Una nueva herramienta digital, Cuban Medical Brigades, lanzada por Prisoners Defenders y Consorcio Justicia, busca exponer el funcionamiento y las condiciones de las misiones médicas cubanas en el extranjero. La plataforma compila testimonios, contratos y datos económicos, revelando supuestas prácticas de coacción, vigilancia y retención salarial. Las organizaciones promotoras afirman que el sistema, más allá de ser un programa de cooperación, constituye una significativa fuente de ingresos para el Estado cubano.
Una herramienta digital innovadora pretende examinar, país por país, la operación de las misiones médicas cubanas y las circunstancias bajo las cuales miles de profesionales son enviados al extranjero. Esta iniciativa, denominada Cuban Medical Brigades, fue presentada este miércoles por Prisoners Defenders y Consorcio Justicia. La plataforma agrupa declaraciones, acuerdos contractuales, normativas y estadísticas financieras vinculadas a estos programas. Las entidades promotoras aseguran que se trata de la base de datos pública más extensa dedicada a las misiones médicas de Cuba. El sistema contiene información pormenorizada sobre 209 naciones y territorios, permitiendo consultar aspectos como el número de especialistas enviados, los convenios firmados, los montos abonados por los países anfitriones y la remuneración final que percibe cada trabajador. Con datos actualizados hasta junio, la plataforma identifica 53 misiones activas y estima en 25.724 el número de profesionales cubanos desplegados fuera de la isla. Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, sostiene que el sistema médico cubano en el exterior no puede ser catalogado únicamente como un programa de colaboración. En declaraciones a Infobae, afirmó que durante décadas el Gobierno cubano ha utilizado estas misiones tanto como instrumento de propaganda como fuente de recursos económicos, y denunció prácticas que, a su parecer, incluyen la incautación de sueldos, la supervisión, las restricciones personales y las penalizaciones contra quienes abandonan las brigadas.
Más de 1.400 testimonios
El elemento central de la plataforma lo constituyen 1.402 relatos recabados desde 2018. De estos, 1.185 permanecen resguardados y 217 son accesibles al público. Las narraciones corresponden a especialistas que han laborado en 60 naciones y posibilitan identificar patrones que, según las organizaciones, se reiteran entre los participantes. Uno de los principales se relaciona con la presunta falta de libertad para unirse a las misiones. El 89,79% de los declarantes afirmó haber sido forzado a participar o haber aceptado debido a presiones. En una pregunta específica sobre la voluntariedad, el 77,72% indicó que su determinación no fue libre. Los documentos también evidencian problemas vinculados a los contratos: el 32,41% aseguró no haber recibido nunca uno, mientras que otro 36,20% señaló que lo firmó pero no obtuvo una copia. Adicionalmente, el 69,62% indicó que desconocía su destino final o que este fue modificado una vez que llegó al país.
Vigilancia y restricciones
Otro aspecto resaltado por la base de datos es el control sobre la vida diaria de los profesionales. El 77,64% de los testimonios protegidos reportó vigilancia por parte de funcionarios cubanos o colaboradores, mientras que el 81,18% aseguró haber experimentado limitaciones para moverse dentro del país donde trabajaba. La retención del pasaporte también figura en los testimonios: un 40% dijo que su documento fue retenido al llegar. Además, el 68,69% mencionó la existencia de toques de queda. La plataforma también hace referencia a la Resolución 368/2020 del Ministerio del Comercio Exterior de Cuba, que establece obligaciones para los cooperantes en relación con sus vínculos sentimentales y con su regreso a la isla, de acuerdo con las condiciones estipuladas por la entidad contratante.
