En medio de la polémica por presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), ha salido a la luz un nuevo contrato de gran envergadura bajo la modalidad de pago por cápita en el régimen subsidiado. Una investigación periodística reveló que KHERSUN S.A., del Grupo Read, sería una de las principales beneficiarias, recibiendo sumas millonarias mensuales. El reportaje también expuso deficiencias en la calidad de los servicios ofrecidos por algunos de los centros contratados.
Una investigación periodística presentada en un programa de televisión reveló que, aunque SeNaSa no hizo públicos los nombres de los centros, identificó a KHERSUN S.A., perteneciente al Grupo Read, como una de las mayores favorecidas. Según documentos mostrados, esta empresa percibía RD$ 65 millones cada mes, lo que suma RD$ 780 millones anualmente, para un total estimado de RD$ 3,770 millones entre 2021 y 2025. El acuerdo comprende 35 centros de atención en todo el territorio nacional, de los cuales cinco fueron visitados aleatoriamente con cámaras ocultas. Los resultados fueron preocupantes: ausencia de especialistas, equipos insuficientes y retrasos importantes en las citas.
Otra entidad que recibió el pago capitado fue DELESTE SRL, también propiedad del Grupo Read. Constituida en febrero de 2021, esta empresa se presenta como parte de la expansión de Punto Médico en áreas turísticas del Este del país. No obstante, la realidad muestra que solo dos de sus centros están ubicados en zonas turísticas (La Altagracia y San Pedro de Macorís), mientras que 18 de ellos están en zonas rurales del noroeste.
El contrato con Deleste establecía un pago de RD$ 130 por cada uno de los 300 mil afiliados, sumando RD$ 39 millones. De manera similar al caso de Khersun, el equipo de investigación advirtió sobre falencias en infraestructura y calidad de servicio en centros urbanos, lo que genera dudas sobre las condiciones de los ubicados en zonas rurales.
Después de la difusión del reportaje, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) suspendió contratos con al menos once empresas privadas que operaban bajo el esquema de pagos capitados fijos dentro del régimen subsidiado. Estas empresas, que durante años recibieron fondos públicos millonarios, seguirán recibiendo pagos solo por los servicios ofrecidos.
La tercera institución destacada es la Fundación de Servicio Ambulatorio Nacional de Salud (SANAS), liderada por el senador Félix Bautista. Si bien se presenta como una ONG sin fines de lucro, su red de atención médica ha jugado un papel clave en la estrategia electoral del legislador, quien se ha mantenido en el Senado desde 2010.
Tras la suspensión del pago capitado, se registró una desvinculación masiva de empleados en la fundación, lo que sugiere una alta dependencia de fondos públicos para su funcionamiento.
Desde SeNaSa se ha insistido en que no existen irregularidades en la contratación de estos centros; sin embargo, la investigación evidenció que en muchos casos no se ofrecían los servicios por los cuales el Estado pagaba, como quedó demostrado con Khersun.
A esto se suma la crítica sobre la decisión de destinar recursos públicos a centros privados no especializados, en lugar de fortalecer la red pública de salud, lo que ha sido calificado por expertos como una privatización encubierta del primer nivel de atención.
Además de las ya mencionadas, se suspendió el pago capitado en los siguientes centros, manteniéndose únicamente el pago por servicios prestados: Unidad de Terapia Física Dr. Figueroa, CEMDA (Centro de Especialidades Médicas Dr. Acevedo), Clínica Cruz Jiminián, Centro de Salud Vivamax, Unidad Diagnóstica Cardiovascular Peravia, Centro Médico Dra. Daysi CEMEDA, Clínica de Salud e Imágenes Diagnósticas CLISID y Policlínicas Elohim Dominicana.
La respuesta oficial llegó después de la exposición en los medios, no antes. El gobierno convocó una inusual rueda de prensa un sábado, desde el Palacio Nacional, con presencia de SISALRIL, para anunciar que ya existía una investigación con “indicios penales graves”, que sería enviada al Ministerio Público.
Sin embargo, desde el gobierno se evitó mencionar nombres de los responsables y se distribuyeron “puntos clave” a líderes de opinión, recomendando minimizar la presión mediática y presentar la denuncia como un acto institucional espontáneo.
A pesar del escándalo, la resolución 0003-202-2025, emitida en mayo y publicada en septiembre, impuso una multa mínima de RD$ 1 millón, equivalente a 101 salarios mínimos, a pesar de que SeNaSa había incumplido pagos por más de RD$ 1,000 millones a prestadores de servicios, entre enero y septiembre de 2024.
Una resolución anterior, la 2-2025, emitida en abril, reconocía un patrón de incumplimiento de más de dos años, poniendo en riesgo la atención de los afiliados. No obstante, la sanción se limitó a RD$ 1.88 millones, sin medidas correctivas significativas.
Paradójicamente, en otros casos individuales, las sanciones fueron más severas:
El 21 de julio de 2025, SeNaSa fue multada con RD$ 3.88 millones por negar una cirugía de escoliosis.
El 20 de noviembre de 2024, fue sancionada con RD$ 3.74 millones por limitar la cobertura de una escisión de disco intervertebral.
Ambas sanciones superan con creces la impuesta por el retraso generalizado en pagos a prestadores durante años.
El caso plantea interrogantes fundamentales que hasta ahora no han sido respondidas por las autoridades:
¿Por qué, si conocían desde hace meses las anomalías, se permitió la continuidad de contratos y facturaciones?
¿Qué criterios se usaron para asignar fondos millonarios a empresas con deficiencias documentadas?
¿Quiénes serán responsables legales, si se demuestra negligencia o dolo?
¿Por qué las sanciones han sido tan mínimas frente a incumplimientos tan graves?
La falta de transparencia y la respuesta tardía del Estado en este caso profundizan la preocupación ciudadana sobre la administración de fondos públicos, y evidencian una falla en la supervisión de los recursos destinados a la salud de los sectores más vulnerables del país.
