El Gobierno de Donald Trump ha implementado recientemente medidas más estrictas para el acceso a visas y la entrada a Estados Unidos, incluyendo nuevas prohibiciones de viaje, suspensión de visas de inmigrante, mayores requisitos económicos y la revocación de numerosos permisos. Estas acciones se producen en un contexto de cifras récord de deportaciones, generando un aumento significativo en las detenciones migratorias y un incremento en las disputas legales con organizaciones civiles.
El Gobierno de Donald Trump ha intensificado en los últimos días las limitaciones para la obtención de visas y el ingreso a Estados Unidos. Estas nuevas disposiciones incluyen la prohibición de viajar, la interrupción de visas para inmigrantes, un incremento en los requisitos financieros y la anulación masiva de autorizaciones, todo ello en medio de un número sin precedentes de deportaciones.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) registró en el mes de julio la mayor cantidad mensual de arrestos durante el segundo periodo presidencial de Trump, alcanzando 49.571 detenciones, según información proporcionada por las universidades de California Berkeley y UCLA.
Adicionalmente, las políticas migratorias de Trump han provocado cientos de procesos judiciales inéditos por parte de diversas entidades en todo el país, lideradas por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), a los cuales su Administración ha respondido, obteniendo éxito en algunos casos.
El rechazo de Trump hacia la inmigración no autorizada ha sido una constante en su trayectoria pública, con declaraciones de corte xenófobo que han suscitado gran controversia. Un ejemplo es su discurso de 2015, cuando anunció su candidatura a la presidencia y aseveró que México enviaba a Estados Unidos delincuencia, estupefacientes y agresores sexuales.
Al asumir la presidencia en la Casa Blanca en 2017, firmó de inmediato decretos que prohibían el ingreso al país por 90 días a ciudadanos de varios países con mayoría musulmana y suspendió de manera indefinida el programa de acogida de refugiados sirios. También autorizó la construcción de un muro en la frontera, como había prometido, con el fin de contener la migración desde el sur, un asunto que tuvo gran relevancia durante su primer mandato.
Conflicto en los tribunales
En este segundo período de cuatro años, ha acentuado estas acciones, implementando una estrategia definida por “la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos” y decisiones polémicas, como la suspensión temporal de las citas para solicitar visados de inmigrante a nivel global, argumentando la necesidad de capacitar a su personal consular en nuevos procedimientos.
El anuncio del Departamento de Estado, el pasado miércoles, sobre la suspensión temporal de las citas para solicitar visas de inmigrante en todo el mundo, se produjo después de que una magistrada federal en Nueva York invalidara, el 21 de agosto, la interrupción de la tramitación de estos visados para ciudadanos de 75 naciones. La jueza consideró dicha medida “contraria a la ley” y que excedía la autoridad legal del secretario de Estado, Marco Rubio.
Poco después de la comunicación del miércoles, familias de inmigrantes y organizaciones de defensa legal presentaron una solicitud en el mismo tribunal federal de Nueva York para exigir a Rubio que acatara la decisión de la jueza. Según la solicitud, “el Gobierno ha implementado numerosas acciones que parecen prolongar la suspensión de la tramitación de visas de inmigrante” en lugar de cumplir con la orden, y los demandantes aseguran al tribunal que la acción “genera serias inquietudes de que el Gobierno no esté observando la orden y esté tomando medidas para eludirla bajo el pretexto de una explicación falsa”.
