A pocos días del inicio del año escolar 2026-2027, el sistema educativo dominicano se encuentra en un punto crítico, con divergencias entre el Ministerio de Educación (Minerd) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). Mientras el Minerd reporta la adición de más de 1,200 aulas nuevas y la búsqueda de soluciones para unos 6,000 estudiantes sin cupo, la ADP insiste en problemas de infraestructura, falta de personal y la necesidad de atender múltiples deficiencias para un retorno a clases óptimo.
A escasos días del comienzo del periodo lectivo 2026-2027, programado para el lunes 24 de agosto, el ámbito educativo dominicano presenta perspectivas contrastantes sobre su preparación. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) alerta sobre deficiencias en la infraestructura, escasez de vacantes y personal, mientras que el Ministerio de Educación (Minerd) afirma estar trabajando para asegurar que ningún alumno quede fuera y reporta la incorporación de más de 1,200 salones de clase nuevos. Esta disparidad entre ambas posturas pone de manifiesto, una vez más, las circunstancias en las que se iniciará el próximo ciclo académico y la eficacia de las medidas gubernamentales para satisfacer las demandas de alumnos, docentes y centros educativos.
La ADP, liderada por Eduardo Hidalgo, llevó a cabo una movilización este jueves para exigir la intervención de las autoridades ante lo que considera carencias persistentes en diversas instalaciones educativas del país. El gremio ha señalado problemas relacionados con el estado de los edificios, la disponibilidad de espacios, la ausencia de profesores y personal administrativo, así como el retraso en el pago de los incentivos derivados de la Evaluación del Desempeño Docente. Hidalgo enfatizó que las autoridades deben prestar atención a las condiciones de las escuelas a pocos días del inicio de las clases y advirtió sobre situaciones específicas en varios centros.
Entre los ejemplos mencionados por el presidente de la ADP se encuentra el Liceo Miguel Coco, en Maimón, donde aseguró que la jornada escolar extendida fue suspendida debido al estado del recinto. También citó el Liceo José Francisco Peña Gómez, en Cristo Redentor, donde afirmó que seis salones no están en condiciones adecuadas y son utilizados como aulas temporales. El líder sindical también aseveró que más de una decena de instituciones educativas en Boca Chica enfrentarían obstáculos para comenzar el año escolar con normalidad y cuestionó la situación de las instalaciones físicas en distintas áreas del Gran Santo Domingo. “Las condiciones de la planta física están en un estado crítico”, afirmó Hidalgo, quien solicitó al Gobierno y al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, que acudan “inmediatamente en auxilio” de los centros con dificultades.
Uno de los principales puntos de fricción entre el sindicato y las autoridades educativas se relaciona con el número de estudiantes que aún no tienen asignado un lugar en una escuela. La ADP ha manejado una cifra de cientos de miles de alumnos sin cupo, aunque el Ministerio de Educación desestimó esa estimación. La viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Minerd, Ancell Scheker Mendoza, explicó inicialmente que alrededor de 9,000 estudiantes estaban pendientes de ubicación. Posteriormente, el Ministerio corrigió esa cifra y estableció que son aproximadamente 6,000 estudiantes a nivel nacional los que todavía necesitan ser asignados a un espacio escolar. La funcionaria aseguró que el Ministerio mantiene un proceso continuo para ubicar a esos estudiantes y que el compromiso de las autoridades es que ninguno quede fuera de las aulas. La diferencia no es trivial. Mientras la ADP describe una situación de mayor magnitud, el Minerd sostiene que el universo pendiente es significativamente menor y que dispone de mecanismos para resolver los casos antes o durante el inicio de la docencia.
Frente a la escasez de espacios en ciertas áreas, el Minerd ha recurrido a varias soluciones. Scheker Mendoza explicó que algunos estudiantes están siendo reubicados en escuelas cercanas que tienen capacidad disponible. También se consideran el alquiler de espacios, acuerdos con colegios privados para acoger estudiantes y la instalación de aulas prefabricadas en lugares donde la demanda excede la capacidad existente. El Ministerio también contempla modificar, cuando sea necesario, las rutas del Transporte Escolar (TRAE) para facilitar el traslado de estudiantes hacia planteles donde haya vacantes. La problemática, según Educación, no está distribuida de manera uniforme en el territorio nacional. Los mayores niveles de presión se concentran en zonas de crecimiento demográfico como Santo Domingo, el Gran Santo Domingo e Higüey. La explicación oficial apunta al desplazamiento de familias hacia lugares donde surgen nuevas oportunidades laborales, particularmente en áreas vinculadas al desarrollo hotelero y turístico.
