La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, ha expresado su preocupación por el potencial debilitamiento del derecho internacional, luego de que Estados Unidos impusiera sanciones en su contra. Akane, quien anticipaba la medida, enfatizó la importancia de evitar que este incidente marque el inicio de un retroceso global. Las sanciones, dirigidas también a otro magistrado, impiden su acceso al sistema financiero y viajes a EE. UU., generando fuertes críticas internacionales.
La líder de la Corte Penal Internacional (CPI), la japonesa Tomoko Akane, manifestó este viernes su inquietud ante la posibilidad de una “desaparición del Estado de derecho internacional”, tras recibir penalizaciones por parte de Estados Unidos esta semana. “La sanción en mi contra en esta ocasión era algo que en cierta forma había previsto, por lo tanto, no me sorprende”, declaró Akane en un comunicado difundido en la red social X por su casa editorial, Bungei Shunju. “Lo crucial es que esto no represente el inicio de la anulación del derecho internacional”, agregó la magistrada en sus primeras declaraciones públicas desde que se anunciaron las medidas restrictivas.
Washington, que considera a la CPI una institución “politizada”, comunicó el martes las sanciones contra su presidenta y también contra el juez senegalés Abdoulaye Seye, quien actualmente ejerce como sustituto del fiscal de la alta corte con sede en La Haya. Esta acción implica que los mencionados jueces tienen prohibido viajar a Estados Unidos y efectuar transacciones dentro del sistema financiero estadounidense, cuya influencia es global.
Las sanciones fueron rápidamente desaprobadas por la propia CPI, que las calificó de un “ataque flagrante” a su autonomía. A las condenas se unieron el gobierno de Japón, que es el principal contribuyente financiero de la CPI, la Unión Europea, Alemania, Francia y España, entre otros. La misión de la corte es juzgar a los individuos acusados de las atrocidades más graves, como genocidio, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad.
Actúa como la última instancia cuando los países carecen de marcos legales que aseguren la rendición de cuentas. Estados Unidos no ratificó el Estatuto de Roma, documento que estableció la CPI en el año 2002. Washington ha aplicado sanciones a varios miembros de la CPI en tiempos recientes, fundamentalmente por sus investigaciones relativas a Israel, uno de sus aliados principales en Oriente Medio.
La CPI emitió en 2024 una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por la confrontación en Gaza, así como contra diversos integrantes de Hamás, quienes ya han fallecido.
