Claudina Pérez Ramírez, conocida como 'La Tora', ha sido formalmente acusada por el Ministerio Público tras una querella por difamación e injuria presentada por Iluminada Muñoz. Los abogados de Muñoz alegan que los supuestos señalamientos se han extendido por más de cinco años. La audiencia para conocer la acusación y una solicitud de medida de coerción está fijada para este jueves 20 de agosto de 2026.
Los defensores de Iluminada Muñoz comunicaron que el Ministerio Público ha presentado cargos oficiales contra Claudina Pérez Ramírez, apodada 'La Tora', a raíz de una denuncia penal con constitución en actor civil interpuesta en el año 2024 por presuntos actos de difamación y calumnia. Los asesores jurídicos, Emery Colomby Rodríguez y Gabriel Brugal Villanueva, afirman que los incidentes reportados no constituyen un hecho aislado, sino una serie de imputaciones que, según su versión, se habrían prolongado por más de cinco años a través de diversos medios y plataformas de acceso público.
Según los letrados, después de recibir la demanda, el Ministerio Público llevó a cabo una investigación en la que se recolectaron diferentes pruebas relacionadas con las publicaciones y expresiones atribuidas a Pérez Ramírez. Como resultado de dicha investigación, el organismo acusador formuló una acusación formal y solicitó una medida de coerción contra 'La Tora', cuya revisión está programada para este jueves 20 de agosto de 2026, a las 9:00 de la mañana, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional.
Abogados sostienen que las imputaciones se extendieron por años
Los representantes de Muñoz declararon que Pérez Ramírez habría sido convocada en varias ocasiones durante el proceso y que, según manifiestan, no ha comparecido ante las autoridades pertinentes. Los abogados también argumentan que, a pesar del proceso iniciado, la comunicadora habría continuado realizando declaraciones públicas que consideran vinculadas con los mismos hechos denunciados.
“La justicia no puede permanecer pasiva ante una conducta que, según los elementos incorporados al expediente, se ha prolongado por años y que ha impactado directamente el honor, la dignidad y la reputación de nuestra representada”, expresaron.
No obstante, será durante las diversas fases del procedimiento judicial cuando se deberán establecer las responsabilidades correspondientes, conforme a las pruebas que sean aceptadas y valoradas por las autoridades competentes.
Buscan una resolución judicial y compensación por los perjuicios alegados
Los abogados de Muñoz aclararon que la acción legal no busca convertirse en un enfrentamiento personal, sino obtener una respuesta institucional ante los hechos denunciados y determinar las responsabilidades que correspondan de acuerdo con las leyes dominicanas.
Además de la acción penal, la querella incluye la constitución en actor civil, mediante la cual la parte demandante busca obtener compensación por los daños que alega haber sufrido como consecuencia de las acciones denunciadas. En caso de que los tribunales dictaminen una reparación económica a favor de Muñoz, sus abogados explicaron que su representada considera destinar esos fondos a fortalecer el ejercicio profesional de la comunicación y realizar contribuciones a instituciones que desarrollen programas de atención, prevención y asistencia para personas afectadas por el cáncer en República Dominicana.
“Iluminada Muñoz comprende que una posible reparación no busca una compensación individual, sino transformar este proceso complejo en una oportunidad para contribuir con causas sociales y con personas que enfrentan situaciones particularmente difíciles”, indicaron.
La audiencia está fijada para este jueves
Los representantes legales reiteraron su confianza en el sistema judicial y aseguraron que continuarán defendiendo los intereses de Muñoz dentro del debido proceso. La audiencia para examinar la acusación y la solicitud de medida de coerción contra Claudina Pérez Ramírez está programada para este 20 de agosto, a las 9:00 de la mañana, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El proceso deberá determinar ahora, basándose en los elementos presentados por el Ministerio Público y las posturas de las partes, si existen fundamentos suficientes para las medidas solicitadas y, posteriormente, las posibles responsabilidades penales y civiles que pudieran surgir de los hechos denunciados.
