El Ministerio de Salud Pública ha confirmado la transferencia gratuita de medicamentos y vacunas al Seguro Nacional de Salud (SENASA). Esta revelación surge tras una denuncia sobre supuestas compras millonarias reportadas por SENASA. La investigación apunta a un posible fraude donde centros privados facturaban al SENASA insumos recibidos gratuitamente a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).
El Ministerio de Salud Pública confirmó a N Digital la transferencia sin costo de medicamentos y vacunas al Seguro Nacional de Salud (SENASA), los cuales posteriormente fueron reportados por esa institución como adquisiciones de gran valor.
Una fuente de alto nivel dentro de Salud Pública validó la información, explicando que los insumos fueron distribuidos gratuitamente a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), que adquiere vacunas y medicamentos a precios reducidos gracias al fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Esta confirmación sigue a la denuncia realizada por la periodista Edith Febles en el programa EL Día, quien reveló la existencia de un posible fraude de considerables proporciones.
Según las investigaciones, el proceso operaba de la siguiente manera: el PAI entregaba sin costo alguno los medicamentos y vacunas a centros privados autorizados en diversas provincias. Estos centros, en lugar de aplicarlos directamente a la población como parte del programa gratuito, los facturaban a SENASA como si fueran compras realizadas en el mercado privado. SENASA, a su vez, registraba estos pagos como gastos justificados en la provisión de servicios, cuando en realidad se trataba de productos que habían ingresado al país sin costo alguno.
Se estima que SENASA habría desembolsado alrededor de 700 millones de pesos bajo este esquema, lo que representaría un presunto fraude al sistema de salud y un impacto directo a los fondos de la seguridad social. En un solo caso, un centro privado vinculado a un importante grupo empresarial habría facturado hasta 500 millones de pesos por vacunas que originalmente fueron entregadas de forma gratuita.
El Ministerio de Salud también confirmó que en marzo pasado realizó operativos de cierre y sanción contra varios de estos centros, revocándoles sus códigos de habilitación. Estos establecimientos operaban en el Gran Santo Domingo, Baní, San Cristóbal, La Vega y localidades del Este del país, y actualmente se encuentran bajo investigación.
Esta situación ha generado gran preocupación debido a las implicaciones que podría tener para los más de siete millones de afiliados de SENASA, cuya cobertura estaría siendo comprometida por estas prácticas fraudulentas. El caso se suma a otras denuncias relacionadas con contratos irregulares, supuestos pagos ficticios y el crecimiento sospechoso de empresas privadas vinculadas al sistema, lo que ha motivado reclamos para que el Ministerio Público acelere las investigaciones y se apliquen sanciones ejemplares a los responsables.
