República Dominicana afronta una desventaja arancelaria de 2.5 puntos porcentuales en el mercado estadounidense, al ser gravada con un 12.5% debido a la percepción de que no prohíbe la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. Esta situación contrasta con el 10% aplicado a otras naciones de la región, afectando la competitividad de las exportaciones dominicanas, especialmente las del sector de zonas francas, crucial para la economía del país.
La República Dominicana se encuentra en una situación desventajosa de 2.5 puntos porcentuales en comparación con varios de sus países competidores para vender sus productos en el mercado de Estados Unidos. Esto se debe a que EE. UU. impuso un arancel del 12.5% a las economías que, según su evaluación, no han implementado una prohibición de importación de mercancías elaboradas con trabajo forzoso.
Esta tarifa contrasta con el 10% establecido para diecisiete economías, incluyendo México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Estos países fueron identificados por Estados Unidos como naciones que ya cuentan con dicha prohibición, se han comprometido a implementarla, o poseen normativas parciales con efectos similares.
República Dominicana fue clasificada entre las economías sujetas al arancel del 12.5%, según datos proporcionados por el Representante Comercial de Estados Unidos. Esta diferencia es significativa dado el peso del mercado estadounidense para el sector exportador dominicano, particularmente para las zonas francas. Durante el año 2025, estas generaron exportaciones por US$8,548.6 millones, de las cuales US$2,890.4 millones correspondieron a productos médicos y farmacéuticos, el subsector exportador más importante, según el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE).
El impacto de esta disparidad arancelaria fue señalado por el senador de San Juan, Félix Bautista, quien argumenta que el 2.5% adicional podría mermar la competitividad de los productos dominicanos frente a artículos similares provenientes de países que acceden al mercado estadounidense con una tasa menor. El legislador calcula que esta diferencia podría significar hasta US$182 millones adicionales al año para los exportadores dominicanos, cifra que corresponde a su propia estimación.
Esta situación surge mientras el Gobierno dominicano ya ha tomado medidas para abordar el origen del conflicto. El 23 de julio, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto 502-26, el cual establece un proceso administrativo para prevenir, identificar y restringir la importación de productos fabricados total o parcialmente mediante trabajo forzoso, y autoriza a la Dirección General de Aduanas a prohibir su entrada cuando se compruebe dicha condición.
Sin embargo, para Bautista, este mecanismo administrativo no sería suficiente para que el país logre la reducción del arancel, y sugiere que la República Dominicana adopte una legislación específica sobre el tema.
La discusión se da en un contexto de crecimiento sostenido de las exportaciones de zonas francas. Entre enero y abril de 2026, estas alcanzaron US$2,803.3 millones, lo que representa un incremento interanual del 4.3%. Durante el mismo período, los productos médicos y farmacéuticos contribuyeron con US$966 millones, según el mismo CNZFE.
El punto crucial para el sector exportador es ahora si la República Dominicana será capaz de disminuir la brecha de 2.5 puntos que mantiene frente a varios de sus competidores y evitar que este diferencial termine encareciendo sus productos en uno de sus mercados principales.
