El personal de seguridad del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo intervino en dos incidentes separados que involucraron a internos. Uno fue por una presunta extorsión telefónica y el otro por exhibir un arma blanca. Ambos reclusos fueron controlados y posteriormente trasladados a aislamiento, enfrentando posibles sanciones disciplinarias por sus acciones.
En San Cristóbal, una denuncia por presunta extorsión desde un teléfono público y la exhibición de un arma blanca por otro recluso motivaron dos intervenciones del personal de seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo este martes. Ambos individuos fueron puestos bajo control y trasladados a celdas de aislamiento.
El primer caso se reportó cerca de las 11:00 de la mañana, cuando se informó a las autoridades sobre una supuesta llamada extorsiva que estaría realizando Melkin Cede Rodríguez Germán. Conforme al informe del penal, el recluso habría utilizado una de las cabinas telefónicas disponibles para que los internos se comuniquen con sus familiares.
Tras recibir la alerta, el personal llevó a cabo una inspección en la celda del implicado. Durante el procedimiento, este habría reaccionado de forma agresiva e intentado atacar al subdirector del establecimiento, además de causar desorden. Por ello, los agentes de seguridad intervinieron para controlarlo y aplicar los protocolos establecidos.
El segundo suceso involucró a Nael Esteban Peguero, quien, según las autoridades, gritaba desde una de las ventanas del recinto mientras mostraba un cuchillo. El personal de la prisión intervino y consiguió despojarlo del arma blanca antes de estabilizar la situación.
Ambos reclusos fueron separados del resto y remitidos a la comisión de evaluación y sanción del centro, la cual deberá revisar sus comportamientos y determinar las medidas disciplinarias apropiadas. Las autoridades también indicaron que podrían tomar otras acciones.
Cede Rodríguez Germán se encuentra recluido por una infracción a la Ley 24-97, mientras que Peguero cumple una pena de diez años por crímenes relacionados con asociación delictiva y robo, según la información proporcionada por el centro penitenciario.
