La Procuraduría General ha presentado una acusación formal, solicitando la apertura de un juicio contra nueve personas. Estos individuos son señalados como miembros de una presunta red criminal transnacional involucrada en el tráfico internacional de cocaína, blanqueo de capitales y posesión ilegal de armamento. La estructura, desarticulada mediante la Operación Leopardo, está vinculada al movimiento de casi 1.7 toneladas de cocaína y a la transferencia de sumas millonarias en diversas divisas.
La Fiscalía ha presentado una acusación formal y ha solicitado iniciar un proceso judicial contra nueve individuos, identificados como supuestos integrantes de una organización delictiva transnacional. Esta red se dedicaba al comercio ilícito de cocaína a nivel internacional, al blanqueo de capitales, a la tenencia ilegal de armas de fuego y a otros delitos, siendo desmantelada por la Operación Leopardo. Según el organismo acusador, esta estructura estaría implicada en la movilización de 1,693.42 kilogramos de cocaína, lo que equivale a casi 1.7 toneladas, y habría gestionado más de 258.8 millones de pesos dominicanos y 1.6 millones de dólares estadounidenses mediante cuentas bancarias, depósitos en efectivo, transferencias nacionales e internacionales y otros métodos financieros.
La imputación fue presentada ante la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia. Los acusados son Moisés Severino Inirio (conocido como el Flaco), Pedro Luis Cordero Espinal, José Ignacio de Jesús Mota (conocido como el Gordo), Daniela Sthefany Amancio Olaverría, Rafael Torrez Díaz, Wilson Rafael Severino Inirio, Antun Mrdeza (también llamado Nikolas Boros), Mioara-Sanda Burcina y Néstor Julio Rodríguez Robles. Con base en la investigación, la organización operaba en diversas áreas del país, utilizando propiedades como villas, establecimientos comerciales, fincas rurales y complejos turísticos en la región Este para la recepción, almacenamiento y distribución de sustancias narcóticas. El Ministerio Público sostiene que los cargamentos de cocaína provenían de Colombia y llegaban a territorio dominicano a través de las costas de Bayahíbe, San Pedro de Macorís, Pedernales, Barahona y el Parque Nacional Cotubanamá. Posteriormente, eran transportados por tierra y guardados en inmuebles relacionados con miembros de la estructura.
De acuerdo con la acusación, una porción de la droga era enviada en embarcaciones privadas hacia Puerto Rico, desde donde presuntamente se distribuía hacia Estados Unidos, Canadá, Europa y otros destinos. Uno de los incidentes más relevantes investigados ocurrió el 25 de abril de 2025, cuando las autoridades incautaron 993 paquetes de cocaína, con un peso certificado de 1,027.15 kilogramos, transportados en la embarcación denominada “Lucifer”, en la zona de Cap Cana. Más tarde, el 18 de octubre de 2025, las autoridades llevaron a cabo 17 allanamientos simultáneos y confiscaron otros 666.27 kilogramos de cocaína, parte de la cual, según el expediente, se encontraba almacenada en el establecimiento Drinks Súper Fría, en San Rafael del Yuma. Ambas operaciones permitieron a los investigadores vincular a la presunta organización con un total de 1,693.42 kilogramos de cocaína.
El expediente identifica a Moisés Severino Inirio como el supuesto coordinador logístico principal de la estructura; a Pedro Luis Cordero Espinal, como el responsable de las tareas de coordinación internacional, y a Daniela Sthefany Amancio Olaverría, como la encargada de las funciones financieras y logísticas. Los demás imputados, siempre según el Ministerio Público, habrían desempeñado roles relacionados con el almacenamiento y transporte de drogas, la custodia de sustancias, la administración de establecimientos, la movilización de dinero y el encubrimiento de bienes. Los análisis financieros incorporados al expediente identificaron, según la acusación, movimientos que superan los 258.8 millones de pesos dominicanos y 1.6 millones de dólares estadounidenses.
La investigación afirma que se emplearon métodos presuntamente vinculados al blanqueo de activos, entre ellos depósitos fraccionados o “pitufeo”, transferencias entre cuentas conectadas, retiros inmediatos de efectivo, utilización de intermediarios, sociedades ficticias, transacciones inmobiliarias sobrevaluadas, el sistema informal hawala y pagos con criptomonedas, principalmente USDT en la red TRC20. El Ministerio Público solicitó la confiscación de bienes, valores, productos financieros e instrumentos que considera relacionados con las actividades ilícitas atribuidas a la organización. Entre los activos identificados se encuentran 154,800 dólares estadounidenses y 927,000 pesos dominicanos en efectivo, así como una villa de lujo en Cap Cana, adquirida, según el expediente, mediante una operación de 820,000 dólares estadounidenses. También se señalaron un apartamento en la Torre Emporium, en Santo Domingo; dos terrenos en San Antonio de Guerra; un apartamento en el Residencial Solarium I, en La Romana, y otras parcelas e inmuebles situados en San Rafael del Yuma y Santo Domingo.
La acusación incluye además las embarcaciones “Beto III”, “Fish On” y “Lucifer”, así como vehículos, camionetas, yipetas, motocicletas y varias armas de fuego, entre ellas pistolas, escopetas, rifles y un fusil calibre 5.56, además de cargadores y municiones. El Ministerio Público también busca la confiscación de relojes, cadenas, pulseras, anillos y otras joyas, así como cientos de teléfonos celulares, computadoras, tabletas, máquinas contadoras de dinero, equipos de comunicación y documentación financiera y societaria. De acuerdo con el expediente, una parte de esos bienes habría sido adquirida mediante pagos en efectivo, operaciones segmentadas, sociedades pantalla y personas interpuestas, sin que, según la acusación, pudiera justificarse su origen a través de actividades económicas lícitas.
El Ministerio Público solicitó que la acusación sea admitida, que se dicte auto de apertura a juicio, que se mantengan las medidas de coerción y cautelares vigentes y que, al concluir el proceso, se ordene la confiscación de los activos que resulten vinculados a los hechos. La investigación fue desarrollada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, junto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través del Centro de Información y Coordinación Conjunta y la Dirección de Investigación Financiera y Lavado de Activos, con colaboración de la DEA.
