La administración Trump planea iniciar al menos 250 acciones legales para revocar la ciudadanía estadounidense antes de finalizar septiembre, intensificando una práctica que históricamente ha sido poco común. Esta medida busca retirar la ciudadanía a individuos naturalizados que, según el gobierno, la obtuvieron de manera fraudulenta o ilegal. La iniciativa representa un notable incremento en comparación con administraciones anteriores y busca reforzar la integridad del proceso de naturalización.
La administración del presidente Donald Trump anticipa la presentación de un mínimo de 250 demandas de revocación de ciudadanía ante los tribunales federales antes de que concluya el año fiscal, a finales de septiembre, como parte de su agenda de control migratorio. Esta iniciativa intensifica el uso de un procedimiento históricamente poco frecuente, costoso y controvertido, mediante el cual el Gobierno solicita a un juez que retire la ciudadanía estadounidense a una persona naturalizada. Hasta el momento, el Departamento de Justicia ha iniciado acciones para revocar la ciudadanía de cerca de 90 personas desde principios de 2025. La administración pretende superar ampliamente esa cifra con la presentación de nuevos expedientes antes de octubre.
Según la legislación federal, la ciudadanía de una persona naturalizada puede ser revocada si el Gobierno demuestra ante un tribunal que fue obtenida ilegalmente, mediante el ocultamiento de un hecho relevante o por una declaración falsa intencional. Esto incluye el uso de identidades falsas o la omisión de antecedentes que habrían impedido la naturalización. A su ritmo actual, la administración Trump se encamina a presentar más casos de desnaturalización que cualquier otro Gobierno en la historia reciente de Estados Unidos. La administración de Joe Biden presentó 24 casos durante sus cuatro años, mientras que en el primer mandato de Trump se registraron 102.
“Se trata de un aumento importante que no habíamos visto en décadas”, afirmó Cassandra Robertson, profesora de Derecho de la Universidad Case Western Reserve y experta en procesos de desnaturalización. La administración Trump sostiene que sus objetivos son delincuentes, estafadores y otras personas que no debieron obtener la ciudadanía estadounidense. El Gobierno presenta la campaña como un esfuerzo para proteger la integridad del proceso de naturalización.
“Cuando se comete fraude durante el proceso de naturalización, se pierde el derecho a conservar la ciudadanía estadounidense”, declaró el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. “El Departamento de Seguridad Nacional está comprometido a garantizar la revocación de la ciudadanía y la expulsión de estos defraudadores con todos los recursos a nuestro alcance”.
Durante décadas, el Gobierno estadounidense impulsó pocos casos de revocación de ciudadanía cada año, debido a que estos procesos requieren una elevada carga probatoria, demandan importantes recursos y pueden tardar años en resolverse. Los fiscales concentraban tradicionalmente sus esfuerzos en amenazas a la seguridad nacional, personas vinculadas con organizaciones terroristas y presuntos responsables de crímenes de guerra. Sin embargo, las prioridades actuales también incluyen delitos violentos, fraudes financieros, tráfico de drogas y ocultamiento de antecedentes penales.
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, la División Civil del Departamento de Justicia recibió instrucciones de priorizar y promover al máximo los procesos de desnaturalización respaldados por la ley y las evidencias. La agencia también ha solicitado la colaboración de las fiscalías federales del país para aumentar el número de expedientes. El Departamento de Justicia calificó la iniciativa como el “mayor esfuerzo de desnaturalización de la historia” y advirtió que presentará más demandas contra personas acusadas de obtener la ciudadanía mediante fraude o declaraciones falsas.
