La defensa del expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha presentado un nuevo recurso ante la Corte Suprema de Brasil. El objetivo es suavizar las medidas cautelares impuestas en el marco de un importante proceso judicial. El recurso busca permitir la comunicación telefónica con sus abogados, actualmente restringida debido a su prisión domiciliaria.
La defensa del expresidente Jair Bolsonaro presentó este jueves un nuevo recurso ante la Corte Suprema de Brasil para suavizar las medidas cautelares que enfrenta en uno de los procesos judiciales más importantes de la política reciente del país.
El pedido, dirigido al juez Alexandre de Moraes, relator del caso, busca permitir que Bolsonaro mantenga comunicaciones telefónicas con sus abogados, ya que actualmente cumple prisión domiciliaria en Brasilia sin acceso a teléfono ni redes sociales. Según su equipo legal, esta situación dificulta la preparación de su defensa y encarece la coordinación con los letrados, la mayoría residentes en São Paulo, a unos 1.000 kilómetros de distancia.
Hasta ahora, las consultas solo pueden realizarse de forma presencial y con autorización judicial previa, lo que limita la frecuencia de las reuniones. Además, las medidas incluyen la prohibición de usar celulares y el embargo de otros dispositivos electrónicos del exmandatario, restricciones que, según sus abogados, representan un “perjuicio al amplio derecho de defensa”.
El recurso también solicita la revocación total de la prisión domiciliaria, impuesta en mayo tras constatarse que Bolsonaro había incumplido prohibiciones anteriores, especialmente la de manifestarse en redes sociales mediante intermediarios.
Estas limitaciones se enmarcan en la condena de 27 años de prisión dictada el mes pasado por su intento de revertir de manera ilegal el resultado de las elecciones presidenciales de 2022, cuando fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva.
Paralelamente, sectores afines al bolsonarismo impulsan en el Parlamento un proyecto de ley que contempla una posible amnistía para Bolsonaro y unos 1.500 procesados por los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando manifestantes ocuparon sedes gubernamentales en Brasilia.
El futuro inmediato del expresidente dependerá de la decisión de la Corte Suprema sobre la flexibilización de las restricciones, un fallo que podría marcar un punto de inflexión en su estrategia de defensa y en el clima político del país.
