España enfrenta una creciente problemática de incendios forestales, con un número de hectáreas quemadas significativamente superior a la media de la última década. La normativa actual, basada en excepciones y declaraciones responsables, se muestra insuficiente para prevenir estos desastres. Expertos y datos satelitales sugieren una urgencia en revisar y endurecer las regulaciones, especialmente en un contexto de veranos cada vez más extremos.
El jueves 16 de julio de 2026, un incendio en La Mierla, al norte de Guadalajara, fue atribuido a una cosechadora agrícola. En Burgohondo, al sur de Ávila, se consideró una imprudencia grave por el empleo de maquinaria pesada. En Los Gallardos, al norte de Almería, la causa fue un cable olvidado, y en las Peñas de Riglos, en Huesca, las sospechas apuntan a una campa de unas obras en la A-132. Aunque faltan datos oficiales y meses de investigación, es evidente que la normativa actual presenta deficiencias. España parece estar en una situación de negación ante la gravedad de los hechos, pero esta situación no puede continuar.
La normativa vigente tiene importantes lagunas. Aunque a menudo no se discute, muchas actividades que originan incendios están "prohibidas" en España. Desde el Real Decreto-ley 15/2022, la Ley de Montes prohíbe el uso de maquinaria "cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas" cuando AEMET prevé riesgo muy alto o extremo, y el RD 716/2025 extendió esta prohibición a una franja de 400 metros alrededor del monte, salvo autorización expresa. El verdadero problema radica en que "prohibir" puede ser un término excesivo para un sistema que se basa en excepciones, declaraciones responsables y ventanas horarias. Por ejemplo, en La Mierla, hasta donde se sabe, se permitía cosechar bajo ciertas medidas de seguridad.
La complejidad de las regulaciones es considerable. Castilla-La Mancha y Extremadura suspenden los trabajos de 14:00 a 17:00, mientras que Galicia lo hace de 12:00 a 18:00. Castilla y León permite la cosecha con matachispas "salvo que la temperatura sea superior a 30 ºC y la velocidad del viento supere los 30 km/h", exigiendo que ambas condiciones se den simultáneamente. Esta disparidad se repite en cada comunidad autónoma, ya que no existe una normativa nacional que unifique estas regulaciones. De hecho, a la obra pública se le aplica el mismo tipo de regulación que a los agricultores.
Esta maraña regulatoria es poco efectiva, especialmente cuando el verano se vuelve extremo, como el actual. El avance del MITECO al 2 de agosto registraba 144.844,80 hectáreas quemadas, lo que representa el 0,507 % de la superficie forestal nacional. Esta cifra es casi dos veces y media superior al 0,207 % de la media de los últimos 10 años. Sin embargo, los datos del sistema europeo EFFIS, que utiliza imágenes satelitales y se actualiza más rápidamente, indicaban 222.783 hectáreas quemadas al 5 de agosto, lo que equivale al 44,5 % de todo lo consumido por el fuego en la Unión Europea. Si esta tendencia persiste, nuestra regulación está claramente obsoleta.
Esta situación representa una bomba de relojería. Investigaciones realizadas por la UPNA, la Universidad de Zaragoza y Fundación Mapfre señalan que, aunque este tipo de maquinaria no es la principal causa de incendios forestales, sí tiene la capacidad de provocar incendios muy destructivos porque coincide (en tiempo y espacio) con las peores condiciones de propagación.
La solución, si miramos a otros países, parece ser más restrictiva. Aunque puede parecer contradictorio abogar por más regulación cuando el campo ya se considera hiperregulado, la historia demuestra que las regulaciones surgen para resolver problemas generados por el mal uso, la mala fe y las imprudencias. No es una tarea imposible. En Portugal, por ejemplo, tras años de situaciones críticas, la normativa no solo veta unas pocas horas, sino que desplaza toda la actividad a la noche. En Oregón se aplica una medida similar en niveles de riesgo medios, pero se prohíbe directamente toda actividad cuando el riesgo es alto. Esta no es una idea tan extraña. Desde hace años, en España, la normativa para el trabajo al aire libre sigue una lógica similar, cambiando automáticamente en cuanto AEMET modifica las alertas. La pregunta es cuánto tiempo tardaremos en tomarnos esto en serio.
