La Comisión Europea ha señalado que España aún tiene desafíos significativos en el ámbito del Estado de derecho, particularmente en la prevención de conflictos de intereses y la lucha contra la corrupción de altos cargos. El informe anual destaca la necesidad de reducir los tiempos de tramitación judicial y de lograr un consenso político para reformar el Consejo General del Poder Judicial, reforzando la independencia judicial.
La Comisión Europea alertó este viernes que España todavía presenta importantes obstáculos en lo referente al Estado de derecho, sobre todo en la batalla contra la corrupción de figuras públicas y la prevención de conflictos de interés. Esta conclusión se desprende de su reporte anual sobre la situación del Estado de derecho en los países miembros de la Unión Europea. El documento enfatiza que, a pesar de las medidas implementadas por el Gobierno español para fortalecer la Administración de Justicia, persisten demoras excesivas en la resolución de causas judiciales, en particular aquellas vinculadas a grandes casos de corrupción. Bruselas considera vital acortar estos plazos para asegurar una administración de justicia efectiva. El informe se publica en un momento caracterizado por investigaciones y procedimientos judiciales que involucran a importantes figuras políticas, como José Luis Ábalos y Santos Cerdán, además de otros expedientes que siguen siendo investigados.
Uno de los aspectos más críticos del informe se centra en la gestión de los conflictos de intereses. La Comisión Europea opina que los avances en esta área han sido “limitados” y advierte que, si bien España ha presentado iniciativas legislativas como la Ley de Integridad Pública, su implementación práctica sigue siendo insuficiente. Bruselas urge al Gobierno de Pedro Sánchez a reforzar la autonomía del organismo encargado de supervisar estas normativas y a dotarlo de facultades sancionadoras para identificar y castigar posibles irregularidades patrimoniales entre los altos cargos.
El informe también subraya nuevamente la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aunque reconoce que el Ejecutivo ha solicitado orientación a entidades internacionales, como la Comisión de Venecia, para modificar el sistema de selección de los jueces, resalta que aún no existe el acuerdo político necesario para llevar a cabo una reforma acorde con los estándares europeos. Para la Comisión Europea, es indispensable aprobar un modelo que garantice la completa independencia del órgano de gobierno de los jueces y minimice cualquier percepción de politización.
Respecto a la Fiscalía General, Bruselas reconoce un “progreso notable” tras el debate parlamentario sobre una reforma que desvincule el mandato del fiscal general del Estado de la duración de la legislatura. Sin embargo, recuerda que la iniciativa aún no ha sido aprobada y solicita acelerar su tramitación para consolidar la autonomía de la institución.
La regulación de los grupos de presión sigue siendo una de las tareas pendientes para España. El informe recuerda que todavía no se ha aprobado la ley que establecería un registro público y obligatorio de los lobbies, una herramienta que la Comisión considera fundamental para incrementar la transparencia en la elaboración de las leyes. En contraste, Bruselas valora positivamente los adelantos en materia de transparencia y acceso a la información pública. El Ejecutivo comunitario destaca como un “progreso significativo” la modificación de la Ley de Secretos Oficiales y anima a culminar este proceso junto con la futura Ley de Administración Abierta, con el objetivo de facilitar el acceso de ciudadanos y medios de comunicación a la documentación oficial.
En términos generales, la Comisión Europea presenta un balance favorable sobre la evolución del Estado de derecho en la Unión Europea. Entre los avances más relevantes se destaca la entrada en vigor, en mayo de 2026, de la nueva Directiva contra la Corrupción, que obliga a los Estados miembros a intensificar la persecución del soborno, la malversación y otros delitos asociados a la corrupción. No obstante, Bruselas advierte que la eficacia de estas normas dependerá de que las investigaciones culminen con resoluciones judiciales firmes, especialmente cuando involucren a personas con influencia política o económica. “El Estado de derecho genera confianza. Confianza entre los ciudadanos y confianza en las empresas. Es lo que hace de Europa el mejor y más seguro lugar para vivir e invertir”, afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien destacó que el informe se ha convertido en una referencia para impulsar reformas en los Estados miembros.
Asimismo, la Comisión resalta la aplicación de la Ley Europea de Libertad de Medios, diseñada para fortalecer la independencia de los medios públicos y resguardar a los periodistas frente a las denominadas demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP), utilizadas para intimidar o silenciar investigaciones periodísticas. Como novedad, el informe incorpora un mecanismo que vincula el cumplimiento de las recomendaciones sobre Estado de derecho con el acceso a futuros fondos europeos. De esta manera, Bruselas plantea que el respeto a la independencia judicial, la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos fundamentales sean también condiciones para acceder a financiación comunitaria. “Reafirmamos una verdad fundamental: el Estado de derecho es la base de una Europa justa, democrática y próspera”, concluyó el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath.
