El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha ordenado el traslado temporal de la sede del Ejecutivo a Latacunga, en respuesta a las protestas generadas por la eliminación del subsidio al diésel. Esta medida busca un diálogo directo con la ciudadanía en las zonas afectadas. La vicepresidenta también se trasladará a otra provincia. El gobierno afirma que la capitalidad de Quito no se ve afectada.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decidió trasladar temporalmente la sede del Ejecutivo de Quito a Latacunga (Cotopaxi). La finalidad es que las autoridades se ubiquen en regiones donde la situación social demanda presencia estatal y diálogo directo, especialmente debido a las recientes protestas por la eliminación del subsidio al diésel.
El decreto presidencial indica que la vicepresidenta María José Pinto desempeñará sus funciones en Otavalo (Imbabura).
El gobierno enfatiza que esta descentralización administrativa no modifica el estatus de Quito como capital, ni altera la estructura del Estado. La función Ejecutiva puede operar desde diferentes puntos del país, siempre priorizando el contacto con la ciudadanía.
El decreto destaca que las facultades de desconcentración y organización de la función Ejecutiva implican no solo una estructuración funcional, sino también una proximidad física del Gobierno con la ciudadanía en todo el territorio nacional, para lograr una gestión pública inclusiva y cercana a las realidades y necesidades de la población.
Por lo tanto, es necesario que las instituciones que conforman la función Ejecutiva puedan ejercer sus funciones desde cualquier parte del territorio nacional. Esta medida, según el decreto, no afecta el equilibrio y separación de los poderes, ni modifica la capital del país.
El presidente Noboa firmó el decreto después de ordenar la eliminación del subsidio al diésel el viernes y anunciar medidas compensatorias.
La eliminación del subsidio al diésel provocó un aumento inmediato en el precio del combustible, pasando de 1,80 a 2,80 USD por galón en todo el país. El gobierno estima un ahorro fiscal de USD 1.100 millones, que se destinarán a programas sociales e incentivos a la producción nacional.
La medida generó diversas reacciones. Cámaras empresariales la respaldaron, mientras que los gremios de transportistas la rechazaron y convocaron una suspensión de actividades en la provincia de Pichincha a partir del 15 de septiembre si no se revierte la decisión. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) advirtió sobre el riesgo de nuevas protestas, recordando movilizaciones pasadas contra recortes similares.
El Frente Unitario de Trabajadores calificó el retiro del subsidio como perjudicial para los asalariados. Señaló que el transporte representa cerca del 20% del costo de la canasta básica, por lo que el alza del diésel podría incrementar la inflación anual hasta en tres puntos, afectando directamente los precios de productos esenciales.
El gobierno defendió la medida argumentando que el subsidio representaba una carga fiscal que generaba distorsiones en el mercado y no beneficiaba a la población más vulnerable. Los fondos liberados, según el gobierno, se usarán prioritariamente en protección social.
En materia de seguridad, el Ejército capturó en Maldonado (Carchi) a Ángel Polibio Quendi Güiz, líder del Frente Iván Ríos, una facción disidente de las FARC. Conocido como “indio”, está acusado de minería ilegal, extorsión y delitos relacionados con economías ilícitas fronterizas, incluyendo cobros a mineros clandestinos y colaboración con organizaciones criminales mexicanas y locales. En el operativo se incautaron armas y municiones.
La captura se produce en el contexto de la declaratoria de “conflicto armado interno” contra grupos armados y criminales en Ecuador desde principios de 2024. Las autoridades militares destacaron que esta acción golpea la estructura de financiamiento ilegal en la frontera norte, mientras el país busca fortalecer el control y la seguridad regional.
