El Consejo de Ministros ha aprobado una significativa reforma antitabaco, la más importante desde 2011, que prohibirá fumar y vapear en terrazas de bares y restaurantes. La medida busca desnormalizar el consumo de tabaco y proteger la salud pública, especialmente de colectivos vulnerables, equiparando los cigarrillos electrónicos al tabaco convencional y ampliando los espacios libres de humo en todo el país. Además, se prohíbe explícitamente el consumo de tabaco a menores de edad.
En España, una arraigada costumbre de fumar en terrazas, incluso cerca de personas comiendo o niños, está por terminar. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de la reforma antitabaco más ambiciosa desde la prohibición de fumar en bares y restaurantes en 2011. Esta medida impactará significativamente en la hostelería, considerando que solo en Madrid existen más de 6.300 bares con terrazas que suman casi 64.000 mesas y más de 200.000 sillas.
La medida más visible y con mayor impacto afectará a las terrazas de bares y restaurantes. Una vez que la ley entre en vigor tras su tramitación parlamentaria, estará prohibido fumar y vapear en estos espacios. El Gobierno equipara los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado y las bolsas de nicotina al tabaco convencional en la mayoría de las restricciones que se aplicarán.
Aunque la encuesta ESTUDES 2025 del Ministerio de Sanidad indicaba mínimos históricos en la prevalencia de fumadores diarios entre adolescentes, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFyc) advirtió que el problema se ha desplazado. El 90,5% de los fumadores menores de edad utilizan tanto vapers como cigarrillos convencionales. Muchos jóvenes, de hecho, solo fuman cigarrillos electrónicos, percibidos como más limpios y modernos, aunque representan una alternativa defectuosa.
Mientras la legislación anterior protegía el interior de los locales, dejaba un vacío legal en los espacios exteriores. Esta reforma cierra esa brecha, reconociendo el riesgo persistente, especialmente para niños, embarazadas y trabajadores de hostelería que respiran ese ambiente durante sus jornadas laborales. La hostelería se enfrentará a una nueva realidad que restringe al fumador local, equiparándolo con la situación de Suecia, el único país de la UE donde ya está prohibido fumar en la mayoría de los espacios públicos al aire libre.
La reforma, impulsada por la ministra Mónica García, busca ampliar los espacios sin humo a marquesinas, festivales de música y eventos al aire libre o en recintos cerrados (como teatros y cines). Por primera vez, prohíbe expresamente fumar a los menores de edad, lo que representa un cambio cultural significativo. El texto, que modifica la Ley 28/2005, también incluye como espacios libres de tabaco las playas (marítimas y fluviales), los centros deportivos y piscinas públicas, la red de Parques Nacionales y los vehículos de trabajo, siempre que se esté prestando un servicio profesional.
El objetivo principal es desnormalizar el consumo de tabaco, haciendo que deje de ser parte del paisaje cotidiano. El Ministerio de Sanidad se apoya en evidencia científica que sugiere que la exposición visual al tabaco aumenta la probabilidad de que los adolescentes lo perciban como una conducta normal y, eventualmente, fumen. Reducir esta presencia visible también disminuye el atractivo social del cigarrillo.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que "la realidad del tabaquismo ha cambiado y esta reforma persigue un objetivo muy claro: avanzar hacia una generación libre de tabaco". Los datos respaldan esta afirmación. Una de las grandes novedades es la prohibición de consumo para menores. Hasta ahora, la ley impedía la venta de tabaco a menores; ahora, también les prohíbe consumirlo, vapear o utilizar bolsas de nicotina.
Esta diferencia tiene importantes consecuencias jurídicas. Las sanciones recaerán sobre los responsables legales cuando corresponda y buscan reforzar el mensaje preventivo más que la recaudación. La reforma modifica el régimen sancionador, estableciendo multas desde 200 euros para estas infracciones. En el caso de los menores, la responsabilidad económica recaerá sobre los progenitores o tutores legales. Sin embargo, el proyecto también contempla la posibilidad de sustituir la sanción económica por trabajos en beneficio de la comunidad, con un claro enfoque educativo y preventivo, similar a lo que ya existe en otras normativas dirigidas a menores.
