El expresidente francés Nicolas Sarkozy se enfrenta a una tercera condena por presunta financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007 con fondos del régimen libio de Muamar Gadafi. La fiscalía presentó pruebas incluyendo testimonios y documentos, mientras que la defensa niega los hechos y cuestiona la falta de pruebas directas. El veredicto se conocerá este miércoles, tras un juicio que ha generado gran expectación.
El expresidente francés Nicolas Sarkozy, ya condenado en dos ocasiones por corrupción y financiación ilegal, podría recibir una tercera sentencia este miércoles. Esta vez, se le acusa de recibir fondos ilegales del régimen libio de Muamar Gadafi para su campaña presidencial de 2007.
Durante tres meses, entre enero y abril, la fiscalía presentó pruebas que incluyen testimonios de exfuncionarios libios, documentos incautados y la confesión de un mediador franco-libanés, Ziad Takieddine, cuya declaración fue crucial para la investigación. Takieddine falleció en Beirut dos días antes de la sentencia, siendo juzgado en rebeldía por negarse a comparecer.
La acusación solicita siete años de prisión y una multa de 300.000 euros para Sarkozy, además de condenas menores para exministros e intermediarios.
Sarkozy, de 70 años, niega las acusaciones y afirma que no se ha encontrado evidencia del dinero. Durante el juicio, cuestionó la contundencia de la fiscalía, argumentando la ausencia de pruebas directas. La presidenta del tribunal recordó que en casos de corrupción, las pruebas suelen ser indicios acumulados, no pruebas materiales inmediatas.
Sarkozy ya cuenta con antecedentes penales: una condena por corrupción y tráfico de influencias en marzo de 2021 (confirmada en apelación y por el Supremo), y otra por financiación ilegal de su campaña de 2012 (cuyo fallo definitivo del Supremo se espera el próximo mes). También está imputado por intentar silenciar a Takieddine, proceso en el que se menciona a su esposa, Carla Bruni.
Según la acusación, la presunta colaboración entre Sarkozy y el régimen de Gadafi comenzó en 2005, cuando Sarkozy era ministro del Interior. Se basa en supuestas transferencias de dinero, reuniones con figuras clave del régimen, y anotaciones en agendas que registran pagos sospechosos.
La defensa considera que todo esto es un relato hipotético que no demuestra la financiación ilícita.
Una condena confirmaría la pena más dura en la carrera judicial de Sarkozy, por la gravedad de los cargos y el impacto político de que su llegada al poder en 2007 se hubiera basado en fondos extranjeros de un régimen que Francia ayudó a derrocar en 2011. A pesar de estar alejado de la primera línea política, Sarkozy mantiene influencia en la derecha francesa y una alta popularidad que podría verse afectada por este nuevo revés judicial.