Mientras la ADP cuestiona la situación de ciertos centros, el Minerd asegura que ha incrementado la capacidad del sistema. El Ministerio informó el 12 de agosto que ya había incorporado más de 1,200 salones de clase nuevos para el año escolar 2026-2027 y que su meta es alcanzar las 1,500 aulas en los próximos meses. Además, reportó trabajos de mantenimiento correctivo en 1,342 recintos educativos, lo que beneficia a unas 9,831 aulas. La Dirección de Infraestructura Escolar también informó que 94 planteles mantenían obras activas durante agosto, con la proyección de seguir añadiendo aulas a medida que concluyan los trabajos. Esto evidencia una de las principales tensiones del inicio del año escolar: el sistema está expandiendo su capacidad, pero al mismo tiempo existen centros que aún requieren reparaciones o adecuaciones para operar plenamente. El propio Ministerio ha planteado que, mientras terminan ciertas obras, continuará utilizando alternativas como la habilitación de espacios y el alquiler de locales en las zonas donde persista una mayor demanda.
La infraestructura y las vacantes no son los únicos puntos de conflicto. La ADP también demanda el pago de los incentivos y retroactivos provenientes de la Evaluación del Desempeño Docente (EDD). Hidalgo sostuvo que el proceso finalizó el 27 de junio y cuestionó que aún no se haya realizado el desembolso correspondiente. El Minerd, sin embargo, ha explicado que el pago debe seguir un protocolo acordado con la ADP y ANPROTED. Según el Ministerio, tras la publicación y notificación de los resultados se abrió un período de 15 días calendario para reclamaciones. Los casos sin objeciones pasan posteriormente a los trámites administrativos para procesar los incentivos, mientras que las reclamaciones deben ser revisadas en un plazo de hasta 45 días. La cartera educativa ha insistido en que el procedimiento busca garantizar transparencia, seguridad jurídica y debido proceso para los docentes evaluados.
En medio de las discusiones sobre las condiciones del sistema, el Minerd también anunció una medida orientada al acompañamiento de los estudiantes. El Ministerio instruyó reducir de 300 a 150 alumnos la proporción correspondiente a cada psicólogo u orientador escolar. Con este cambio, los centros con mayor matrícula podrán contar con varios profesionales para atender aspectos relacionados con la convivencia, dificultades de aprendizaje, orientación y proyectos de vida. La medida busca fortalecer una dimensión que ha cobrado mayor relevancia dentro del sistema educativo: el apoyo emocional y psicosocial de los estudiantes.
El panorama previo al inicio del año escolar muestra, por lo tanto, un sistema que presenta avances en la expansión de infraestructura y nuevas medidas de atención, pero que aún enfrenta desafíos señalados por el principal gremio docente. El Minerd sostiene que cuenta con más de 1,200 aulas nuevas, trabaja para alcanzar las 1,500 y lleva a cabo intervenciones de mantenimiento en miles de aulas. También asegura que los aproximadamente 6,000 estudiantes pendientes de cupo serán ubicados mediante reubicaciones, alquileres, acuerdos con colegios y aulas prefabricadas. La ADP, en cambio, reclama que las autoridades atiendan situaciones concretas de infraestructura, falta de personal y espacios insuficientes antes de que los estudiantes regresen a las aulas. El verdadero balance comenzará a verse a partir del 24 de agosto, cuando millones de estudiantes retornen a los centros educativos. Será entonces cuando las cifras de aulas disponibles, estudiantes ubicados y planteles intervenidos deberán traducirse en una realidad concreta: que las escuelas estén abiertas, funcionen en condiciones adecuadas y tengan capacidad para recibir a quienes tienen derecho a ocupar sus aulas.
