La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura las enmiendas al Código Penal, revelando un marcado cambio en la posición de los principales partidos de oposición. Estos partidos, que hace un año respaldaron la Ley 74-25 junto al oficialismo, ahora votaron en contra de las reformas. Argumentan que las modificaciones actuales no incorporan las observaciones de diversos sectores sociales y desecharon propuestas opositoras, generando un nuevo debate político.
La reciente aprobación en segunda lectura de las alteraciones al Código Penal por la Cámara de Diputados ha destacado una modificación en la postura de los mayores partidos de oposición. En esta ocasión, votaron en contra de la reforma, a pesar de que solo un año antes habían apoyado la aprobación de la Ley 74-25 junto con el partido gobernante.
Durante la sesión legislativa, diputados de la Fuerza del Pueblo (FP), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y otras agrupaciones políticas de menor tamaño rechazaron las enmiendas incorporadas al proyecto. Su argumento principal fue que estas no integraban completamente las sugerencias presentadas por varios grupos de la sociedad y que muchas de las proposiciones enviadas por la oposición fueron descartadas.
Fuerza del Pueblo expresa su postura
Entre quienes manifestaron su desacuerdo se encontraba la diputada Tayluma Calderón, representante de la Fuerza del Pueblo por la circunscripción 3 de la provincia Santo Domingo. Ella afirmó que su organización no podía respaldar el proyecto porque, a su juicio, aún contenía disposiciones que no se ajustan a la realidad jurídica y social del país.
“No estamos de acuerdo con la aprobación de este código porque hay muchos artículos que no exponen la realidad actual que vive República Dominicana”, declaró la legisladora.
No obstante, Calderón reconoció que durante el proceso de revisión se logró un acuerdo con la bancada oficialista para modificar el artículo 104, el cual se refiere a la aplicación de sustancias químicas. Esta disposición había suscitado preocupación entre los profesionales de la salud. Como odontóloga, explicó que, si no se hubiera realizado ese cambio, el texto podría haber llevado a la criminalización del ejercicio de la medicina y la odontología en el país.
“No escucharon a los sectores”
El diputado Rafael Castillo, también de la Fuerza del Pueblo y representante de Santo Domingo Este, fue aún más crítico con la propuesta. Calificó el nuevo Código Penal como una legislación que surge con objeciones constitucionales.
“Tiene cinco procesos en el Tribunal Constitucional antes de entrar. Y los sectores importantes del país, colegios, universidades, Colegio Médico, empresas, todos han depositado proyectos y a nadie se les ha hecho caso, a nadie se ha escuchado”, manifestó el legislador, quien también ejerce como abogado.
Castillo afirmó que las modificaciones fueron aprobadas de forma unilateral y que varias de las propuestas remitidas por la oposición no fueron aceptadas. Aseguró que el proyecto terminó respondiendo principalmente a las condiciones planteadas por el Poder Ejecutivo.
Persisten “debilidades”
En un tono similar se expresó el diputado Ramón Raposo, quien justificó su voto en contra al considerar que, aunque algunos artículos fueron modificados, el nuevo Código Penal sigue presentando “debilidades” que demandan una revisión más exhaustiva.
“Entiendo que persisten las debilidades en torno a realidades que presenta el Código Penal. A pesar de que se varió el artículo 310, que versa sobre el ultraje a los funcionarios y se circunscribe simple y llanamente, o específicamente, a lo que tiene que ver con los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones, vemos que persisten las penas a los delitos de opinión”, expuso el legislador al finalizar la sesión.
Raposo sostuvo que las modificaciones realizadas al artículo 310 representan un progreso, pero consideró insuficientes los cambios para garantizar un equilibrio adecuado entre la protección de los funcionarios públicos y derechos fundamentales como la libertad de expresión y la práctica del periodismo.
Del acuerdo a la discrepancia
La posición adoptada por la oposición contrasta con la demostrada durante la aprobación del Código Penal en 2025. En ese momento, el proyecto recibió un amplio respaldo de las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional. En aquella ocasión, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa con 159 votos a favor y solo cuatro en contra, una mayoría que incluyó a legisladores del PRM, la Fuerza del Pueblo, el PLD y otras organizaciones políticas. Posteriormente, el Senado convirtió el proyecto en ley con un apoyo igualmente mayoritario, permitiendo la promulgación de la Ley 74-25.
Este precedente ha sido utilizado por legisladores oficialistas para cuestionar la postura actual de la oposición, señalando que quienes hoy rechazan las modificaciones fueron parte del consenso político que hizo posible la aprobación del Código Penal hace apenas un año.
La oposición argumenta que el escenario ha cambiado
No obstante, los partidos opositores mantienen que el contexto difiere del de 2025. Argumentan que, tras la promulgación de la Ley 74-25, surgieron múltiples cuestionamientos por parte de juristas, periodistas, organizaciones de derechos humanos, universidades, gremios profesionales, el Colegio Médico Dominicano, asociaciones empresariales y otros sectores de la sociedad, quienes solicitaron revisar varios artículos antes de que la normativa entrara en vigencia.
Entre las principales preocupaciones se encuentran las disposiciones relacionadas con la libertad de expresión, los delitos de opinión, la responsabilidad penal, la tipificación de ciertos delitos tecnológicos y otros artículos que, según sus críticos, requieren una redacción más precisa para evitar interpretaciones que puedan vulnerar derechos constitucionales.
Precisamente esas observaciones motivaron que el Congreso Nacional reabriera el estudio del Código Penal antes de su entrada en vigor, dando paso al proceso de modificaciones aprobado por la Cámara de Diputados. Con el voto favorable de la mayoría oficialista, el proyecto pasa nuevamente al Senado de la República, donde será examinado antes de ser remitido al Poder Ejecutivo.
Mientras tanto, el cambio de postura de la oposición se ha convertido en uno de los principales focos del debate político. Esto ha reabierto la discusión sobre una legislación que, a pesar de haber sido aprobada con amplio consenso en 2025, sigue generando diferencias tanto en el ámbito político como entre diversos sectores de la sociedad.
