Un estudio reciente revela la magnitud de las construcciones ilegales en las vegas de los ríos madrileños, afectando a miles de hectáreas. La situación, que se extiende por décadas, plantea serios riesgos ambientales y para la seguridad de las personas. La falta de soluciones concretas y los incentivos contrapuestos complican aún más la gestión de este problema.
En 2021, la Comunidad de Madrid comenzó a analizar la situación de su territorio. Aunque parezca sorprendente, la administración española ha estado ordenando su territorio sin una visión clara durante décadas, lo que dificulta el "restablecimiento de la legalidad urbanística".
Así que se pusieron a ello y han tardado cuatro años en hacerlo.
¿Qué han encontrado? En términos generales, que tienen un problema: hay 5.334 hectáreas afectadas por asentamientos ilegales en 56 municipios. El problema se concentra principalmente en las vegas de los ríos Tajuña (2.712 hectáreas), Jarama (1.019), Guadarrama (363) y Tajo (150), donde se encuentra el 80% de estos terrenos.
Y claro eso hace el problema mucho más grande. Porque incumplir la regulación urbanística no es solo una cuestión administrativa; al contrario, hay un enorme riesgo para las personas y el medio ambiente. Lo último es fácilmente verificable: hay parques regionales, zonas especiales y lugares protegidos que son claves para la biodiversidad; y se solapan con las zonas afectadas por las construcciones ilegales.
Pero es que, además, como atestigua la propia Comunidad, comporta un riesgo físico enorme porque muchas edificaciones están en zonas inundables, cauces y vegas. Y no hablamos de eventos catastróficos como la DANA, sino de que las riadas de poblados (como Las Sabinas en Móstoles) ha puesto el tema encima de la mesa.
Y nadie tiene respuestas concretas. Sobre todo, porque no es nada nuevo: el estado de impunidad es endémico (y no solo en Madrid) desde hace al menos 20 años. Y no solo hablamos de "falta de control" o de "hacer la vista gorda": hablamos de que, mientras la juridisprudencia tiene claro que las actuaciones sobre suelo no urbanizable solo pueden ser excepcionales, siempre hay una licencia, una modificaicón puntual o un apaño técnico que complica cumplir la normativa.
Lo que está detrás, en el fondo, son los incentivos contrapuestos entre las dinámicas locales y las regionales. Es algo que llevamos viendo desde el eterno conflicto del Algarrobico.
Es decir, ahora sabemos la magnitud real del problema. El estudio, que pretende evidenciar el compromiso del ejecutivo regional con la protección del suelo, refleja sobre todo décadas de tolerancia. Ahora toca un debate complejo: demolerlo todo o regularizarlo.
Y no se trata de solo de chalets de lujo o asentamientos precarios: hay mucho uso productivo informal que afecta de lleno a la actividad local. Además esto es Madrid, una región que, por su crecimiento demográfico, ya ha ordenado muchas zonas que hasta hace poco estaban igual o peor. Si ampliáramos el zoom: los datos de España no sería mejores.
Y no hay soluciones a la vista.
