Una alianza de ocho grupos educativos y sindicales ha interpuesto una demanda contra la administración de Donald Trump. El objetivo es detener una nueva regulación que impone límites más estrictos a la duración de las visas para estudiantes, participantes de intercambios culturales y periodistas extranjeros. Los demandantes buscan que un tribunal federal anule esta medida, alegando que excede la autoridad legal y que no se llevó a cabo un proceso adecuado de evaluación y consulta pública.
En Los Ángeles, una coalición compuesta por ocho asociaciones de educadores y sindicatos ha presentado una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump. El propósito es impedir la implementación de una normativa que endurece las condiciones de permanencia para extranjeros que poseen visados de estudiante, para programas de intercambio cultural y para periodistas.
La acción legal solicita a un tribunal federal en Massachusetts que detenga la aplicación de la regla. Dicha regla reduce el tiempo de estadía legal para quienes ingresan al país con visados F (destinados a estudiantes universitarios), J (para participantes en programas de intercambio) e I (para representantes de medios de comunicación extranjeros).
La normativa, que debería entrar en vigor el próximo mes, establece que los titulares de visados F y J no podrán permanecer más de cuatro años por cada periodo de admisión. Además, los periodistas con visado I estarán restringidos a un máximo de 240 días, con la posibilidad de solicitar extensiones. Los periodistas con pasaporte chino, en particular, enfrentarán un límite máximo de 90 días.
Los demandantes argumentan un exceso de autoridad legal
La demanda sostiene que la norma definitiva contraviene la Ley de Procedimiento Administrativo. Esto se debe a que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) «no evaluó de forma adecuada» sus implicaciones económicas y sus ventajas. Tampoco respondió significativamente a los comentarios del público ni consideró opciones menos costosas, entre otras omisiones, según indicó la coalición en un comunicado. Los demandantes también afirman que el DHS se extralimitó en su autoridad legal y no proporcionó un período de consulta pública apropiado.
Fanta Aw, directora ejecutiva de la Asociación de Educadores Internacionales (NAFSA), la organización que lidera esta demanda, declaró en un comunicado que la normativa «afectará gravemente» las aportaciones que los estudiantes internacionales realizan a las universidades, la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos. Por esta razón, es fundamental detener su aplicación.
