La representación legal del exprocurador Jean Alain Rodríguez ha solicitado al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la eliminación de diversas pruebas. Argumentan que se obtuvieron de manera irregular y que no guardan relación con los bienes que las autoridades pretenden incautar. Estas objeciones se presentaron durante el juicio de fondo, donde los abogados reafirmaron incidentes previos debido a cambios en la conformación del tribunal.
Los abogados del exprocurador Jean Alain Rodríguez pidieron al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional desechar evidencias escritas, periciales y objetos físicos presentados por la Fiscalía. La defensa alega que hubo irregularidades en cómo se consiguieron, se integraron al proceso y en su conexión con los bienes que las autoridades buscan confiscar. Estos argumentos se expusieron en la audiencia del juicio principal, donde los letrados retomaron objeciones que, según explicaron, debían volverse a plantear debido a modificaciones en la composición del tribunal.
Entre sus argumentos, la defensa objetó el uso de propiedades como pruebas materiales que, según sostienen, fueron adquiridas por Rodríguez y su cónyuge antes de que él asumiera un cargo público. También demandaron la restitución de dichas propiedades y cuestionaron los tiempos en que se recolectaron ciertas pruebas.
Cuestionan tiempos para obtener evidencias
La licenciada Nelfy Rivas, miembro del equipo de defensa, explicó que entre los incidentes se encuentran peticiones para eliminar documentos y peritajes que, según afirmó, se recolectaron después de que expirara el plazo para presentar la acusación o mientras la Fiscalía estaba bajo intimación judicial para entregarla, tras haber pedido una prórroga.
La defensa argumenta que estas circunstancias justifican que las pruebas no sean aceptadas en el proceso y ha puesto en duda la legalidad de su obtención y presentación ante el tribunal. Los abogados también han objetado la incorporación de ciertas pruebas al considerar que no cumplen con los requisitos necesarios o que su presentación no especifica con claridad qué aspectos de la acusación buscan demostrar.
Piden excluir bienes y evitar su decomiso
Otro de los incidentes se refiere a propiedades que la defensa atribuye a compras realizadas por Rodríguez y su esposa antes de que él iniciara su período en la función pública. “Existe un inmueble con fecha de adquisición de hace 24 años que el Ministerio Público pretende utilizar como prueba material y posteriormente confiscar”, afirmó Rivas.
La abogada solicitó que el tribunal excluya esas pruebas materiales y ordene la devolución de los bienes a Rodríguez y su cónyuge. La defensa considera que las propiedades no deben ser objeto de decomiso por los hechos investigados si, como aseguran, fueron adquiridas antes del período al que se refiere la acusación.
Defensa cuestiona incautación de residencia en Casa de Campo
Los abogados también pidieron la devolución de una vivienda familiar ubicada en Casa de Campo, argumentando que las autoridades excedieron el alcance de las autorizaciones judiciales para incautar bienes. Según la defensa, una orden judicial del 1 de junio de 2022 autorizaba la incautación de cuatro terrenos específicos, pero no incluía extender la medida a las mejoras de la propiedad, los muebles y otros objetos personales y familiares.
La representación legal de Rodríguez sostiene que las autoridades combinaron distintas actuaciones judiciales para justificar la ocupación del inmueble y de los bienes que contenía. Por ello, solicitó que se anulen o modifiquen las medidas y que se restituyan las propiedades y pertenencias reclamadas. Respecto a otros inmuebles, la defensa ha argumentado que algunos fueron adquiridos y pagados antes del período investigado y que, por esa razón, no deberían incorporarse como pruebas materiales sujetas a decomiso. Estas afirmaciones corresponden a la postura de los abogados y no constituyen determinaciones del tribunal.
Tribunal recesa para concluir incidentes
La audiencia del juicio de fondo del caso Jean Alain Rodríguez, destinada a finalizar la presentación de 21 incidentes por parte de la defensa, fue suspendida hasta las 2:30 de la tarde de este lunes, con el objetivo de concluir la exposición y revisión de los incidentes pendientes. Antes de decretar la pausa, la defensa señaló que quedaban dos incidentes por abordar. Además, el tribunal respondió a un señalamiento sobre un presunto incidente omitido y explicó que, conforme a la resolución dictada, este estaba incluido en el bloque B, numeral 14, página 566. Las partes debían regresar para finalizar esa fase durante la jornada.
Acusación por presunta corrupción administrativa
El proceso deriva de una acusación del Ministerio Público que imputa a Rodríguez y otros acusados la supuesta operación de una red de corrupción administrativa dentro de la Procuraduría General de la República durante la gestión del exfuncionario, entre 2016 y 2020. Según el órgano acusador, las presuntas irregularidades habrían causado un daño superior a RD$6,000 millones, mediante acciones relacionadas con contrataciones, obras, pagos y manejo de fondos públicos. Rodríguez niega los cargos y ha sostenido que el proceso obedece a una persecución política. Las solicitudes para excluir pruebas y devolver bienes forman parte de los incidentes que el tribunal debe resolver antes de avanzar con las etapas subsiguientes del juicio.
