Trece niños, de tres meses a trece años, fueron hallados en condiciones de hacinamiento en Haina, donde presuntamente eran obligados a trabajar y vivían bajo un esquema de distribución entre allegados a un pastor. Las autoridades investigan posibles casos de maltrato infantil, explotación laboral y trata de personas, tras el escape de uno de los menores que alertó sobre la situación.
Trece niños, con edades que oscilan entre los tres meses y los trece años, eran recibidos y luego entregados a individuos cercanos a un pastor en Haina. Allí, de acuerdo con el informe de la Policía Nacional, se les obligaba a realizar diversas tareas, en circunstancias que ahora están siendo investigadas por posibles casos de maltrato infantil, explotación de trabajo y tráfico de personas. El documento policial indica que los menores residían en una propiedad situada en el sector Las Paredes, en Haina, provincia San Cristóbal, y que ejecutaban labores relacionadas con la construcción y la carpintería, mientras algunos tampoco acudían a la escuela. La investigación también recopila denuncias sobre supuestos golpes, quemaduras en las manos, privación de alimentos y castigos físicos.
La indagación comenzó en la noche del 28 de agosto de 2026, después de que un niño de doce años, originario de El Seibo, huyera del sitio y fuese llevado al destacamento policial de Hatillo. El menor declaró que su madre lo había entregado al hombre conocido como “El Pastor” o “El Capellán”, debido a la situación de vulnerabilidad de su familia. Las pesquisas identificaron al hombre conocido como “El Pastor” como Ángel Gabriel Capellán, de sesenta y nueve años, quien figura como pastor de la Fundación “Restaurando Vida, Un Muerto que Revive”, localizada en la calle Feliciana número sesenta y seis, en Las Paredes. Conforme al expediente, Capellán afirmó que algunas madres le confiaban temporalmente a sus hijos por sus dificultades económicas y que la fundación se hacía cargo de ellos. Las autoridades también están examinando la dinámica por la cual los menores eran recibidos y posteriormente entregados o distribuidos entre familias vinculadas al pastor, así como las condiciones en que permanecían bajo el cuidado de dichas personas.
El lugar intervenido constaba de una iglesia y, en la parte posterior, una finca con una vivienda de aproximadamente dos niveles y ocho habitaciones, construida en madera y zinc. En las imágenes tomadas durante el allanamiento se observan varios menores y adultos compartiendo espacios reducidos, en condiciones de aglomeración. Algunas fotografías también muestran a niños con una apariencia física delgada y vulnerable, aunque su estado de salud deberá ser determinado mediante las evaluaciones médicas correspondientes. Durante la intervención se recolectaron prendas de vestir, cuadernos y medicamentos pertenecientes a los menores.
El 30 de agosto de 2026, las autoridades ejecutaron la orden de allanamiento número 01541-2026-AJOA-02992 en la propiedad. Como resultado, fueron rescatados trece menores, con edades comprendidas entre los tres meses y los trece años. Los niños quedaron bajo la protección de las autoridades pertinentes y serán sometidos a evaluaciones médicas, psicológicas y sociales. Durante el operativo también fueron identificadas varias personas adultas relacionadas con el lugar. Algunas quedaron detenidas para fines de investigación y fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Entre los investigados figuran Michael Emmanuel Alcántara, quien aparece como director de la fundación, e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, señalado en el expediente como la persona que habría trasladado a los menores.
Las autoridades continúan investigando cómo los niños llegaban al lugar, quiénes los entregaban, a qué familias allegadas al pastor eran enviados y qué trabajos realizaban durante su permanencia bajo el cuidado de los adultos. La Policía Nacional establece en el expediente que los hechos presentan posibles indicadores de maltrato infantil, explotación laboral y una eventual situación de trata de personas, sin perjuicio de la calificación jurídica que determine el Ministerio Público.
