La Oficina Nacional de Defensa Pública en República Dominicana denunció un alarmante aumento de muertes a manos de la policía, atribuidas a supuestos "intercambios de disparos". Las cifras oficiales muestran un incremento sostenido en los últimos cinco años, a pesar de una ligera disminución en 2025. Esta situación, según la Defensa Pública, viola derechos fundamentales y exige una reforma policial profunda.
La Oficina Nacional de Defensa Pública alertó sobre el debilitamiento del Estado de derecho en República Dominicana debido a las prácticas de la Policía Nacional. Señalan que los presuntos "intercambios de disparos" se han convertido en un patrón de violencia con un número preocupante de víctimas mortales.
Según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en los últimos cinco años se registraron cerca de 800 muertes atribuidas a acciones policiales o militares. Las cifras muestran un incremento constante: 77 en 2021, 139 en 2022, 178 en 2023, 227 en 2024 y 170 hasta septiembre de 2025. A pesar de una reducción del 25% en 2025 respecto a 2024, el total acumulado supera al del mismo período del año anterior.
Las provincias con mayor cantidad de casos son Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, Espaillat y Duarte, las principales áreas urbanas del país, donde debería garantizarse el respeto a la legalidad.
El director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, recordó la obligación del Estado de proteger los derechos fundamentales, incluyendo la inviolabilidad de la vida (artículo 37 de la Constitución) y el debido proceso (artículo 69). Estos principios también están respaldados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Valentín Santos advirtió que justificar muertes de ciudadanos como "intercambios de disparos" sin investigaciones imparciales viola la presunción de inocencia e implica responsabilidad internacional, citando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras (1988).
Si bien reconoció la existencia de policías comprometidos con la ley, señaló que las "manzanas podridas" representan un problema estructural de formación y control interno.
El asesinato de cinco jóvenes en Santiago en septiembre de 2025, que provocó protestas y la suspensión de los agentes involucrados, ilustra la gravedad de la situación. Valentín Santos cuestionó cuántos casos similares no llegan a la opinión pública ni a los tribunales.
Para solucionar esto, propuso una política integral que incluya investigaciones independientes de uso excesivo de la fuerza, formación policial en derechos humanos y resolución de conflictos, mecanismos de control civil y transparencia en estadísticas, y la promoción de valores de empatía y humanidad en los cuerpos de seguridad.
Valentín Santos enfatizó que este no es un problema de "antisociales" o "limpieza social", sino de dignidad humana. Describió la postura de la Defensa Pública como un llamado de auxilio, no de confrontación, exhortando a la Policía a cumplir con su misión legal de proteger la vida y la seguridad de las personas, según la Ley Orgánica 590-16.