Jornadas extensas y diferencias salariales
Los datos compilados también señalan una marcada disparidad entre el dinero que abonan los países receptores y lo que reciben directamente los profesionales. Según la plataforma, las jornadas laborales alcanzan un promedio de 71,89 horas semanales, sumando el trabajo habitual, guardias y servicios extraordinarios. El ingreso neto promedio declarado por los médicos y otros profesionales en el extranjero fue de 462,29 dólares mensuales, equivalente aproximadamente al 15% de lo que habría sufragado el Estado receptor. El 85% restante, de acuerdo con Prisoners Defenders y Consorcio Justicia, permanece en manos del Estado cubano y de entidades intermediarias. Los casos incluidos en la documentación revelan diferencias significativas. En México, por ejemplo, se registran profesionales que recibieron 200 dólares mensuales mientras el Estado cubano percibía 3.750 dólares por cada trabajador. En Italia, un acuerdo de Calabria firmado en 2022 estableció un pago de 4.700 euros mensuales por profesional: 3.500 euros para la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos y 1.200 para el trabajador.
La separación de las familias
Las denuncias también abarcan el ámbito familiar. Según los testimonios recopilados, algunos profesionales que abandonaron las misiones o fueron considerados desertores han enfrentado impedimentos para retornar a Cuba y reencontrarse con sus parientes. El 40,51% de los declarantes protegidos afirmó haber estado o seguir separado de forma forzosa de hijos menores. Además, 53 personas aseguraron que se les impidió entrar a Cuba para visitarlos. La plataforma contabiliza 9.646 profesionales clasificados como «desertores» por el régimen cubano. En 2022, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas expresó su inquietud por esta prohibición de facto, que puede extenderse hasta ocho años, y solicitó modificar las normativas penales que la respaldan. Larrondo aseguró que estas restricciones han provocado que numerosos médicos se encuentren alejados de sus hijos y familias.
Un negocio millonario para el Estado cubano
Detrás de las misiones también existe una considerable dimensión económica. Un informe de Prisoners Defenders publicado en 2024, elaborado a partir de datos cubanos y cifras de comercio de servicios profesionales de la Organización Mundial del Comercio, estimó que en 2021 las misiones médicas generaron alrededor de 5.976 millones de dólares. Según ese análisis, la exportación de servicios sanitarios constituye la principal fuente de divisas del Gobierno cubano. El British Institute of International and Comparative Law analizó, por su parte, 48 acuerdos relacionados con misiones médicas firmados con 19 contrapartes entre 1985 y 2023. El estudio halló referencias limitadas a las normas internacionales de derechos humanos y la ausencia de mecanismos efectivos de supervisión.
Organismos internacionales también han cuestionado el sistema
Las acusaciones no provienen únicamente de las organizaciones responsables de la nueva plataforma. El Parlamento Europeo aprobó cinco resoluciones entre 2021 y 2026 en las que calificó ciertas prácticas de las misiones como trabajo forzoso. La resolución más reciente, aprobada el 18 de junio, instó al Gobierno cubano a poner fin a las misiones que impliquen trabajo forzoso y reclamó que la Unión Europea no contribuya a esas vulneraciones. En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales también publicaron un informe en el que identificaron, en determinadas misiones, dos elementos asociados al trabajo forzoso: la ausencia de voluntariedad y la amenaza de una sanción. El Senado español se unió a los cuestionamientos el pasado 7 de abril, cuando aprobó una moción contra el envío forzoso de profesionales sanitarios y solicitó revisar acuerdos que pudieran estar financiando estas prácticas.
Cuba rechaza las acusaciones
El Gobierno cubano desmiente las acusaciones y sostiene que los profesionales participan voluntariamente en las misiones. También afirma que mantienen su salario en Cuba, de aproximadamente 20 dólares mensuales, y que aceptan que una porción de los ingresos obtenidos en el extranjero contribuya al financiamiento del sistema sanitario nacional. La plataforma refuta esta explicación mediante datos de la OMC y cifras del propio Estado cubano, según los cuales los recursos destinados al sistema de salud representarían menos del 1% de lo facturado por las misiones. Prisoners Defenders y Consorcio Justicia exigen ahora la supresión de las sanciones penales, migratorias y familiares relacionadas con el abandono de las misiones, así como la publicación completa de los contratos, el pago directo a los profesionales de la totalidad de sus remuneraciones y auditorías en los países receptores para determinar el destino de los fondos. La plataforma Cuban Medical Brigades continuará incorporando testimonios y documentación y puede consultarse en su sitio oficial.
