El gobierno venezolano ha notificado a la ONU su intención de retirarse del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional. Esta decisión surge en medio de una investigación activa de la CPI sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. No obstante, expertos en derecho internacional advierten que este retiro no detendrá las indagaciones ya en curso ni afectará la validez de futuras órdenes de captura.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plascencia, comunicó este viernes que informó al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, la determinación del Gobierno venezolano de denunciar el Estatuto de Roma y comenzar el procedimiento para su salida definitiva de la Corte Penal Internacional (CPI). Esta medida se toma en un contexto donde la CPI mantiene abierta una investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de autoridades venezolanas, un proceso que fue impulsado inicialmente por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.
Sin embargo, especialistas en derecho internacional sostienen que la retirada de Venezuela del Estatuto de Roma no frenará las pesquisas ya iniciadas ni invalidará posibles órdenes de arresto que la Corte pueda emitir. El abogado Alí Daniels, portavoz de la organización Acceso a la Justicia, explicó que las investigaciones en curso no se ven afectadas por la denuncia del tratado. “Las investigaciones en curso no se ven afectadas y si surge alguna orden de aprehensión, tiene plena validez legal”, afirmó.
Daniels rememoró el caso del expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien también retiró a su nación del Estatuto de Roma, pero posteriormente fue procesado por la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes perpetrados durante su campaña contra las drogas. El jurista detalló que, una vez presentada oficialmente la notificación ante el secretario general de la ONU, debe transcurrir un año para que la retirada tenga efecto jurídico. Durante ese lapso, Venezuela sigue obligada a colaborar con las investigaciones que ya están en marcha.
En la misma línea, Martha Tineo, representante de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, aseveró que la decisión del Gobierno venezolano no tiene implicaciones prácticas sobre el expediente que actualmente maneja la CPI y consideró que la medida representa un retroceso en materia de derechos humanos. Tineo recordó además que Venezuela fue uno de los países que participó en la elaboración del Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la Corte Penal Internacional.
La determinación del Gobierno venezolano también se produce pocos días después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, criticara públicamente a la CPI y anunciara que Washington impulsaría acciones para debilitar al organismo, al considerar que intenta procesar a funcionarios y militares estadounidenses. Sobre esa coincidencia, Daniels señaló que resulta llamativo que el anuncio de Caracas ocurra pocos días después de esas declaraciones.
