La organización Prisoners Defenders ha reportado un incremento sin precedentes en el número de prisioneros políticos en Cuba, alcanzando los 1,327 en julio. Entre los casos más recientes, se destaca la detención de un niño de 13 años durante una manifestación. Este aumento coincide con un endurecimiento de las medidas contra la disidencia, una situación que el gobierno cubano rechaza, negando la existencia de presos políticos en la isla.
La entidad Prisoners Defenders comunicó este miércoles que Cuba culminó el mes de julio con 1,327 personas encarceladas por motivos políticos, una cantidad que la ONG designa como una nueva marca histórica, y denunció entre los incidentes más recientes la captura de Alex Javier Hernández González, de 13 años, durante una protesta en Santiago de las Vegas, La Habana. Conforme al informe, durante julio se sumaron 36 nuevos expedientes a su registro, 15 de los cuales están vinculados a recientes manifestaciones. La organización afirma que este aumento coincide con un recrudecimiento de las acciones contra la discrepancia y con el quinto aniversario de las movilizaciones del 11 de julio de 2021, conocidas como 11J. El régimen cubano desestima esta caracterización. En abril pasado, el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que en Cuba “no existen prisioneros políticos” y afirmó que quienes permanecen detenidos no lo están por manifestarse, sino por cometer infracciones contempladas en la legislación nacional.
Uno de los expedientes enfatizados por Prisoners Defenders es el de Alex Javier Hernández González, aprehendido el pasado 22 de julio en el transcurso de las protestas registradas en Santiago de las Vegas. La organización sostiene que agentes de la Policía Nacional Revolucionaria lo agredieron y detuvieron sin orden de arresto ni supervisión judicial. Según el testimonio atribuido a su madre, durante el altercado el adolescente imploraba: “No me golpeen más, soy solo un niño”. Prisoners Defenders lo tiene registrado en prisión preventiva y señala que permanece en un centro para menores adyacente al Combinado del Este, en La Habana. En su expediente no se especifica la infracción que se le imputa. La ONG también asegura que, al finalizar julio, había 41 menores, 39 varones y dos mujeres, incluidos en su registro por razones políticas.
El informe detalla que las detenciones y las restricciones afectan a manifestantes, artistas, periodistas, activistas y ciudadanos vinculados a iniciativas de apoyo. Entre los casos documentados se encuentran músicos independientes detenidos mientras grababan contenido de protesta por los apagones, así como comunicadores y creadores digitales sujetos a limitaciones de movimiento o confiscación de equipos, según la organización. Prisoners Defenders asevera que esta dinámica es parte de una creciente criminalización de la crítica pública y alerta sobre el empleo de procesos penales y administrativos contra quienes expresan posturas contrarias al Gobierno. La organización también cuestionó las nuevas restricciones aplicables al sector no estatal en ámbitos relacionados con los medios y las actividades informativas. El Decreto 160 de 2026 modificó el marco de actividades económicas permitidas, condicionadas y prohibidas para entidades no estatales.
Otro aspecto del informe aborda las condiciones de salud de las personas incluidas en el registro. Al término de julio, 459 prisioneros políticos presentaban condiciones médicas graves, conforme a Prisoners Defenders. La ONG declara haber documentado situaciones de desnutrición, presuntos maltratos y dificultades para acceder a medicamentos y atención sanitaria adecuada. La organización también enfoca su atención en mujeres y personas con trastornos psiquiátricos que, según sus registros, permanecen bajo diversas medidas de privación o restricción de libertad.
Prisoners Defenders denunció, además, lo que considera un incremento del exilio o la salida forzosa del país como condición ligada a ciertas liberaciones. El informe menciona situaciones de opositores y activistas a quienes, según la ONG, se les habría comunicado que su liberación de la cárcel dependería de abandonar Cuba o de poseer un pasaje hacia otra nación. La organización advierte que estas prácticas añaden a la privación de libertad consecuencias como la fractura familiar, el desarraigo y la imposibilidad de continuar la labor pública dentro de la isla.
El informe también retoma la situación del artista cubano Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo, quien sigue encarcelado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó este año que el Estado cubano vulneró varios de sus derechos y determinó que fue víctima de desaparición forzada entre el 18 y el 31 de mayo de 2021, además de considerar su detención como ilícita y arbitraria. La CIDH solicitó al Estado anular su condena, reparar las transgresiones determinadas e investigar los sucesos relacionados con su desaparición forzada.
La categorización de estas personas como prisioneros políticos sigue siendo uno de los principales puntos de conflicto entre las organizaciones internacionales de derechos humanos y el Gobierno cubano. Mientras Prisoners Defenders asegura que el país alcanzó los 1,327 casos al cierre de julio, Díaz-Canel sostiene que en Cuba no existen prisioneros políticos y atribuye las condenas a delitos relacionados con actos que, según las autoridades, afectan el orden constitucional, la tranquilidad pública o la seguridad nacional. La ONG, por el contrario, mantiene que el sistema penal es empleado para desincentivar las protestas, restringir la disidencia y prevenir nuevas movilizaciones mediante arrestos, vigilancia y encarcelamiento.
