La Unión Europea implementa una nueva normativa de reciclaje, el Reglamento (UE) 2025/40 o PPWR, que exige a las empresas designar un agente en cada país de destino para gestionar el reciclaje de sus envases. Esta medida, que entra en vigor el 12 de agosto, está generando preocupación entre artesanos y pequeños comerciantes, quienes enfrentan un aumento considerable en los costos operativos y una compleja carga burocrática.
La Unión Europea, en su afán regulatorio, está introduciendo numerosos cambios que no siempre se comprenden en su totalidad. Uno de los más inminentes está relacionado con el reciclaje dentro del continente: toda empresa que envíe productos debe contar con un agente en cada país de destino para asegurar el reciclaje de los envoltorios. Esta medida representa un desafío significativo para artesanos y pequeños negocios.
La normativa se denomina Reglamento (UE) 2025/40 o PPWR (Reglamento sobre envases y residuos de envases). Su objetivo es regular los materiales y el diseño de todos los envases dentro de la UE, así como su proceso de reciclaje, para contribuir a la sostenibilidad. Esta normativa entró en vigor el 11 de febrero de 2025 y se aplica a partir del 12 de agosto. Dentro de su amplio rango de afectación, se encuentra un colectivo que podría ver encarecido radicalmente su negocio: el de los pequeños comerciantes. Debido a la obligación de mantener un embalaje lo más sostenible posible y que este pueda ser reciclado en el país de destino de cada envío, todos los negocios que comercien dentro de la Unión Europea deben hacerse responsables de su producto cada vez que entra en un nuevo país, un concepto conocido como Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP o EPR). Esto aplica solo en los países donde comercien y siempre que los negocios envíen al cliente final, no a otro negocio, en cuyo caso la RAP recaerá en este último.
El artículo 44 de la PPWR exige que cada productor se registre en el país al que envía por primera vez. El artículo 45 asigna la Responsabilidad Ampliada del Productor o RAP (EPR por sus siglas en inglés). Por ejemplo, si un dibujante español vende sus obras originales en Francia y Alemania, debe hacerse responsable del embalaje del producto en cada uno de estos países. Lo habitual es que un agente se encargue de la RAP, cobrando un importe anual por este trabajo, un coste que no es precisamente económico y que debe multiplicarse por cada país de envío. Este exceso de regulación puede volver inviable el pequeño negocio.
La clave reside en la definición de 'productor'. Cualquier pequeño comercio que envíe su producto directamente a un usuario final en otro país europeo puede convertirse en productor a efectos de la RAP en ese lugar. También se considera fabricante si es quien diseña y fabrica el embalaje que protege el producto enviado. En cualquier caso, debe hacerse responsable de dicho embalaje y cumplimentar una serie de formularios que especifican el tipo de materiales, su reciclabilidad y el análisis de las sustancias que componen el embalaje. Esta traba regulatoria es tan compleja que la forma más sencilla de asumirla es contratando los servicios locales de una agencia especializada en la PPWR.
En cuanto al coste de contratar los servicios de un agente encargado de la Responsabilidad Ampliada del Productor en cada país de la Unión Europea, los precios varían según la agencia. A modo de ejemplo, algunos costes anuales para un productor o fabricante que envía por primera vez un producto a estos países y cuyo destino es una persona, son: Alemania: 360 euros; Francia: 580 euros; Grecia: 780 euros; Italia: 805 euros; Portugal: 1.185 euros. A estos costes anuales hay que sumar los del propio embalaje y el valor de cada envío, que no están incluidos en los servicios del agente.
Con la PPWR a punto de aplicarse, muchos pequeños negocios y artesanos se han manifestado en contra. En Change.org, se han recogido casi 37.000 firmas a favor de una moratoria de la PPWR. Etsy ha publicado un manual completo para sus pequeños vendedores, y en Reddit existe un hilo extenso con opiniones y quejas de primera mano.
Europa ha planteado enmendar el problema, pero aún no ha tomado medidas serias para solucionarlo o aplazarlo, lo que permitiría a los pequeños negocios y artesanos seguir enviando sus productos sin asumir los elevados costes de la PPWR. El panorama actual es el siguiente: en diciembre de 2025, la Comisión Europea propuso posponer la aplicación del artículo 45 hasta 2035. En junio de 2026, el Consejo de la Unión Europea interrumpió las negociaciones anteriores debido a las reservas de una amplia mayoría de países y remitió el asunto a la futura Ley de Economía Circular, que se negocia en otoño. En el Parlamento Europeo, la propuesta de suspensión del artículo 45 sigue en marcha, aunque recortada, y se planea votarla en comisión hacia el 1 de octubre, una vez que el PPWR ya esté aplicado.
La PPWR es una buena idea con una mala aplicación. Busca que fabricantes, importadores y productores aseguren la sostenibilidad de sus productos dentro de Europa y eviten aprovecharse de la situación legal de la Unión para ahorrar al máximo en los costes de envío por volumen. Sin embargo, una normativa genérica tiende a afectar a sectores que no merecen una aplicación tan rigurosa, incluyendo a pequeños negocios, artesanos, artistas y todos aquellos que buscan simplemente obtener un beneficio de su trabajo. El hecho de que Europa aún no haya encontrado la forma de aplicar la PPWR con sentido común es una señal de la enorme burocracia que afecta a la Unión. La obligación que asfixia a un artesano español es la misma que impide que un vendedor de China envíe 10.000 paquetes al año sin pagar por ellos, ni en costes económicos ni medioambientales. Europa propuso liberar a uno sin dejar de presionar al otro, pero fueron los propios Estados los que se negaron. El 12 de agosto podría marcar el inicio de la desaparición de muchos negocios.
