La familia Mañón ha presentado una denuncia contra el Ministerio de Turismo, alegando que la entidad se niega a restituir la posesión de 41,000 metros cuadrados de terrenos. Según los afectados, el Ministerio mantiene ocupados estos predios ilegalmente, desobedeciendo una sentencia judicial previa. La familia exige el cumplimiento de la decisión de los tribunales y la devolución de sus propiedades, destacando el valor económico y el potencial turístico de los terrenos en disputa.
Los integrantes de la familia Mañón han manifestado su queja, señalando que el Ministerio de Turismo se rehúsa a entregar alrededor de 41,000 metros cuadrados de predios que, según afirman, han estado bajo su posesión de forma ilícita durante varios meses, contraviniendo una resolución judicial. De acuerdo con los denunciantes, los funcionarios de Turismo estarían desacatando lo establecido en la sentencia número 0030-1643-2026, por lo que demandan la ejecución efectiva de la decisión judicial y la restauración de los derechos de sus legítimos dueños. Explicaron que se trata de propiedades debidamente tituladas y de considerable valor monetario, con una significativa capacidad para proyectos turísticos, motivo por el cual consideran alarmante que su entrega continúe pendiente. Asimismo, reportaron la existencia de intereses conectados con la zona que, a su juicio, buscarían beneficiarse de esos predios, situación que calificaron de preocupante y que, en su opinión, debe ser investigada por las autoridades competentes.
Jacinto Mañón recordó que, dentro de un sistema legal, las entidades gubernamentales tienen la obligación de acatar las resoluciones emitidas por los tribunales, en concordancia con el principio de protección judicial efectiva y la naturaleza vinculante de las determinaciones judiciales. Consideró que la existencia de apelaciones o procedimientos posteriores debe definirse conforme a sus efectos jurídicos específicos, pero que ninguna institución puede optar unilateralmente por ignorar una orden judicial que sea ejecutable. En este sentido, exigió que el desacuerdo se resuelva exclusivamente a través de los mecanismos estipulados por la Constitución y las leyes dominicanas.
Ante lo que percibieron como una prolongada retención de los terrenos, la familia Mañón solicitó al presidente Luis Abinader que instruya al Ministerio de Turismo y a su titular para que acaten las disposiciones judiciales correspondientes. “Estamos pidiendo que se respete la legislación y que una entidad del Estado cumpla con lo determinado por los tribunales”, indicaron. Mañón Miranda sostuvo que el acatamiento de las decisiones judiciales constituye una salvaguarda esencial para mantener la seguridad jurídica, el derecho a la propiedad y la confianza de los inversores tanto nacionales como extranjeros. Reiteró que los aproximadamente 41,000 metros cuadrados representan un bien de gran valor y con posibilidades de desarrollo turístico, por lo que entiende que la prolongación del conflicto perjudica directamente a sus propietarios.
Finalmente, la familia afectada hizo un llamado a las autoridades para que se genere una solución institucional al caso y se dé cumplimiento a la decisión judicial, garantizando así los derechos que, según mantienen, les corresponden.
