El embajador de Cuba ante las Naciones Unidas ha cuestionado la política de Estados Unidos, argumentando que las crecientes sanciones obstaculizan la apertura económica de la isla, a pesar de que Washington exige una mayor inversión privada. La Habana ha implementado reformas significativas para fomentar dicha apertura, pero las medidas restrictivas estadounidenses, que incluyen un bloqueo petrolero y un embargo de décadas, están paralizando la economía cubana. Esta situación ha generado un debate sobre la sinceridad de las intenciones de Estados Unidos respecto a la liberalización económica de Cuba.
Estados Unidos ha solicitado que Cuba adopte la inversión del sector privado, y el gobierno de La Habana ha implementado amplias reformas para promover este objetivo. Por esta razón, el embajador cubano ante la Organización de las Naciones Unidas desea saber por qué Washington continúa imponiendo sanciones que dificultan la apertura económica que Cuba ha buscado durante décadas. En una entrevista con The Associated Press esta semana, Ernesto Soberón Guzmán dirigió su consulta al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien fue el principal artífice de la política del gobierno de Donald Trump hacia la nación caribeña. “¿A qué le tienen miedo? Si están tan convencidos de que el gobierno cubano es un gobierno ineficaz, ¿por qué necesitan aplicar nuevas sanciones casi cada dos semanas?”, preguntó el diplomático. El Departamento de Estado respondió a una solicitud de comentarios con una declaración de Rubio, quien indicó que se seguirán anunciando penalizaciones cada dos semanas para cerrar “las vías de escape que están intentando crear en cada mecanismo”. El jueves, Estados Unidos impuso más restricciones económicas al sector industrial cubano, afectando a empresas estatales de minería, metalurgia y construcción.
Cuba ha sido llevada al borde del colapso debido al embargo petrolero impuesto por Estados Unidos en enero, que se suma a un bloqueo económico de varias décadas y al aumento de las penalizaciones. Las acciones de la Casa Blanca, destinadas a presionar al gobierno de La Habana privándolo de financiación, han intensificado los ya graves apagones, han dejado a los trabajadores sin transporte público, han inmovilizado la infraestructura y han empeorado la escasez de medicamentos y alimentos en la nación insular caribeña. Según Soberón Guzmán, las sanciones representan el principal obstáculo para que Cuba liberalice su economía. Señaló que el impacto de las medidas estadounidenses —especialmente la falta de electricidad y la escasez de combustible para operar un negocio o viajar— ha ahuyentado a inversores y turistas, una fuente crucial de ingresos para el país. Algunas compañías han abandonado la isla, como la cadena hotelera española Meliá, que dependía de los ingresos del turismo y citó “significativas dificultades operativas, legales, económicas y financieras” al explicar su determinación.
“Literalmente, Estados Unidos ha hecho todo lo posible para intentar disuadir a los inversores extranjeros”, afirmó William LeoGrande, profesor de la American University y destacado especialista en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. “Cuando dicen ‘Bueno, queremos ver a Cuba abrirse a la inversión extranjera’, no están siendo sinceros (…) No es factible que lo consigan sin algún tipo de alivio de las sanciones”. El propósito del gobierno republicano de Trump, indicó, “no es solo abrir económicamente a Cuba, sino derrocar al gobierno cubano, modificar la naturaleza del sistema político cubano”.
John Kavulich, presidente del Consejo de Comercio y Economía Estados Unidos-Cuba, declaró que la isla se vio obligada a realizar transformaciones cuando perdió su soporte económico con la destitución por parte de Estados Unidos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en enero. “El resultado es que, en los últimos ocho meses, el gobierno cubano ha realizado más cambios comerciales, económicos y financieros en el país que los que se han hecho en conjunto desde la revolución”, apuntó. Aun así, el gobierno de Trump sigue intensificando las sanciones, aumentando la presión sobre La Habana, que responde implementando más modificaciones, comentó Kavulich. “Pero desde nuestro punto de vista, faltan dos elementos: por un lado que Cuba implemente mediante regulaciones todo lo que ha anunciado, y en segundo lugar, que el gobierno de Trump permita a las empresas estadounidenses tener mayor acceso al mercado cubano mientras estos cambios están en marcha”, explicó.
Las modificaciones anunciadas por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en junio buscan transformar de forma significativa la economía y la industria del país, que han estado estrictamente bajo el control del gobierno socialista desde la revolución de 1959. Estas incluyen un mayor margen para las empresas privadas, importaciones y exportaciones sin la intervención del Estado, la contratación libre de personal, la autorización de bancos privados, la posibilidad de que los cubanos inviertan en el extranjero y la opción de que cadenas de comida rápida se establezcan en la isla. Soberón Guzmán señaló que existen oportunidades de inversión en bienes raíces, parques solares y energía para ayudar a mitigar la escasez de electricidad del país, así como en puertos deportivos y en la industria turística.
Christopher Hernandez-Roy, director interino del programa de las Américas en el Center for Strategic and International Studies, recordó que la última apertura económica bajo el gobierno demócrata del presidente Barack Obama “fue frenada más tarde por los propios cubanos, que temían que la apertura fuera demasiado lejos y pareciera amenazar el control político”. En la actualidad, agregó, parece que los cubanos desean realmente reformas económicas e inversión externa. Las reformas económicas de Díaz-Canel no son inviables, pero las sanciones de Estados Unidos “limitan considerablemente sus perspectivas de éxito”, señaló Hernandez-Roy. Destacó la paradoja de que la presión estadounidense “está ayudando a empujar a los cubanos hacia una mayor liberalización económica por necesidad, al tiempo que limita los recursos y el acceso necesarios para que esas reformas realmente mejoren la economía”.
A finales de junio, después de que se anunciaran las reformas, Estados Unidos impuso sanciones a cinco compañías estatales —tres de ellas vinculadas a un conglomerado empresarial dirigido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Conocido popularmente como GAESA, se estima que controla casi el 40% del producto interno bruto del país. Rubio, exsenador por Florida cuyos progenitores nacieron en Cuba, no pareció impresionado por los cambios económicos recién revelados. El mes pasado calificó a Cuba de “Estado fallido” con “un modelo económico deficiente”. Manifestó que sus líderes “no saben lo que hacen” y “no saben cómo solucionar su economía”. “Creo que el desafío que Cuba ha enfrentado durante los últimos 15 años es que quieren mejorar un poco su economía, pero temen que si la mejoran demasiado perderán el control político sobre la gente”, dijo. Rubio sostuvo que Estados Unidos está dispuesto “a hacer lo que podamos para concretar un cambio positivo en Cuba porque afecta directamente a nuestra seguridad nacional”, ya que está a solo 145 kilómetros (90 millas) del territorio continental estadounidense. “Y queremos que Cuba sea próspera. Queremos que Cuba sea libre”.
El embajador cubano afirmó que implementar los cambios económicos sería mucho más sencillo sin las sanciones, si empresas estadounidenses participaran en Cuba y si el comercio entre ambos países fuera posible. La buena noticia es que hay contactos entre Washington y La Habana, apuntó. Pero rechazó dar detalles de lo que describió como “conversaciones muy delicadas”. “Pero la cuestión es que incluso cuando Cuba está cambiando mucho (…) el gobierno de Estados Unidos mantiene la misma política de agresión hacia el pueblo cubano”, expresó Soberón Guzmán.
