisión documentó castigos, agresiones físicas, amenazas de muerte y vigilancia mediante drones para evitar que algunos soldados retrocedieran durante las operaciones. Numerosos extranjeros fallecieron, desaparecieron, resultaron heridos o fueron capturados poco después de su despliegue. El documento también recoge denuncias de familiares que perdieron la comunicación con sus seres queridos y, en algunos casos, se enteraron de sus muertes a través de redes sociales o de otros combatientes.
Reclutadores cobraban hasta 8,000 dólares y retenían salarios
La investigación también identificó un componente financiero en las redes de captación. Según el informe, algunos intermediarios exigían a los reclutados comisiones de entre 400 y 8,000 dólares para cubrir supuestos gastos de traslado y documentación. Estos montos podían cobrarse antes del viaje o descontarse de los salarios prometidos. Una vez incorporados a las estructuras militares, algunos extranjeros denunciaron que nunca recibieron sus pagos, que sus salarios fueron retenidos o que se realizaron retiros bancarios sin su autorización. En determinadas situaciones, los intermediarios o miembros del personal militar confiscaban las tarjetas bancarias de los reclutados o conservaban otra tarjeta con acceso a sus cuentas. Para respaldar sus hallazgos, la comisión recopiló 245 testimonios relacionados con los reclutados, sus familiares, representantes legales, autoridades, investigadores y periodistas. También examinó pasajes aéreos, itinerarios de viaje, visados, cartas de invitación, reservas de hoteles y contratos del Ministerio de Defensa ruso.
ONU contradice la idea de que todos los contratos fueron voluntarios
Las conclusiones de la comisión internacional adquieren particular importancia frente a las explicaciones ofrecidas por la Cancillería dominicana acerca de los contratos militares de ciudadanos identificados por sus familiares. En una comunicación difundida en octubre, el canciller Víctor Bisonó sostuvo que los contratos correspondientes a los casos conocidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores habían sido firmados voluntariamente y estaban redactados tanto en español como en ruso. El funcionario explicó que esas relaciones contractuales imponían condiciones y limitaciones a las gestiones que podía realizar el Estado dominicano para facilitar el retorno de sus ciudadanos. Sin embargo, el informe de Naciones Unidas establece que, entre los casos investigados, existieron contratos firmados bajo engaño o coacción, sin que los afectados comprendieran el idioma ni las obligaciones militares que asumían. Aunque el documento internacional no permite determinar si examinó los mismos contratos remitidos por la Cancillería dominicana, sus conclusiones plantean interrogantes sobre las circunstancias en que ciudadanos extranjeros aceptaron unirse al Ejército ruso. La comisión también especifica que la firma de un contrato militar no anula automáticamente la condición de víctima de trata, cuando la incorporación se produjo mediante engaño, amenazas o abuso de vulnerabilidad.
ONU pide liberar a las víctimas e investigar las redes de reclutamiento
Luego de evaluar las pruebas, la comisión concluyó que las autoridades rusas incurrieron en tráfico de personas y otras violaciones de derechos humanos al reclutar extranjeros para combatir en Ucrania. En consecuencia, recomendó a Rusia detener estas prácticas y desvincular inmediatamente del servicio militar a los extranjeros identificados como víctimas de trata, asegurando su protección y asistencia. También instó a los países de origen, incluida República Dominicana, a investigar y procesar a los responsables de estas redes, desarrollar campañas de prevención y colaborar para lograr el retorno de sus ciudadanos. Asimismo, explicó que los extranjeros incorporados formalmente a las Fuerzas Armadas rusas bajo estas circunstancias no deben ser considerados mercenarios y que, en caso de captura, les corresponden las protecciones establecidas para los prisioneros de guerra en los Convenios de Ginebra.
