Un afiliado del Régimen Contributivo de Senasa denunció el uso de materiales de osteosíntesis de baja calidad, suministrados por Carimed Services, en su cirugía de fémur. La placa, de un material inferior al requerido, se rompió meses después, obligándolo a una segunda operación y a cuantiosos gastos adicionales. Esta situación ha generado preocupación por la posible negligencia y conflicto de interés en la adquisición de los materiales.
Un afiliado al Régimen Contributivo del Servicio Nacional de Salud (Senasa) denunció haber sufrido graves complicaciones de salud debido a la utilización de materiales de osteosíntesis de baja calidad, provistos por una empresa contratada por la institución, lo que requirió una segunda cirugía.
El paciente, de 42 años, sufrió un accidente de tránsito el 27 de enero de 2024 y fue operado en el Hospital General Docente de la Policía Nacional por fracturas múltiples, incluyendo una de fémur izquierdo. Senasa autorizó el uso de insumos suministrados por Carimed Services, empresa dedicada a la venta de aparatos ortopédicos e instrumental quirúrgico.
Según el testimonio del afectado, la placa implantada en su pierna no era de acero quirúrgico ni titanio, materiales requeridos para este tipo de cirugía, sino de un material frágil, descrito como “similar a la calamina”. Este material fue rechazado por su cuerpo, rompiéndose dentro del fémur meses después de la primera intervención. El costo del insumo para Senasa fue de RD$15,000, a pesar de que su precio de mercado ronda los RD$40,000 en establecimientos comerciales reconocidos.
Ocho meses después de la primera cirugía, en lugar de recuperarse, el hueso del paciente comenzó a deformarse hasta que la placa cedió. Esto lo obligó a una segunda intervención en abril de 2025, tras un proceso burocrático de 25 días. El afectado declaró: “Lo que pudo resolverse con RD$100,000 terminó costando más de medio millón de pesos en terapias, cirugías y tratamientos adicionales”.
Carimed Services, registrada en 2011, tiene como accionistas a Antolín Reynoso Morales, médico ortopeda y empleado del Hospital José María Cabral y Báez, y a Julio César De León Valdez, subdirector administrativo del mismo centro. Ambos figuran en la nómina estatal, lo que constituye un conflicto de interés, ya que la Ley de Función Pública prohíbe a los servidores públicos ser suplidores del Estado en áreas relacionadas con sus funciones.
El paciente lamentó la autorización de materiales de baja calidad en su caso y alertó sobre el riesgo de que las decisiones administrativas prioricen los precios bajos sobre la salud de los afiliados. “No son palitos de tender ropa, son materiales que van dentro del cuerpo humano y deben garantizar una recuperación segura”, afirmó.
Este caso pone de manifiesto cómo la negligencia y las irregularidades en los procesos de compras médicas pueden resultar en mayores costos económicos y graves consecuencias para la salud de los ciudadanos.
