La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de República Dominicana, liderada por Manuel María Mercedes, ha declarado su firme oposición a la ocupación ilegal de tierras. Esta postura se manifiesta tras un caso específico en Santo Domingo Este, donde la empresa Docar enfrenta acusaciones de despojo de terrenos pertenecientes a Juan Rivera Cordero. La CNDH ha solicitado la intervención del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) para resolver el conflicto.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través de su presidente, Manuel María Mercedes, declaró este martes su determinación de contrarrestar cualquier intento de apropiación ilegal de terrenos en el país, independientemente del poder económico o influencia de los involucrados.
Mercedes realizó esta advertencia durante una visita a la parcela 21-C-2 del Proyecto Orquídea, en Santo Domingo Este, propiedad de Juan Rivera Cordero. Rivera Cordero ha mantenido un litigio desde 2017 contra la empresa Docar y su director, Jangle Vásquez Rodríguez, a quienes acusa de acciones ilegales para despojarlo de sus tierras.
El presidente de la CNDH denunció que la empresa comenzó la construcción en la propiedad sin autorización legal ni títulos de propiedad, desafiando las regulaciones municipales. A pesar de una orden de cese de construcción impuesta por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, los responsables incluso retiraron el letrero oficial de prohibición, mostrando un claro desprecio por la autoridad.
Mercedes informó que la CNDH solicitó la intervención inmediata del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), entidad que certificó la propiedad de los terrenos a nombre de Rivera Cordero. Esta solicitud, presentada el viernes anterior al director ejecutivo del CEA, Rafael Burgos Gómez, busca una acción rápida ante lo que la CNDH considera un intento de fraude.
La CNDH hace un llamado al CEA para intervenir antes de que la situación escale. Señalan que Rivera Cordero ha sido el legítimo propietario por más de treinta años, con documentación legal que lo respalda, y que no se permitirá que la fuerza prevalezca sobre el derecho. Mercedes indicó que el único respaldo de los ocupantes ha sido una red de corrupción que la actual gestión del CEA está desmantelando.
El presidente de la comisión afirmó que la CNDH utilizará todos los medios legales y constitucionales para proteger los derechos de Rivera Cordero. Enfatizó que la ley y la justicia no deben estar sujetas a intereses particulares y que la propiedad privada es un derecho fundamental.
Mercedes destacó el Poder Especial 36-25 emitido en marzo por el presidente Luis Abinader, ordenando al director del CEA formalizar la transferencia de la propiedad a Rivera Cordero. Finalmente, instó a las autoridades judiciales y administrativas a actuar con firmeza para resolver el conflicto de acuerdo a la ley, y advirtió que la CNDH mantendrá una vigilancia constante hasta que haya una resolución definitiva.
