La Policía Nacional se encuentra nuevamente bajo el foco de la opinión pública debido a una serie de denuncias por presuntos abusos cometidos por sus agentes. Varios casos recientes, que incluyen muertes y actuaciones cuestionables, han reavivado el debate sobre el uso de la fuerza policial y la transparencia en las investigaciones. Familiares de las víctimas y la comunidad exigen justicia y esclarecimiento de los hechos.
Esta semana, las acusaciones de presuntos abusos perpetrados por miembros de la Policía Nacional volvieron a captar la atención del público, con diversas protestas, marchas y peticiones de familiares que demandan justicia por fallecimientos y acciones que atribuyen a personal de la institución. En pocos días, al menos cuatro situaciones reavivaron la discusión sobre el empleo de la fuerza por parte de la policía y sus protocolos de procedimiento.
Uno de estos incidentes involucró a Miguel Antonio Lucas Paredes, cuyos parientes desfilaron el jueves con su ataúd hasta la sede de la Policía Nacional en San Cristóbal, solicitando que se esclarezca su deceso. Según sus declaraciones, el individuo fue arrestado el 8 de julio por un capitán asignado a la Dirección Central de Inteligencia (Dintel), bajo la sospecha de estar implicado en la venta ilegal de números de lotería, y permaneció bajo custodia por varios días. La familia asegura que durante su detención, el hombre presentó fiebre, reportó haber sido agredido y no recibió atención médica. Cuando fue entregado a sus allegados, afirman que se encontraba en una condición crítica y falleció poco después en un hospital. La Policía Nacional comunicó que está a la espera de los resultados de la autopsia para establecer la causa del fallecimiento y garantizó que las pesquisas continúan.
Otro suceso que volvió a provocar manifestaciones fue el de Rawel Sierra, un joven con autismo que perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza durante una protesta por interrupciones eléctricas en el sector Brisas del Este, en Santo Domingo Este. Familiares y amigos se congregaron frente a la Fiscalía de esa jurisdicción para exigir la identificación y el procesamiento judicial del agente que, según ellos, disparó contra el adolescente. Los manifestantes denunciaron que, a pesar de haber transcurrido varias semanas desde el incidente, aún no reciben información sobre avances concretos en la investigación.
Las críticas a la labor policial también se manifestaron en el ámbito político. Rafael Hernández, presidente del Concejo de Regidores de Los Alcarrizos, anunció una serie de movilizaciones para denunciar los supuestos abusos cometidos por agentes de la Policía Nacional en dicho municipio. El regidor afirmó que esta determinación responde a las constantes quejas de los residentes, quienes aseguran haber sido víctimas de actuaciones irregulares durante las intervenciones policiales, una situación que, según sus palabras, mantiene preocupada a la comunidad.
A estos casos se añade la controversia suscitada por un operativo policial llevado a cabo en la residencia de una mujer que se viralizó tras aparecer presuntamente portando un arma larga mientras confrontaba a varias ciudadanas haitianas en el municipio de Guerra. El procedimiento fue cuestionado en plataformas digitales después de que se difundieran videos en los que, supuestamente, se observa a agentes ingresar a la vivienda sin mostrar una orden judicial. También surgieron señalamientos sobre la ausencia de un representante del Ministerio Público y de una agente femenina durante la intervención, aspectos que hasta el momento no han sido confirmados por la Policía Nacional.
Estos acontecimientos ocurren apenas dos semanas después del fallecimiento de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, quien murió tras recibir un disparo efectuado por el cabo José Francisco Moreta Heredia durante una intervención policial en La Cañada de Guajimía. Conforme al expediente del Ministerio Público, el agente disparó al joven cuando este se aproximó a reclamar la propiedad de una motocicleta que estaba siendo inspeccionada. El incidente quedó grabado en un video que generó indignación y provocó protestas de los habitantes de la comunidad, quienes bloquearon calles y quemaron neumáticos para exigir justicia.
Después de ese caso, la Policía Nacional presentó al cabo ante la justicia e informó que su Dirección de Asuntos Internos inició una investigación para determinar posibles responsabilidades dentro de la institución. La secuencia de estos episodios mantiene a la Policía Nacional bajo un intenso escrutinio, mientras que los familiares de las víctimas y diversos sectores continúan demandando investigaciones transparentes y sanciones en aquellos casos donde se demuestren acciones contrarias a la ley.
