El Gobierno dominicano ha introducido un anteproyecto de Ley General de Alianzas Público-Privadas en el Senado, buscando modernizar el marco legal de colaboración entre el sector público y privado. Esta iniciativa, presentada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el director de la DGAPP, Andrés Lugo Risk, busca agilizar los procesos, aumentar la eficiencia y optimizar el uso de activos estatales, con el fin de duplicar el tamaño de la economía nacional para el año 2036.
El Gobierno entregó este jueves en el Senado de la República el anteproyecto de Ley General de Alianzas Público-Privadas. Esta propuesta busca actualizar el marco regulatorio que rige la colaboración entre el ámbito público y el privado, con el objetivo de hacerla más ágil, técnica, eficaz y acorde con las metas de desarrollo del país. La propuesta legislativa fue presentada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, junto al director general de Alianzas Público Privadas (DGAPP), Andrés Lugo Risk, al presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos.
Paliza enfatizó que este instrumento integra las lecciones aprendidas durante los últimos seis años desde la implementación de la Ley 47-20. Además, busca contribuir a la meta de duplicar el tamaño de la economía nacional para 2036, así como acelerar las alianzas entre el sector público y privado sin comprometer la transparencia, la competitividad ni la eficiencia. El funcionario explicó que los procesos que actualmente pueden extenderse entre 24 y 76 meses se reducirían a un período de 10 a 18 meses con esta nueva iniciativa. Adicionalmente, se incorpora la utilización de bienes públicos a través de acuerdos a largo plazo con el sector privado para la rehabilitación, renovación y modernización de infraestructuras estatales.
“La propuesta actualiza la Ley 47-20, acortando los plazos de procedimientos como la evaluación, licitación y adjudicación de iniciativas de alianzas público-privadas. También establece un fondo especial para estudios técnicos y define procedimientos específicos cuando exista un único proponente”, subrayó.
Por su parte, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que el proyecto de modificación de la Ley de Alianzas Público-Privadas seguirá el curso legislativo correspondiente, como ocurre con todas las propuestas que llegan al Congreso Nacional. Indicó que la iniciativa será considerada en la próxima sesión para ser enviada a comisión, donde se realizarán los análisis necesarios. “Le daremos el tratamiento apropiado y expreso mi confianza en que el proceso podrá desarrollarse en un lapso relativamente breve”, afirmó.
Mientras tanto, Andrés Lugo Risk detalló que un componente fundamental de la reforma es la optimización de los activos públicos, lo que permite identificar bienes, infraestructuras, espacios o capacidades existentes del Estado con el potencial de generar mayor valor social, económico e institucional mediante las alianzas público-privadas. Esta inclusión es beneficiosa porque fomenta un uso más eficiente del patrimonio público, especialmente de aquellos activos que puedan estar subutilizados, requerir modernización o tener la capacidad de mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía.
La propuesta también reconoce explícitamente la facultad de la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP) para estructurar proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP). Con esta atribución, la institución podrá acompañar desde las etapas iniciales la formulación de iniciativas estratégicas, construir un portafolio más alineado con las prioridades nacionales y elevar la madurez técnica de los proyectos antes de su evaluación y licitación.
Otro elemento importante es la creación del Fondo Especializado para la Preparación de Proyectos, destinado a financiar estudios de preinversión, prefactibilidad, factibilidad y estructuración técnica, legal y financiera. Esta herramienta contribuye a que las iniciativas lleguen a fases decisivas con mayor solidez, menos improvisación y mejores condiciones para atraer inversión responsable, además de favorecer la sostenibilidad del sistema por su carácter reembolsable por parte del adjudicatario.
